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Suspenden declaración de Carlos Romero luego de que investigada se desmayara en plena audiencia

Carlos Romero Bonifaz, exministro de Gobierno durante la gestión de Evo Morales, se presentó el jueves por la mañana ante el Tribunal Primero de Sentencia en Santa Cruz para prestar declaración en calidad de testigo en un caso vinculado a Jacob Ostreicher. Sin embargo, la audiencia tomó un giro inesperado cuando Claudia Liliana Rodríguez Espitia, investigada por legitimación de ganancias ilícitas, se desmayó en plena sesión, lo que llevó al juez a suspender la declaración y fijar una nueva fecha para el viernes 26 de abril.

El proceso de declaración se desarrollaba normalmente hasta que Rodríguez comenzó a sentirse mal, lo que provocó su desmayo repentino. Ante esta situación, el juez decidió posponer la audiencia para garantizar las condiciones adecuadas para continuar con el proceso.

Al salir del Palacio de Justicia, Romero denunció que su citación respondía a una “persecución política”, destacando su pasado como parte del gobierno de Evo Morales y su actual posición crítica hacia la administración de Luis Arce. Sin embargo, desde el Gobierno se ha negado que exista una persecución política en su contra, explicando que el proceso está relacionado con una denuncia presentada por él mismo en su momento.

El caso Ostreicher se remonta a 2012, cuando se descubrió una red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que habría extorsionado al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico. En este contexto, Claudia Liliana Rodríguez, ciudadana colombiana, enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas en relación con este caso.

La suspensión de la declaración de Romero y el incidente en la audiencia resaltan la complejidad y sensibilidad del caso Ostreicher, que continúa generando controversia y debate en Bolivia. La audiencia reprogramada ofrece una oportunidad para que el proceso avance y se esclarezcan los hechos en torno a esta investigación en curso.

Caso litio: Fallecimiento de exgerente causa conmoción y polémica

La noticia del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro Bravo, exgerente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y uno de los imputados en el caso de las piscinas de evaporación, ha sacudido al país y ha desencadenado una serie de acusaciones por parte del “evismo”, que responsabiliza al gobierno de Luis Arce de persecución política.

 

Hasta el momento, las causas exactas de su muerte son desconocidas, lo que ha generado especulaciones y debates sobre las circunstancias que rodean este trágico suceso.

Montenegro, quien fuera uno de los principales impulsores del proyecto de industrialización del litio en Bolivia, se encontraba bajo investigación penal por presunto daño económico al Estado relacionado con las piscinas de evaporación en el salar de Uyuni. En una carta previa, denunció que este proceso judicial buscaba ocultar el “rotundo fracaso” de la estrategia del gobierno de Luis Arce en torno a la extracción directa de litio.

La exministra Teresa Morales lamentó profundamente el fallecimiento de Montenegro y resaltó su trayectoria profesional, mientras que Evo Morales arremetió contra el Gobierno, acusándolo de detener a su exministro Luis Alberto Echazú para encubrir el supuesto fracaso en el manejo del litio.

Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, rechazó las acusaciones de persecución política y enfatizó que existen indicios de presunta autoría en tres delitos relacionados con el caso.

En medio de esta controversia, la Policía procedió a la detención de Cristian B.A. A., otro implicado en el caso de las piscinas de evaporación. Con esta detención, se suman cuatro personas arrestadas en el marco de las investigaciones, que apuntan a presuntas irregularidades en el diseño y construcción de estas instalaciones, causantes de un daño económico millonario para el Estado.

El fallecimiento de Montenegro y las repercusiones políticas que ha generado continúan siendo motivo de debate en Bolivia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de este suceso y avanzar en las investigaciones sobre el caso litio, que sigue siendo un tema sensible y controversial en el país.

Fallece Juan Carlos Montenegro, Exgerente de YLB, Investigado en el Caso Piscinas de Litio

El mundo de la industria del litio está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro, quien fuera el primer gerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y uno de los principales investigados en el caso de las fallas en las piscinas de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.


Montenegro, quien ocupó el cargo de gerente ejecutivo de YLB desde julio de 2017 hasta noviembre de 2019, dejó este mundo en circunstancias aún por esclarecer. Su partida deja tras de sí un legado marcado por el compromiso con el desarrollo del sector del litio en Bolivia.

En una carta pública antes de su fallecimiento, Montenegro expresó su firme convicción de no someterse a lo que él calificó como una “justicia amañada”. En sus palabras, denunció los intentos del gobierno por dañar su intachable trayectoria académica y profesional.

“Este tipo de atropellos no pueden manchar mi reputación. No me prestaré a ser vejado por una justicia manipulada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, afirmó Montenegro en su carta.

El exgerente también hizo hincapié en la situación de otros implicados en el proyecto del litio en Bolivia, quienes, según él, también están siendo víctimas de injusticias.

La denuncia formal presentada por la actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, la semana pasada ante el Ministerio Público, arrojó luz sobre presuntos delitos cometidos por exfuncionarios de la empresa estatal, incluido Montenegro. Se les acusa de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y otros cargos relacionados con las fallas en las piscinas industriales de evaporación, con un daño económico estimado en más de Bs 425 millones.

El informe de auditoría interna identificó a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa contratista como responsables de irregularidades en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, durante el período comprendido entre 2013 y 2017.

La partida de Juan Carlos Montenegro deja una sombra de incertidumbre sobre el futuro del litio en Bolivia y plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos judiciales en el país. Su legado será recordado en medio de un complejo entramado de acusaciones y desafíos para la industria del litio boliviana.

Justicia dicta detención domiciliaria para exministro Luis Alberto Echazú

En un nuevo desarrollo relacionado con el caso de presunta corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí, la Justicia boliviana ha determinado este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú. La medida cautelar se produce en el contexto de las acusaciones por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La decisión del juez Iván Córdova responde al estado de salud del investigado, quien deberá cumplir con una fianza de Bs 30.000. Además, se le ha impuesto la prohibición de constituirse en el lugar de los hechos y el arraigo correspondiente.

El exministro fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, desencadenando un proceso judicial que ha captado la atención nacional.

La denuncia presentada por la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado acusa a Echazú y otros exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, valuados en más de Bs 425 millones.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

La defensa legal de Echazú, representada por Vladimir Ochoa, ha denunciado que la aprehensión de la exautoridad fue realizada de manera arbitraria, sin una notificación adecuada y dejando en estado de indefensión a un adulto mayor de 74 años con tres enfermedades de base, incluida la diabetes.

Este nuevo capítulo en el caso del litio en Bolivia continúa generando interés y debate en el país, mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades y la búsqueda de responsabilidades.

El artículo continuará siendo actualizado conforme se disponga de más información sobre el caso.

Aprehenden a exministro de Minería y gerente de Recursos Evaporíticos Alberto Echazú por presuntas irregularidades en proyecto de litio

La mañana de este lunes, Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, fue aprehendido en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en la implementación de un proyecto de litio en el salar de Uyuni. La orden de aprehensión, emitida por el Ministerio Público, ha generado controversia y acusaciones de abuso.

La detención de Echazú, un hombre de 74 años, ha causado revuelo en Bolivia, especialmente entre sus partidarios y colegas políticos. Según declaraciones de su hermano, Jorge Echazú, la aprehensión se relaciona con el tema del litio, pero hasta el momento no se han especificado los cargos exactos en su contra.

El caso se suma a una serie de denuncias presentadas por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado contra exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones. Estas denuncias, que incluyen acusaciones de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, han generado una intensa polémica en el país.

La defensa legal de Echazú ha denunciado que la aprehensión fue arbitraria, ya que no se le notificó debidamente, y ha resaltado su estado de salud, que incluye tres enfermedades de base, entre ellas la diabetes. Además, Teresa Morales, exministra en la gestión de Evo Morales, ha calificado la acción como ilegal debido a la falta de citación previa.

La detención de Echazú ha reavivado el debate sobre la justicia y la política en Bolivia, con opiniones encontradas sobre la legalidad y la legitimidad de las acciones tomadas por las autoridades. Mientras tanto, el futuro del caso y las implicaciones para la estabilidad política del país permanecen inciertos.

Carlos Romero no se presenta a declarar por el caso Ostreicher, asegura que está con Covid-19

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, generó controversia al no presentarse a declarar como testigo de descargo en el caso Ostreicher, alegando que está enfermo de Covid-19. La audiencia, que estaba programada para este jueves, fue reprogramada para el próximo 25 de abril.

Romero, citado a las 8:45 horas, presentó un certificado médico que indicaba su condición de salud, lo que dejó sin efecto el mandamiento de apremio emitido previamente por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz. Este mandato se había emitido luego de su ausencia en una audiencia anterior, fijada para el 11 de abril.

Aunque la defensa de Romero había presentado un memorial justificando su ausencia anterior, el tribunal lo consideró insuficiente. Sin embargo, esta vez, el certificado médico cambió la situación.

El caso Ostreicher gira en torno al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, quien acusa a una red de extorsión de haberlo despojado de sus inversiones en Bolivia. Romero fue propuesto como testigo de descargo por otra imputada en el caso, la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia.

El caso Ostreicher ha sido un tema de interés debido a la situación del empresario estadounidense, quien llegó a Bolivia con la intención de invertir en el sector agrícola, pero se vio envuelto en un proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas. Encarcelado en Palmasola, Ostreicher perdió sus inversiones y su propiedad debido a la presunta red de extorsión que operaba en los estratos judiciales del país.

Desmienten a Camacho: Informe de la CIDH pide investigar vulneraciones

El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió de manera enfática a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Contrario a lo afirmado por Camacho, Lima destacó que el informe no reconoce la existencia de presos políticos en Bolivia, sino que insta a investigar las graves violaciones de derechos humanos, en un comunicado que clarifica la situación.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Lima citó dos puntos específicos del informe de la CIDH para desmentir las afirmaciones de Camacho. En primer lugar, resaltó que la CIDH hace hincapié en la necesidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos, que tienen un carácter irrenunciable. Esta medida, lejos de reconocer la existencia de presos políticos, apunta a esclarecer y sancionar cualquier irregularidad que atente contra los derechos fundamentales de las personas.

Además, Lima señaló que el informe de la CIDH no tiene como objetivo determinar responsabilidades individuales o estatales respecto a casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos. Esto refuta la interpretación de Camacho, quien calificó el informe como “lapidario” para el Gobierno y aseguró que reconocía la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia.

La aclaración del ministro de Justicia surge en respuesta a las declaraciones del gobernador Camacho, quien interpretó de manera errónea el informe de la CIDH y lo utilizó para atacar al Gobierno. Camacho afirmó que el informe recomendaba un mecanismo internacional independiente para garantizar que el gobierno del MAS no continuara manipulando los fallos judiciales ni persiguiendo y deteniendo a opositores por motivos políticos.

Ante estas afirmaciones, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también salió al frente para desmentir las declaraciones de Camacho, calificándolas de “falsas”. Alcón enfatizó que el informe de la CIDH no hace referencia alguna a la persecución política, judicial o a la existencia de presos políticos en Bolivia.

El informe presentado por la CIDH el pasado jueves incluye 15 conclusiones y 32 recomendaciones, basadas en una profunda evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia desde 2006. La aclaración del ministro Lima busca despejar cualquier malentendido sobre el contenido y las conclusiones de dicho informe, reafirmando el compromiso del Gobierno boliviano con el respeto a los derechos fundamentales y la justicia.