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Suspenden declaración de Carlos Romero luego de que investigada se desmayara en plena audiencia

Carlos Romero Bonifaz, exministro de Gobierno durante la gestión de Evo Morales, se presentó el jueves por la mañana ante el Tribunal Primero de Sentencia en Santa Cruz para prestar declaración en calidad de testigo en un caso vinculado a Jacob Ostreicher. Sin embargo, la audiencia tomó un giro inesperado cuando Claudia Liliana Rodríguez Espitia, investigada por legitimación de ganancias ilícitas, se desmayó en plena sesión, lo que llevó al juez a suspender la declaración y fijar una nueva fecha para el viernes 26 de abril.

El proceso de declaración se desarrollaba normalmente hasta que Rodríguez comenzó a sentirse mal, lo que provocó su desmayo repentino. Ante esta situación, el juez decidió posponer la audiencia para garantizar las condiciones adecuadas para continuar con el proceso.

Al salir del Palacio de Justicia, Romero denunció que su citación respondía a una “persecución política”, destacando su pasado como parte del gobierno de Evo Morales y su actual posición crítica hacia la administración de Luis Arce. Sin embargo, desde el Gobierno se ha negado que exista una persecución política en su contra, explicando que el proceso está relacionado con una denuncia presentada por él mismo en su momento.

El caso Ostreicher se remonta a 2012, cuando se descubrió una red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que habría extorsionado al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico. En este contexto, Claudia Liliana Rodríguez, ciudadana colombiana, enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas en relación con este caso.

La suspensión de la declaración de Romero y el incidente en la audiencia resaltan la complejidad y sensibilidad del caso Ostreicher, que continúa generando controversia y debate en Bolivia. La audiencia reprogramada ofrece una oportunidad para que el proceso avance y se esclarezcan los hechos en torno a esta investigación en curso.

Caso litio: Fallecimiento de exgerente causa conmoción y polémica

La noticia del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro Bravo, exgerente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y uno de los imputados en el caso de las piscinas de evaporación, ha sacudido al país y ha desencadenado una serie de acusaciones por parte del “evismo”, que responsabiliza al gobierno de Luis Arce de persecución política.

 

Hasta el momento, las causas exactas de su muerte son desconocidas, lo que ha generado especulaciones y debates sobre las circunstancias que rodean este trágico suceso.

Montenegro, quien fuera uno de los principales impulsores del proyecto de industrialización del litio en Bolivia, se encontraba bajo investigación penal por presunto daño económico al Estado relacionado con las piscinas de evaporación en el salar de Uyuni. En una carta previa, denunció que este proceso judicial buscaba ocultar el “rotundo fracaso” de la estrategia del gobierno de Luis Arce en torno a la extracción directa de litio.

La exministra Teresa Morales lamentó profundamente el fallecimiento de Montenegro y resaltó su trayectoria profesional, mientras que Evo Morales arremetió contra el Gobierno, acusándolo de detener a su exministro Luis Alberto Echazú para encubrir el supuesto fracaso en el manejo del litio.

Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, rechazó las acusaciones de persecución política y enfatizó que existen indicios de presunta autoría en tres delitos relacionados con el caso.

En medio de esta controversia, la Policía procedió a la detención de Cristian B.A. A., otro implicado en el caso de las piscinas de evaporación. Con esta detención, se suman cuatro personas arrestadas en el marco de las investigaciones, que apuntan a presuntas irregularidades en el diseño y construcción de estas instalaciones, causantes de un daño económico millonario para el Estado.

El fallecimiento de Montenegro y las repercusiones políticas que ha generado continúan siendo motivo de debate en Bolivia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de este suceso y avanzar en las investigaciones sobre el caso litio, que sigue siendo un tema sensible y controversial en el país.

Fallece Juan Carlos Montenegro, Exgerente de YLB, Investigado en el Caso Piscinas de Litio

El mundo de la industria del litio está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro, quien fuera el primer gerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y uno de los principales investigados en el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.


Montenegro, quien ocupó el cargo de gerente ejecutivo de YLB desde julio de 2017 hasta noviembre de 2019, dejó este mundo en circunstancias aún por esclarecer. Su partida deja tras de sí un legado marcado por el compromiso con el desarrollo del sector del litio en Bolivia.

En una carta pública antes de su fallecimiento, Montenegro expresó su firme convicción de no someterse a lo que él calificó como una “justicia amañada”. En sus palabras, denunció los intentos del gobierno por dañar su intachable trayectoria académica y profesional.

“Este tipo de atropellos no pueden manchar mi reputación. No me prestaré a ser vejado por una justicia manipulada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, afirmó Montenegro en su carta.

El exgerente también hizo hincapié en la situación de otros implicados en el proyecto del litio en Bolivia, quienes, según él, también están siendo víctimas de injusticias.

La denuncia formal presentada por la actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, la semana pasada ante el Ministerio Público, arrojó luz sobre presuntos delitos cometidos por exfuncionarios de la empresa estatal, incluido Montenegro. Se les acusa de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y otros cargos relacionados con las fallas en las piscinas industriales de evaporación, con un daño económico estimado en más de Bs 425 millones.

El informe de auditoría interna identificó a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa contratista como responsables de irregularidades en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, durante el período comprendido entre 2013 y 2017.

La partida de Juan Carlos Montenegro deja una sombra de incertidumbre sobre el futuro del litio en Bolivia y plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos judiciales en el país. Su legado será recordado en medio de un complejo entramado de acusaciones y desafíos para la industria del litio boliviana.

Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

En un nuevo desarrollo relacionado con el caso de presunta corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí, la Justicia boliviana ha determinado este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú. La medida cautelar se produce en el contexto de las acusaciones por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La decisión del juez Iván Córdova responde al estado de salud del investigado, quien deberá cumplir con una fianza de Bs 30.000. Además, se le ha impuesto la prohibición de constituirse en el lugar de los hechos y el arraigo correspondiente.

El exministro fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, desencadenando un proceso judicial que ha captado la atención nacional.

La denuncia presentada por la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado acusa a Echazú y otros exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, valuados en más de Bs 425 millones.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

La defensa legal de Echazú, representada por Vladimir Ochoa, ha denunciado que la aprehensión de la exautoridad fue realizada de manera arbitraria, sin una notificación adecuada y dejando en estado de indefensión a un adulto mayor de 74 años con tres enfermedades de base, incluida la diabetes.

Este nuevo capítulo en el caso del litio en Bolivia continúa generando interés y debate en el país, mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades y la búsqueda de responsabilidades.

El artículo continuará siendo actualizado conforme se disponga de más información sobre el caso.

Imputan al ingeniero Edgar Villegas por presunta instigación a delinquir en el caso del fraude electoral de 2019

La Fiscalía boliviana ha presentado una imputación formal contra el ingeniero Edgar Villegas, conocido por su rol en la detección de presuntas irregularidades en las elecciones nacionales de 2019, por el supuesto delito de instigación a delinquir. Este movimiento legal surge a raíz de una denuncia realizada por el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, quien acusa a Villegas de haber contribuido a desencadenar una serie de eventos que incluyeron disturbios civiles y daños a la propiedad estatal con sus afirmaciones sobre el fraude electoral.

La imputación ha generado diversas reacciones en la esfera política boliviana. Por un lado, Renán Cabezas ha anunciado su intención de solicitar la prisión preventiva para Villegas, argumentando el riesgo de fuga. Sin embargo, otras figuras políticas, como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, han expresado su respaldo al ingeniero.

Camacho, a través de sus redes sociales, destacó la valentía de Villegas al utilizar sus conocimientos informáticos para exponer el fraude electoral en 2019, considerándolo un acto en defensa de la democracia boliviana. Además, denunció lo que él califica como una “persecución injusta” por parte del gobierno de Luis Arce.

Por su parte, José Ormachea elogió la labor de Villegas como un servicio a la patria y a la democracia, destacando su coraje al presentar las irregularidades detectadas durante el proceso electoral. Ormachea advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de perseguir políticamente a Villegas, incluida la afectación del ingreso de Bolivia al Mercosur, debido a las cláusulas democráticas del bloque regional.

El caso del ingeniero Edgar Villegas pone de manifiesto las tensiones políticas y las disputas legales que continúan surgiendo en Bolivia en relación con el controvertido proceso electoral de 2019, que resultó en la renuncia del expresidente Evo Morales y desencadenó una serie de acontecimientos que siguen resonando en la política boliviana hasta el día de hoy.

¡Histórica Decisión en el Senado: Rechazo a la Prórroga de Mandato de Magistrados!

En una sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Senadores ha tomado una decisión trascendental: se desconoce la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial. Además, se instruye a la Dirección Jurídica de esa instancia camaral formalizar una acción de cumplimiento contra la Presidente de la Asamblea para que se trate los proyectos sobre la antiprórroga.

“El Pleno del Senado aprueba la resolución camaral que resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y de consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura”, señala un comunicado de la Cámara Alta.

William Torrez, subjefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, informó que en sesión ordinaria se aprobaron dos resoluciones camarales, una que encomienda la Dirección General de Asuntos Legales a formalizar una acción de cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Esto en razón que al haberse cumplido el plazo de 30 días para la revisión de los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y 075 de la antiprórroga en la Cámara de Diputados y al no ser resueltas, éstas deben remitirse al pleno de la Asamblea.

En diciembre de 2023, el TCP dispuso la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y TCP, en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, “hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Esta decisión se debió al retraso de las elecciones judiciales, que en principio estaban programadas en 2023, pero el TCP declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas en el Legislativo.

Procurador respalda legalidad de magistrados prorrogados en respuesta al Senado

El Procurador General del Estado, César Siles, ha emitido una respuesta contundente al Senado tras una conminatoria para que la Procuraduría asuma una posición respecto a la situación de los magistrados prorrogados en Bolivia. En su comunicado, Siles defendió la legalidad de la prórroga de los magistrados y cuestionó la competencia del Senado para presionar a la institución.

Siles expresó su sorpresa ante la resolución del Senado y destacó que la Cámara Alta no tiene la competencia para realizar conminatorias a la Procuraduría. Asimismo, señaló que cualquier requerimiento debería haberse realizado a través de los mecanismos adecuados de fiscalización, respetando el orden constitucional.

En el corazón del argumento del Procurador se encuentra la validez de la Resolución Constitucional 049, que respalda la permanencia de los magistrados en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales en el país. Según Siles, esta resolución constitucional sigue en vigencia y, mientras no sea modificada por una nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prórroga de los magistrados es completamente legal.

Además de abordar la cuestión de los magistrados prorrogados, el Procurador destacó la estrategia de defensa preventiva del Estado, que ha logrado reducir significativamente los costos relacionados con litigios. Siles enfatizó que la mejor defensa es evitar llegar al litigio, y señaló que actualmente se están negociando acuerdos en ocho de los doce casos en los que el Estado está involucrado.

Un ejemplo destacado es el caso de Copasa, una empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ha presentado un arbitraje para reclamar pagos. La Procuraduría está trabajando en encontrar soluciones negociadas para evitar llegar a un proceso legal, lo que podría resultar en un ahorro significativo para el Estado.

En resumen, la respuesta del Procurador a la conminatoria del Senado no solo respalda la legalidad de la prórroga de los magistrados, sino que también destaca la eficacia de la estrategia de defensa preventiva del Estado para evitar costosos litigios.