El proceso de selección de magistrados en Bolivia ha generado controversia y descontento entre los postulantes, especialmente aquellos que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos. Tras la revisión de los expedientes, se ha revelado que un 53% de los candidatos fueron inhabilitados, lo que ha provocado una reacción de protesta y preparación para impugnaciones masivas.
Durante 20 días, 715 profesionales presentaron sus documentos para postularse como magistrados del Órgano Judicial y sus cuatro cuerpos. Sin embargo, la balanza de aprobados e inhabilitados ha dejado a una mayoría de postulantes fuera del proceso. Este hecho ha generado críticas y cuestionamientos sobre el criterio de selección, especialmente en lo que respecta a la experiencia profesional requerida.
Uno de los requisitos principales que provocó la inhabilitación de un gran número de candidatos fue la exigencia de contar con al menos ocho años de experiencia en el ejercicio del derecho constitucional, administrativo o derechos humanos. Muchos postulantes argumentan que cumplen con este requisito y están dispuestos a impugnar su inhabilitación.
Entre los postulantes inhabilitados se encuentran profesionales de diferentes regiones del país, destacando el descontento en Santa Cruz, donde solo dos candidatos de un total de 17 fueron habilitados. La discrepancia en la representación por género y región también ha sido objeto de crítica, con observaciones sobre posibles sesgos regionales y de género en el proceso de selección.
El periodo de impugnaciones se abrirá este lunes, brindando a los inhabilitados la oportunidad de apelar su decisión y presentar sus argumentos. Además, la ciudadanía y los legisladores también pueden impugnar a los candidatos que consideren no aptos para el cargo, lo que añade otro nivel de escrutinio al proceso.
Los próximos días serán decisivos para determinar la composición final de los candidatos que avanzarán en el proceso de selección. Se espera que las impugnaciones y apelaciones contribuyan a garantizar la transparencia y la equidad en este importante proceso para el sistema judicial boliviano.