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Evo Morales Convocado a Declarar por el Caso Zapata: Posible Aprehensión en el Horizonte

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido convocado para declarar como testigo en el caso contra Gabriela Zapata, ex pareja del mandatario. La ley boliviana faculta al juez a ordenar la aprehensión de los testigos que se nieguen a comparecer ante la autoridad judicial, lo que podría significar un futuro incierto para Morales si decide no presentarse.

El mandamiento de comparendo fue emitido para Morales y otros acusados, como el exministro de Gobierno, Carlos Romero, quienes deberán presentarse ante el juzgado Cuatro de Sentencia Penal de La Paz a las 09:00 del próximo lunes. En caso de incomparecencia, el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal (CPP) prevé la expedición de un mandamiento de aprehensión contra el testigo, además de la posibilidad de enfrentar cargos por desobediencia a la autoridad judicial.

El caso Zapata, reabierto el 30 de enero de este año por el delito de trata y tráfico de personas, involucra a un total de 11 acusados, entre ellos Gabriela Zapata, quien fuera pareja de Morales. La defensa de Pilar Guzmán, familiar de Zapata, ha presentado una lista de testigos de descargo, entre los que se encuentra el ex presidente Evo Morales.

La cédula de comparendo también fue entregada al exministro Carlos Romero, a quien Zapata acusa de ser el principal ejecutor de las represalias en su contra. Ambas ex autoridades podrían enfrentar arresto si no se presentan a declarar, según lo estipulado en el CPP.

Por otro lado, aún no se ha notificado al ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien también está involucrado en el caso. Su declaración podría arrojar luz sobre aspectos cruciales de la investigación, como la presunta existencia de un niño al que se hace referencia en el proceso judicial.

El caso Zapata ha generado un intenso escrutinio público y político en Bolivia, y las próximas declaraciones de los testigos podrían tener un impacto significativo en el desarrollo del juicio. La comparecencia de Evo Morales, en particular, será seguida de cerca por la opinión pública, ya que su testimonio podría arrojar luz sobre aspectos cruciales del caso y su posible implicación en los eventos objeto de la investigación.

Postulantes Inhabilitados se Resistirán y Alistan Impugnación Masiva en el Proceso de Selección de Magistrados en Bolivia

El proceso de selección de magistrados en Bolivia ha generado controversia y descontento entre los postulantes, especialmente aquellos que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos. Tras la revisión de los expedientes, se ha revelado que un 53% de los candidatos fueron inhabilitados, lo que ha provocado una reacción de protesta y preparación para impugnaciones masivas.

Durante 20 días, 715 profesionales presentaron sus documentos para postularse como magistrados del Órgano Judicial y sus cuatro cuerpos. Sin embargo, la balanza de aprobados e inhabilitados ha dejado a una mayoría de postulantes fuera del proceso. Este hecho ha generado críticas y cuestionamientos sobre el criterio de selección, especialmente en lo que respecta a la experiencia profesional requerida.

Uno de los requisitos principales que provocó la inhabilitación de un gran número de candidatos fue la exigencia de contar con al menos ocho años de experiencia en el ejercicio del derecho constitucional, administrativo o derechos humanos. Muchos postulantes argumentan que cumplen con este requisito y están dispuestos a impugnar su inhabilitación.

Entre los postulantes inhabilitados se encuentran profesionales de diferentes regiones del país, destacando el descontento en Santa Cruz, donde solo dos candidatos de un total de 17 fueron habilitados. La discrepancia en la representación por género y región también ha sido objeto de crítica, con observaciones sobre posibles sesgos regionales y de género en el proceso de selección.

El periodo de impugnaciones se abrirá este lunes, brindando a los inhabilitados la oportunidad de apelar su decisión y presentar sus argumentos. Además, la ciudadanía y los legisladores también pueden impugnar a los candidatos que consideren no aptos para el cargo, lo que añade otro nivel de escrutinio al proceso.

Los próximos días serán decisivos para determinar la composición final de los candidatos que avanzarán en el proceso de selección. Se espera que las impugnaciones y apelaciones contribuyan a garantizar la transparencia y la equidad en este importante proceso para el sistema judicial boliviano.

Desmienten a Camacho: Informe de la CIDH pide investigar vulneraciones

El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió de manera enfática a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Contrario a lo afirmado por Camacho, Lima destacó que el informe no reconoce la existencia de presos políticos en Bolivia, sino que insta a investigar las graves violaciones de derechos humanos, en un comunicado que clarifica la situación.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Lima citó dos puntos específicos del informe de la CIDH para desmentir las afirmaciones de Camacho. En primer lugar, resaltó que la CIDH hace hincapié en la necesidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos, que tienen un carácter irrenunciable. Esta medida, lejos de reconocer la existencia de presos políticos, apunta a esclarecer y sancionar cualquier irregularidad que atente contra los derechos fundamentales de las personas.

Además, Lima señaló que el informe de la CIDH no tiene como objetivo determinar responsabilidades individuales o estatales respecto a casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos. Esto refuta la interpretación de Camacho, quien calificó el informe como “lapidario” para el Gobierno y aseguró que reconocía la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia.

La aclaración del ministro de Justicia surge en respuesta a las declaraciones del gobernador Camacho, quien interpretó de manera errónea el informe de la CIDH y lo utilizó para atacar al Gobierno. Camacho afirmó que el informe recomendaba un mecanismo internacional independiente para garantizar que el gobierno del MAS no continuara manipulando los fallos judiciales ni persiguiendo y deteniendo a opositores por motivos políticos.

Ante estas afirmaciones, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también salió al frente para desmentir las declaraciones de Camacho, calificándolas de “falsas”. Alcón enfatizó que el informe de la CIDH no hace referencia alguna a la persecución política, judicial o a la existencia de presos políticos en Bolivia.

El informe presentado por la CIDH el pasado jueves incluye 15 conclusiones y 32 recomendaciones, basadas en una profunda evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia desde 2006. La aclaración del ministro Lima busca despejar cualquier malentendido sobre el contenido y las conclusiones de dicho informe, reafirmando el compromiso del Gobierno boliviano con el respeto a los derechos fundamentales y la justicia.

Incidente durante el Ampliado de la Federación Bartolina Sisa: Evo Morales se retira ante presunta acción violenta

El MÁS IPSP realiza un comunicado: En un ampliado organizado por la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Chuquisaca, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de marzo en el municipio de Padilla, se presentaron lamentables incidentes que empañaron el desarrollo del evento. El presidente del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales Ayma, fue invitado al acto para compartir reflexiones y análisis sobre la situación política y social del país.

Sin embargo, lo que inicialmente prometía ser un encuentro de camaradería y debate constructivo se vio alterado por la presencia de un grupo reducido de funcionarios públicos que, según las denuncias, habrían sido enviados con la intención de sabotear la actividad. Estos individuos habrían intentado cortar la energía eléctrica del lugar y generado disturbios que pusieron en riesgo la integridad física de los asistentes, incluido Evo Morales.

Ante esta situación, Morales tomó la decisión de retirarse del evento para evitar que los hechos de violencia escalasen aún más. A su salida, recibió muestras de cariño y solidaridad por parte de la dirigencia presente y de las bases que lo acompañaban. Es importante destacar que, según el comunicado emitido por el MAS-IPSP, Morales se retiró del lugar de manera voluntaria y no fue forzado a hacerlo, desmintiendo así las versiones mediáticas que sugerían lo contrario.

Este incidente ha generado preocupación en el ámbito político y social del país, especialmente debido al clima de tensión que se vive actualmente. Desde el MAS-IPSP, se rechaza enérgicamente cualquier intento de sabotaje o violencia destinado a intimidar a las organizaciones sociales y políticas que defienden los intereses del pueblo boliviano.

Asimismo, se agradece el apoyo y la solidaridad brindados por las compañeras Bartolinas de Chuquisaca y se reafirma el compromiso del MAS-IPSP de resistir cualquier intento de proscripción o desestabilización por parte de aquellos que buscan socavar la democracia y la voluntad popular.

En un momento en el que el país enfrenta desafíos importantes, es fundamental que prevalezca el diálogo y el respeto entre todas las fuerzas políticas y sociales. El MAS-IPSP seguirá trabajando en defensa de los derechos y las aspiraciones del pueblo boliviano, con la convicción de que la verdad y la justicia prevalecerán sobre la mentira y la violencia, informaron en su comunicado.

Fiscalía allana vivienda del coronel Terán y le abre un tercer proceso por el millón de dólares

Este viernes, la Fiscalía junto con la Policía realizaron un allanamiento en la vivienda del coronel Erick Yerko Terán Mendoza, secuestrando documentos y precintando vehículos como parte de la investigación sobre el millón de dólares que fue robado por tres policías de Tránsito el 12 de enero. Este nuevo proceso se suma a los anteriores por los cuales Terán ya cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

El fiscal Alberto Zeballlos encabezó esta intervención en la vivienda del exjefe policial, ubicada en el municipio de Quillacollo, Cochabamba. Durante el allanamiento, se secuestraron documentos y se precintaron dos vehículos en busca de información relacionada con el millón de dólares retirado de un banco en Chile y posteriormente robado durante un control rutinario de tráfico.

El coronel Terán está detenido desde el 26 de enero por los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias, acusado de intermediar en el reclamo del millón de dólares. Sin embargo, este nuevo allanamiento se enfoca en un tercer proceso iniciado contra Terán, ahora por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, ampliando así la investigación para determinar la procedencia de sus bienes.

El robo del millón de dólares ocurrió el 12 de enero, y al día siguiente, Terán acompañó al abogado Óscar Hebert Gutiérrez Yupt a las oficinas de Tránsito para reclamar la devolución del dinero. Esta actuación genera cuestionamientos por parte de la Fiscalía y la Policía, ya que Terán ejercía sus funciones en Cochabamba y se presentó en Santa Cruz para asistir a Gutiérrez, sin haber presentado previamente una denuncia formal.

El comandante departamental de la Policía, Erik Holguín, destacó la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que Terán abandonó su jurisdicción y viajó a Santa Cruz para intervenir en este caso. Mientras tanto, Terán ha negado su participación en el reclamo del dinero, argumentando que su presencia en Santa Cruz fue para visitar a su padre y que fue contactado por Gutiérrez para ayudar en la investigación.

Este caso ha llevado a la detención de tres policías de Tránsito y del abogado Óscar Hebert Gutiérrez Yupt, todos imputados por su presunta participación en el robo y reclamo del millón de dólares. Con cada nueva etapa de la investigación, se busca esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este delito.

Misión internacional llegará para auditar Padrón Electoral en Bolivia: Impulso a la transparencia y confianza en el proceso electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha confirmado la llegada de una misión internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) en los próximos meses para llevar a cabo una auditoría técnica al Padrón Electoral del país. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral boliviano.

La misión de Capel estará integrada por expertos de los órganos electorales de diversos países que forman parte de este programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, enfatizó la importancia de esta auditoría técnica para garantizar la integridad del Padrón Electoral y brindar seguridad a la ciudadanía.

Hassenteufel destacó que la llegada de esta misión internacional es fundamental para abordar los diversos errores y dudas que suelen surgir en torno al Padrón Electoral. La misión se llevará a cabo en dos fases, comenzando con un trabajo previo a cargo de un experto del centro a partir del 20 de abril, seguido por la llegada de la comitiva en mayo para realizar el trabajo propiamente dicho.

Esta no es la primera vez que el TSE busca asistencia internacional para auditar el Padrón Electoral. En agosto del año pasado, el TSE solicitó a la Unión Europea realizar una auditoría, pero esta solicitud fue rechazada debido a la falta de recursos y expertos disponibles en ese momento.

El Estatuto de Capel establece que sus objetivos son la asesoría técnica electoral y la promoción de las elecciones. Esta misión internacional representa un paso importante hacia la consolidación de la transparencia y la confianza en el proceso electoral boliviano, asegurando que el Padrón Electoral refleje con precisión la voluntad de los votantes y garantizando la integridad de las próximas elecciones en el país.

Marcel Rivas saldrá de la cárcel con detención domiciliaria tras más de tres años de reclusión

Después de más de tres años y cuatro meses tras las rejas, Marcel Rivas, exdirector de Migración durante la gestión de Jeanine Áñez, recibió este jueves la noticia de que se le concederá detención domiciliaria. Esta decisión, tomada por un juez, marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso legal que ha enfrentado Rivas desde su detención en noviembre de 2020.

El abogado de Rivas, Karlo Brito, anunció que además de la detención domiciliaria, se ha establecido el arraigo y la obligación de presentar cuatro garantes para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia.

La detención de Marcel Rivas estuvo relacionada inicialmente con presuntas irregularidades en la emisión de alertas migratorias, así como acusaciones de favorecer la fuga de exministros del gobierno de Áñez. Aunque fue absuelto de los cargos relacionados con la facilitación de la fuga de exministros, cumplió una sentencia de tres años por las presuntas irregularidades en la emisión de alertas migratorias.

Durante su tiempo en prisión, Marcel Rivas enfrentó diversos desafíos, incluidos problemas de salud que llevaron a una huelga de hambre en un intento por obtener atención médica adecuada. Ahora, con la detención domiciliaria, se espera que pueda recuperarse en un entorno más propicio mientras continúa su proceso legal.

La decisión de otorgar la detención domiciliaria a Marcel Rivas marca un paso significativo en su largo camino legal, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre la justicia y los derechos humanos en el sistema judicial boliviano.

Senado de Bolivia aprueba créditos por $us 113 millones para Yapacaní y El Alto

El Senado de Bolivia ha aprobado dos créditos que representan una inversión significativa en los municipios de Yapacaní y El Alto, sumando un total de alrededor de $us 113 millones. Esta decisión marca un paso importante en el impulso del desarrollo y la infraestructura en estas regiones clave del país.

El presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, expresó su satisfacción por la aprobación de estos proyectos, destacando el compromiso del Senado con el progreso y bienestar de la ciudadanía boliviana. En una conferencia de prensa, Rodríguez enfatizó que el proceso legislativo se llevó a cabo de manera diligente y transparente, priorizando la atención de los proyectos remitidos por la Cámara de Diputados.

Los créditos aprobados incluyen el Contrato de Préstamo BOL-37/2023, destinado al Proyecto de Construcción con Pavimento del Camino Faja Norte en Yapacaní, con un monto de $us 56.50.000. Además, se aprobó el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles de la Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, por un monto de hasta $us 57.246.082,37.

Rodríguez resaltó la importancia de estos proyectos para el desarrollo de las comunidades beneficiadas y reafirmó el compromiso del Senado de cumplir con su deber de legislar en beneficio del país. Asimismo, instó a la Cámara de Diputados a priorizar el tratamiento de los proyectos de ley pendientes, especialmente los relacionados con los magistrados prorrogados.

Los proyectos de ley 073 y 075, que abordan la situación de los magistrados prorrogados, son de vital importancia y fueron remitidos a la comisión correspondiente para su revisión. Rodríguez hizo un llamado a la cooperación entre ambas cámaras del Congreso para asegurar que estos proyectos sean tratados con la seriedad y responsabilidad que merecen, en aras del fortalecimiento institucional y la justicia en el país.

La aprobación de estos créditos representa un paso adelante en el compromiso del Gobierno boliviano de promover el desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones del país. Se espera que estas inversiones impulsen la creación de empleo, mejoren la infraestructura vial y contribuyan al bienestar general de la población en Yapacaní y El Alto.

“Comisión de Constitución concluye revisión de carpetas de candidatos al TCP; más del 60% fueron inhabilitados por falta de experiencia en Derecho Constitucional”

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha completado la revisión exhaustiva de las carpetas de los candidatos postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Tras un arduo proceso de evaluación, se determinó que más del 60% de los aspirantes fueron inhabilitados debido a la falta de experiencia en Derecho Constitucional, uno de los requisitos específicos establecidos para ocupar dicha posición.

Con un total de 175 carpetas analizadas, esta revisión representa un hito significativo en el proceso de selección de nuevos miembros para el Tribunal Constitucional Plurinacional. La tarea no ha sido fácil, ya que ha implicado un minucioso examen de los antecedentes académicos y profesionales de cada postulante.

Uno de los principales criterios de evaluación fue la experiencia laboral en Derecho Constitucional, un área crucial para desempeñar eficazmente las funciones en el TCP. Aquellos candidatos que no cumplieron con este requisito fueron automáticamente inhabilitados, lo que refleja la importancia de contar con profesionales altamente calificados y especializados en el ámbito constitucional.

Entre los postulantes que lograron avanzar en el proceso se encuentra Ricardo Torres Echalar, quien fue el último de los autoprorrogados en superar esta fase de revisión. Su perfil y experiencia lo han destacado como un candidato idóneo para seguir adelante en el proceso de selección.

Este proceso de revisión es fundamental para garantizar la idoneidad y la integridad de los futuros miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. A medida que avanza el proceso de selección, se espera que se elijan a los candidatos más calificados y comprometidos con la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en Bolivia.

Aunque esta etapa ha concluido con éxito, aún quedan tres instancias judiciales por revisar en el marco del proceso de selección para el TCP. Se espera que la Comisión Mixta de Constitución continúe trabajando con dedicación y responsabilidad para asegurar una selección justa y transparente de los futuros miembros del tribunal constitucional más importante del país.

El Senado Argentino Debate el ‘Megadecreto’ de Milei en una Tensa Jornada

El Senado argentino se encuentra inmerso en un intenso debate en torno al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado. Esta medida, que ha sido denominada como el ‘megadecreto’, ha desatado fuertes tensiones políticas y ha puesto de manifiesto las profundas divisiones ideológicas en el país.

El DNU, que consta de 366 artículos, abarca una serie de reformas económicas que reflejan la visión libertaria de Milei, caracterizada por la desregulación y la privatización de sectores clave de la economía. Sin embargo, desde su promulgación, el decreto ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales, quienes lo consideran inconstitucional y perjudicial para los derechos laborales y sociales de los argentinos.

La sesión en el Senado ha estado marcada por enfrentamientos y tensiones, especialmente entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado y es la encargada de dirigir las sesiones. La oposición ha expresado su firme rechazo al ‘megadecreto’, argumentando que atenta contra los principios democráticos y los intereses del pueblo argentino.

Entre los aspectos más controvertidos del decreto se encuentran las disposiciones que limitan el derecho a la huelga, precarizan las condiciones laborales y permiten la indexación de los alquileres en moneda extranjera o criptomonedas. Además, se han denunciado aumentos exorbitantes en los precios de los servicios médicos privados, así como la apertura a la privatización de empresas estatales en diversos sectores.

El oficialismo, que cuenta con una minoría en el Senado, ha instado a los legisladores a respaldar el DNU, argumentando que proporciona mayor libertad económica a los argentinos y ha generado supuestos beneficios para la ciudadanía. Sin embargo, la oposición ha hecho hincapié en la necesidad de rechazar el decreto por considerarlo lesivo para los intereses del país.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener el apoyo al ‘megadecreto’, se espera que la oposición cuente con los votos necesarios para rechazar la medida en el Senado. Esta situación representa un revés para el presidente Milei, quien busca consolidar su agenda de reformas económicas en medio de una creciente polarización política.

En definitiva, el debate en el Senado argentino sobre el ‘megadecreto’ de Milei refleja las tensiones y divisiones que prevalecen en el país en torno a cuestiones económicas y políticas fundamentales. El resultado de esta votación tendrá importantes implicaciones para el futuro del gobierno y el rumbo económico de Argentina.