Han transcurrido 60 días desde que la Fiscalía de Tarija citó al expresidente Evo Morales para declarar por un caso de estupro relacionado con una menor en 2016. A pesar de que la citación incluía la advertencia de una orden de aprehensión si no se presentaba, hasta ahora no se ha emitido dicha orden, ni se ha identificado a la supuesta víctima.
🚨 Una investigación con pocas acciones concretas
El 10 de octubre, Morales y los padres de la supuesta víctima, Emeterio Vargas e Idelsa Pozo, fueron citados a declarar. Ninguno asistió, pero la Fiscalía procedió con la aprehensión de Vargas, un adulto mayor que posteriormente fue recluido en el penal de Morros Blancos por cuatro meses.
Por otro lado, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó en noviembre tener “pruebas clave” contra Morales, pero no explicó por qué no se ejecutó la orden de aprehensión. Además, Gutiérrez mencionó “sorpresas” en el caso, pero hasta la fecha no se han concretado avances significativos.
🔍 Una víctima ausente y declaraciones inconclusas
La Fiscalía no ha logrado contactar a la presunta víctima, quien, junto con su madre y la supuesta hija de Morales, permanece en paradero desconocido. Pese a las garantías ofrecidas por la Fiscalía, no ha habido señales de que se presenten de forma voluntaria.
Por su parte, Morales ha evitado referirse al tema directamente, citando una frase del presidente Luis Arce: “Con la familia no se metan.”
El único familiar que declaró fue el padre de la menor, quien afirmó haber estado alejado de su familia durante años. Señaló que, según comentarios de terceros, la bebé de su hija sería hija de Morales, aunque nunca tuvo pruebas ni contacto con la menor.
⏳ Sin avances claros y con tensiones políticas
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que existen casos similares que se presentarán en el futuro, pero hasta ahora no han aparecido otras presuntas víctimas. Mientras tanto, Morales no ha abandonado la región del trópico de Cochabamba desde que se publicaron las acusaciones, asistiendo únicamente a eventos locales.
El Gobierno ha calificado esta situación como una “detención domiciliaria voluntaria,” aunque no se han tomado medidas adicionales para avanzar en el proceso legal.
📌 Contexto político y social
El caso ha generado tensiones entre los seguidores de Morales y sectores críticos, incluyendo bloqueos para evitar una eventual aprehensión. Sin embargo, la falta de acciones concretas por parte de las autoridades ha dejado en el aire la resolución de este polémico caso, que sigue generando incertidumbre tanto en la esfera política como en la judicial.
La opinión pública aguarda respuestas y un tratamiento imparcial de las denuncias, mientras el tiempo sigue pasando sin que se concrete un avance significativo en la investigación.