La espera por el inicio del juicio oral del caso “decretazo” se prolongará hasta el 11 de abril, luego de que el Juzgado Octavo de Sentencia de la capital cruceña suspendiera la audiencia debido a la ausencia del gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca.
Originalmente programada para este lunes, 11 de marzo, a las 13:30 en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de presencia física del gobernador Camacho, quien se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz. El traslado planeado desde esa ciudad hasta la capital cruceña no se realizó, siguiendo argumentos presentados por la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Transparencia.
El caso “decretazo” gira en torno a la emisión del Decreto 373 el 9 de marzo, mediante el cual Camacho delegó sus funciones a un secretario, evadiendo así la asignación temporal de responsabilidades al vicegobernador Mario Aguilera, según lo estipulado por el artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz.
La suspensión de la audiencia representa un nuevo capítulo en este proceso judicial que ha captado la atención nacional. Se espera que el 11 de abril, la presencia de Camacho en el tribunal permita el inicio del juicio oral y el esclarecimiento de los hechos relacionados con el “decretazo”.
En un momento crucial para el proceso judicial que enfrenta el Gobernador de Santa Cruz, su familia ha decidido acompañarlo en el salón de audiencias del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del Palacio de Justicia.
La presencia de la familia del Gobernador en la audiencia ha generado atención y expectativas sobre posibles declaraciones o comentarios sobre el caso en cuestión. Sin embargo, hasta el momento, han optado por no emitir declaraciones públicas, prefiriendo reservar sus opiniones y comentarios para después de la conclusión de la audiencia en curso.
Se espera que una vez concluida la audiencia, la familia del Gobernador pueda ofrecer comentarios sobre el desarrollo de los acontecimientos y expresar su posición en relación con el caso en discusión.
Mientras tanto, el ambiente en el salón de audiencia permanece tenso y expectante, con la mirada puesta en el desarrollo de los acontecimientos y en la esperanza de que se haga justicia en el caso del Gobernador de Santa Cruz preso ahora en Chonchocoro.
El equipo legal que representa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra bajo detención en Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, ha emitido una advertencia contundente. Martín Camacho, abogado del gobernador, señaló que el traslado de su defendido a la capital cruceña para la audiencia del juicio oral por el caso Decretazo debió haberse realizado el domingo.
“La orden judicial del 31 de enero del año indicaba que el gobernador debía ser trasladado el día de ayer, domingo 10 de marzo, para así evitar cualquier demora o dilación en el inicio del juicio, que está programado para este lunes a las 13.30”, declaró el abogado a Unitel.
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz había ordenado el traslado de Camacho a la cárcel de Palmasola para permitir su asistencia presencial en el juicio del caso Decretazo. Sin embargo, la orden no se cumplió, lo que llevó al abogado a apuntar al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, Marco Gonzales, donde actualmente cumple su detención.
“Ya pasó el día de traslado y la orden se ha incumplido. Vamos a notificar para así el Tribunal pida los informes correspondientes y después nosotros sigamos las acciones que corresponden; sea por la vía administrativa o la penal”, advirtió el abogado.
A pesar del contratiempo, se espera que el traslado se lleve a cabo este lunes, horas antes del inicio del juicio. Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, señaló que Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justicia no resuelva el incidente presentado el viernes. Según Siles, la institución no fue notificada para ser parte del inicio del juicio oral contra el gobernador.
En el caso por el cual se le juzga, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a la aprobación de un decreto departamental antes de su viaje a Brasil en marzo del año pasado. Este decreto, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debía ser firmado por el vicegobernador, Mario Aguilera, quien no fue notificado para el reemplazo y alegó que el decreto fue “bajado” después de la Gaceta Departamental.
El caso ha generado controversia y tensiones políticas en la región, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) considerando ilegal el procedimiento y la Gobernación de Santa Cruz admitiendo un error en el retiro del decreto y anunciando una investigación al respecto. Mientras tanto, Luis Fernando Camacho permanece bajo detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrentando acusaciones en dos casos judiciales de gran relevancia para el país.
El Procurador General del Estado, César Siles, ha emitido una respuesta contundente al Senado tras una conminatoria para que la Procuraduría asuma una posición respecto a la situación de los magistrados prorrogados en Bolivia. En su comunicado, Siles defendió la legalidad de la prórroga de los magistrados y cuestionó la competencia del Senado para presionar a la institución.
Siles expresó su sorpresa ante la resolución del Senado y destacó que la Cámara Alta no tiene la competencia para realizar conminatorias a la Procuraduría. Asimismo, señaló que cualquier requerimiento debería haberse realizado a través de los mecanismos adecuados de fiscalización, respetando el orden constitucional.
En el corazón del argumento del Procurador se encuentra la validez de la Resolución Constitucional 049, que respalda la permanencia de los magistrados en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales en el país. Según Siles, esta resolución constitucional sigue en vigencia y, mientras no sea modificada por una nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prórroga de los magistrados es completamente legal.
Además de abordar la cuestión de los magistrados prorrogados, el Procurador destacó la estrategia de defensa preventiva del Estado, que ha logrado reducir significativamente los costos relacionados con litigios. Siles enfatizó que la mejor defensa es evitar llegar al litigio, y señaló que actualmente se están negociando acuerdos en ocho de los doce casos en los que el Estado está involucrado.
Un ejemplo destacado es el caso de Copasa, una empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ha presentado un arbitraje para reclamar pagos. La Procuraduría está trabajando en encontrar soluciones negociadas para evitar llegar a un proceso legal, lo que podría resultar en un ahorro significativo para el Estado.
En resumen, la respuesta del Procurador a la conminatoria del Senado no solo respalda la legalidad de la prórroga de los magistrados, sino que también destaca la eficacia de la estrategia de defensa preventiva del Estado para evitar costosos litigios.
El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció la celebración del 31 aniversario de su partido político en el estadio de Yapacaní el próximo 30 de marzo. Sin embargo, este anuncio llega en medio de un clima de tensión marcado por los ataques y calumnias en su contra, que él mismo ha denunciado como crímenes de odio.
Durante una declaración, Morales destacó que los ataques dirigidos hacia su persona van más allá de simples desacuerdos políticos, calificándolos como manifestaciones de odio, racismo y discriminación. “Yo estoy viendo que los ataques son crímenes de odio, racismo, discriminación, crímenes de odio”, expresó el líder político.
Morales citó ejemplos de las injurias y descalificaciones que ha enfrentado, desde comparaciones con animales hasta declaraciones despectivas por parte de figuras públicas. Estos ataques, según Morales, reflejan una forma de “recolonización” impulsada por el actual gobierno nacional.
Ante esta situación, el exmandatario anunció su intención de emprender acciones legales contra aquellos responsables de difamarlo y atacarlo con base en prejuicios y odio. Morales manifestó su deseo de contar con la asesoría de un abogado para presentar una demanda por lo que considera crímenes de odio.
La celebración del aniversario del MAS en Yapacaní se presenta como un evento importante para el partido político, pero también como una oportunidad para Morales y sus seguidores de reafirmar su compromiso con la lucha contra la discriminación y el racismo, así como para rechazar cualquier forma de odio que busque socavar su movimiento político.
El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para enfrentar su juicio por el caso Decretazo sigue sumido en un mar de incertidumbre. El director del penal, Marco Gonzales, ha comunicado que por razones de seguridad y para salvaguardar la integridad física tanto del gobernador como del personal policial designado como escolta, no se puede proporcionar información sobre la fecha, hora y medios de transporte para cumplir con la orden judicial.
El tribunal competente ha ordenado expresamente el traslado de Camacho a Santa Cruz, desestimando la posibilidad de llevar a cabo el juicio de manera virtual, a pesar de las sugerencias en contrario del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Este último teme que el traslado provoque manifestaciones similares a las ocurridas tras la aprehensión del gobernador el 28 de diciembre de 2022.
En un giro inesperado, se reveló que los internos de la penitenciaría cruceña de Chonchocoro han rechazado la llegada de Camacho. Sin embargo, el abogado del gobernador, Martín Camacho, ha expresado su confianza en que su cliente cumplirá con la orden judicial y se presentará en Santa Cruz para enfrentar las acusaciones relacionadas con el caso Decretazo.
Este caso gira en torno a la controvertida decisión de Camacho de delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, durante su viaje a Brasil en marzo de 2022, para asistir a un encuentro de gobernadores. Para ello, emitió el Decreto Departamental 373. Sin embargo, según el Estatuto Autonómico cruceño, en ausencia del gobernador debería haber asumido el vicegobernador, Mario Aguilera, quien alega no haber sido notificado del reemplazo y que el decreto fue publicado de manera irregular.
El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra Camacho por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, solicitando una sentencia de seis años de cárcel. Además, el gobernador se encuentra actualmente en detención preventiva en La Paz por su presunta participación en el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
A tan solo dos días del cierre de inscripciones para las elecciones judiciales del 2024, tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han optado por postularse para ocupar cargos en otros tribunales. Entre ellos se encuentran Ricardo Torres, quien anteriormente ocupó la presidencia del TSJ, y Olvis Égüez, ambos aspirando a formar parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que Juan Carlos Berrios busca un puesto en el Consejo de la Magistratura.
Torres, en su función como presidente del TSJ, ha presentado una consulta ante el TCP sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de Elecciones Judiciales 2023, el cual extendió el mandato de los actuales magistrados hasta que se elijan a sus sucesores por voto popular.
Égüez, por otro lado, preside la Sala Penal y el Tribunal de Juicio del caso Petrocontratos, cuyo proceso ha sido suspendido a la espera de una consulta al TCP.
Berrios, quien preside la Sala Civil, junto a su colega Marco Ernesto Jaimes, ahora presidente del TSJ, lograron mantener al día las causas del tribunal mediante sorteos públicos durante su gestión de seis años.
La lista de postulantes incluye también a vocales ordinarios y constitucionales. Destacan Marco Antonio Justiniano Mejía y Jesús Martín Subirana Martínez, vocales constitucionales del Beni, quienes inicialmente paralizaron las elecciones judiciales al admitir una acción de amparo de un postulante a magistrado. También figura Charles Mejía Cardozo, vocal de Beni, quien cuestionó a Gonzalo Hurtado por ejercer dos periodos de seis años, primero en el TSJ y luego en el TCP, acusándolo de formar parte de una presunta “estructura de megacorrupción”.
Entre los aspirantes se encuentra Zenón Bacarreza, ex magistrado y expresidente del TCP, conocido por su fallo en el caso de la habilitación de Evo Morales a la reelección indefinida en 2017, quien busca regresar al Consejo de la Magistratura.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dirigido una dura advertencia a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynne Tracy, exigiendo el cese inmediato de toda asistencia a tres organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses reconocidas como “indeseables” en Rusia.
La embajadora Tracy fue convocada al Ministerio de Asuntos Exteriores el 7 de marzo, donde se le comunicó que las organizaciones Consejos Americanos para la Educación Internacional, Perspectivas Culturales e Instituto de Educación Internacional estaban llevando a cabo programas y proyectos antirrusos en territorio ruso, supuestamente respaldados por la Embajada de EE.UU.
Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, estas organizaciones operan bajo la fachada de intercambios educativos y culturales, pero en realidad tienen como objetivo reclutar “agentes de influencia” en Rusia.
Continuar proporcionando cualquier tipo de asistencia a estas actividades será considerado una violación de la ley rusa, advirtió la Cancillería. Se exigió además la eliminación de cualquier mención de estos proyectos y programas educativos en el sitio web oficial de la embajada y en sus redes sociales, en un intento de promover valores y actitudes que son ajenos a la sociedad rusa.
El comunicado ministerial también subrayó que cualquier intento de interferir en los asuntos internos de la Federación de Rusia, incluyendo acciones subversivas y la difusión de desinformación durante las elecciones y operaciones militares especiales, será reprimido con firmeza y decisión. Se advirtió que aquellos empleados de la Embajada de EE.UU. que estén implicados en tales actividades podrían ser declarados “personas non gratas” y expulsados del país.
Esta advertencia refleja las tensiones persistentes entre Rusia y Estados Unidos, y destaca la importancia que ambas partes atribuyen a la seguridad y la estabilidad en la región. La respuesta de la embajadora Tracy a esta advertencia podría tener un impacto significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países.
El gobierno chino ha lanzado una advertencia contundente a aquellos que apoyen la independencia de Taiwán, reafirmando su posición sobre la soberanía territorial. En una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dejó claro que cualquier manifestación de apoyo a la independencia de Taiwán se considerará como un desafío directo a la integridad territorial de China.
Wang Yi señaló que las recientes elecciones regionales en Taiwán no alterarán el hecho de que Taiwán es parte de China. Además, destacó que más de 180 países y organizaciones internacionales han reafirmado su apoyo al principio de una sola China y respaldado los esfuerzos de China para salvaguardar su soberanía nacional y territorial.
El ministro de Asuntos Exteriores advirtió que cualquier país que mantenga relaciones oficiales con Taiwán estaría interfiriendo en los asuntos internos de China. Además, enfatizó que el comportamiento separatista que promueve la independencia de Taiwán es visto como el factor más destructivo para la paz y la estabilidad en la región del estrecho de Taiwán.
Wang Yi dejó claro que la política de China es trabajar sinceramente hacia una reunificación pacífica con Taiwán y que nunca se permitirá que Taiwán se separe de la patria. Asimismo, advirtió que aquellos en la isla que busquen la independencia de Taiwán “serán liquidados por la historia”, mientras que cualquier apoyo internacional a esta causa “seguramente sufrirá las consecuencias”.
La declaración del ministro chino subraya la firme postura de China respecto a Taiwán y sirve como advertencia a la comunidad internacional sobre las implicaciones de apoyar la independencia de la isla. La cuestión de Taiwán sigue siendo uno de los puntos más sensibles en las relaciones internacionales, con el potencial de desencadenar tensiones significativas en la región asiática.
El pasado 5 de marzo, Estados Unidos celebró el supermartes, una jornada crucial en las primarias para seleccionar a los candidatos presidenciales. Este evento, que involucra a 16 estados y un territorio, desempeña un papel fundamental en la determinación de los candidatos demócratas y republicanos.
Tanto el actual presidente, Joe Biden, como su predecesor, Donald Trump, obtuvieron importantes victorias en el supermartes, consolidando aún más la perspectiva de una revancha electoral en otoño. Sin embargo, ambos enfrentan desafíos y advertencias que podrían influir en los resultados finales.
Por un lado, Donald Trump logró una serie de victorias abrumadoras en las primarias republicanas, a excepción de Vermont, donde perdió frente a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. A pesar de su éxito, encuestas recientes sugieren que una parte significativa de los votantes republicanos tienen dudas sobre la idoneidad de Trump para la presidencia en caso de ser declarado culpable de algún delito.
Por otro lado, Joe Biden dominó la contienda demócrata, obteniendo una abrumadora cantidad de votos y consolidando su apoyo dentro del partido. Sin embargo, Trump está ganando terreno entre los votantes hispanos y no blancos, particularmente en la clase trabajadora, lo que podría representar un desafío para Biden en las elecciones generales.
A pesar de su éxito, Trump enfrenta obstáculos en los suburbios, donde Haley ha mostrado un fuerte apoyo. Por otro lado, algunos movimientos políticos de Biden, como su postura en el conflicto Israel-Gaza, podrían afectar su apoyo en ciertos estados.
En resumen, el supermartes acercó a Trump y Biden a una probable revancha electoral en otoño, pero ambos enfrentan desafíos que podrían influir en los resultados finales. La decisión final recaerá en el electorado estadounidense, cuyas preferencias y preocupaciones determinarán el resultado de las elecciones presidenciales.
Por el equipo de redacción de InterBolivia Noticias.
