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Caso “decretazo”: se suspende el inicio del juicio oral ante la ausencia del gobernador Camacho

La espera por el inicio del juicio oral del caso “decretazo” se prolongará hasta el 11 de abril, luego de que el Juzgado Octavo de Sentencia de la capital cruceña suspendiera la audiencia debido a la ausencia del gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca.

Originalmente programada para este lunes, 11 de marzo, a las 13:30 en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de presencia física del gobernador Camacho, quien se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz. El traslado planeado desde esa ciudad hasta la capital cruceña no se realizó, siguiendo argumentos presentados por la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Transparencia.

El caso “decretazo” gira en torno a la emisión del Decreto 373 el 9 de marzo, mediante el cual Camacho delegó sus funciones a un secretario, evadiendo así la asignación temporal de responsabilidades al vicegobernador Mario Aguilera, según lo estipulado por el artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz.

La suspensión de la audiencia representa un nuevo capítulo en este proceso judicial que ha captado la atención nacional. Se espera que el 11 de abril, la presencia de Camacho en el tribunal permita el inicio del juicio oral y el esclarecimiento de los hechos relacionados con el “decretazo”.

Abogado de Camacho advierte que su traslado debió ser el domingo y anuncia acciones legales

El equipo legal que representa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra bajo detención en Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, ha emitido una advertencia contundente. Martín Camacho, abogado del gobernador, señaló que el traslado de su defendido a la capital cruceña para la audiencia del juicio oral por el caso Decretazo debió haberse realizado el domingo.

“La orden judicial del 31 de enero del año indicaba que el gobernador debía ser trasladado el día de ayer, domingo 10 de marzo, para así evitar cualquier demora o dilación en el inicio del juicio, que está programado para este lunes a las 13.30”, declaró el abogado a Unitel.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz había ordenado el traslado de Camacho a la cárcel de Palmasola para permitir su asistencia presencial en el juicio del caso Decretazo. Sin embargo, la orden no se cumplió, lo que llevó al abogado a apuntar al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, Marco Gonzales, donde actualmente cumple su detención.

“Ya pasó el día de traslado y la orden se ha incumplido. Vamos a notificar para así el Tribunal pida los informes correspondientes y después nosotros sigamos las acciones que corresponden; sea por la vía administrativa o la penal”, advirtió el abogado.

A pesar del contratiempo, se espera que el traslado se lleve a cabo este lunes, horas antes del inicio del juicio. Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, señaló que Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justicia no resuelva el incidente presentado el viernes. Según Siles, la institución no fue notificada para ser parte del inicio del juicio oral contra el gobernador.

En el caso por el cual se le juzga, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a la aprobación de un decreto departamental antes de su viaje a Brasil en marzo del año pasado. Este decreto, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debía ser firmado por el vicegobernador, Mario Aguilera, quien no fue notificado para el reemplazo y alegó que el decreto fue “bajado” después de la Gaceta Departamental.

El caso ha generado controversia y tensiones políticas en la región, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) considerando ilegal el procedimiento y la Gobernación de Santa Cruz admitiendo un error en el retiro del decreto y anunciando una investigación al respecto. Mientras tanto, Luis Fernando Camacho permanece bajo detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrentando acusaciones en dos casos judiciales de gran relevancia para el país.