En un evento que ha captado la atención nacional, el señor Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del exministro Arturo Murillo, fue deportado desde Estados Unidos en horas de la madrugada y puesto bajo custodia de las autoridades bolivianas. Méndez Mendizábal, quien llegó al Aeropuerto Internacional Viru Viru el 03/04/2024 a las 05:50 am, enfrenta acusaciones de Lavado de Dinero en suelo estadounidense.
Minutos después de su llegada al país, fue aprehendido por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, y ahora se encuentra ante la justicia boliviana para responder por sus acciones. Su presencia en la estructura delictiva liderada por Arturo Murillo durante la gestión de Jeanine Añez lo ha colocado en el centro de una investigación en curso tanto en Bolivia como en Estados Unidos.
Este acontecimiento resalta la estrecha relación entre Méndez Mendizábal y la gestión pasada, así como la gravedad de los delitos que se le imputan. Su detención en territorio boliviano añade otro capítulo a la saga legal que involucra a figuras prominentes del gobierno anterior, incluido Murillo, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos por varios cargos relacionados con corrupción y abuso de poder.
La Fiscalía boliviana ha presentado una imputación formal contra el ingeniero Edgar Villegas, conocido por su rol en la detección de presuntas irregularidades en las elecciones nacionales de 2019, por el supuesto delito de instigación a delinquir. Este movimiento legal surge a raíz de una denuncia realizada por el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, quien acusa a Villegas de haber contribuido a desencadenar una serie de eventos que incluyeron disturbios civiles y daños a la propiedad estatal con sus afirmaciones sobre el fraude electoral.
La imputación ha generado diversas reacciones en la esfera política boliviana. Por un lado, Renán Cabezas ha anunciado su intención de solicitar la prisión preventiva para Villegas, argumentando el riesgo de fuga. Sin embargo, otras figuras políticas, como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, han expresado su respaldo al ingeniero.
Camacho, a través de sus redes sociales, destacó la valentía de Villegas al utilizar sus conocimientos informáticos para exponer el fraude electoral en 2019, considerándolo un acto en defensa de la democracia boliviana. Además, denunció lo que él califica como una “persecución injusta” por parte del gobierno de Luis Arce.
Por su parte, José Ormachea elogió la labor de Villegas como un servicio a la patria y a la democracia, destacando su coraje al presentar las irregularidades detectadas durante el proceso electoral. Ormachea advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de perseguir políticamente a Villegas, incluida la afectación del ingreso de Bolivia al Mercosur, debido a las cláusulas democráticas del bloque regional.
El caso del ingeniero Edgar Villegas pone de manifiesto las tensiones políticas y las disputas legales que continúan surgiendo en Bolivia en relación con el controvertido proceso electoral de 2019, que resultó en la renuncia del expresidente Evo Morales y desencadenó una serie de acontecimientos que siguen resonando en la política boliviana hasta el día de hoy.
El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió de manera enfática a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Contrario a lo afirmado por Camacho, Lima destacó que el informe no reconoce la existencia de presos políticos en Bolivia, sino que insta a investigar las graves violaciones de derechos humanos, en un comunicado que clarifica la situación.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Lima citó dos puntos específicos del informe de la CIDH para desmentir las afirmaciones de Camacho. En primer lugar, resaltó que la CIDH hace hincapié en la necesidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos, que tienen un carácter irrenunciable. Esta medida, lejos de reconocer la existencia de presos políticos, apunta a esclarecer y sancionar cualquier irregularidad que atente contra los derechos fundamentales de las personas.
Además, Lima señaló que el informe de la CIDH no tiene como objetivo determinar responsabilidades individuales o estatales respecto a casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos. Esto refuta la interpretación de Camacho, quien calificó el informe como “lapidario” para el Gobierno y aseguró que reconocía la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia.
La aclaración del ministro de Justicia surge en respuesta a las declaraciones del gobernador Camacho, quien interpretó de manera errónea el informe de la CIDH y lo utilizó para atacar al Gobierno. Camacho afirmó que el informe recomendaba un mecanismo internacional independiente para garantizar que el gobierno del MAS no continuara manipulando los fallos judiciales ni persiguiendo y deteniendo a opositores por motivos políticos.
Ante estas afirmaciones, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también salió al frente para desmentir las declaraciones de Camacho, calificándolas de “falsas”. Alcón enfatizó que el informe de la CIDH no hace referencia alguna a la persecución política, judicial o a la existencia de presos políticos en Bolivia.
El informe presentado por la CIDH el pasado jueves incluye 15 conclusiones y 32 recomendaciones, basadas en una profunda evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia desde 2006. La aclaración del ministro Lima busca despejar cualquier malentendido sobre el contenido y las conclusiones de dicho informe, reafirmando el compromiso del Gobierno boliviano con el respeto a los derechos fundamentales y la justicia.
