Introducción
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reveló que se trabaja en una norma destinada a reformar el sistema judicial boliviano. Esta ley busca que solo los magistrados electos en las recientes elecciones judiciales permanezcan en sus cargos, mientras que los magistrados que extendieron su mandato de forma cuestionable —los llamados “autoprorrogados”— sean apartados de sus funciones.
¿Qué está pasando en la justicia boliviana?
El jueves 4 de enero, Luis Arce posesionó a 38 magistrados y consejeros elegidos en los comicios del 15 de diciembre. Sin embargo, algunos magistrados permanecen en sus cargos pese a no haber sido reelectos, generando una polémica sobre la legitimidad de su permanencia.
Andrónico Rodríguez dejó en claro que la nueva ley busca evitar este tipo de situaciones. Según el presidente del Senado:
“Unos entran con el voto legalmente, otros autoprorrogados, de manera ilegal. Estamos trabajando en una norma para recomponer el sistema judicial”.
La normativa contempla dos posibles soluciones:
1. Los suplentes con mayor votación asumirán los cargos vacantes.
2. Una nueva ley definirá cuántos magistrados deben conformar los tribunales Supremo y Constitucional.
El trasfondo político: ¿reforma o ajuste de cuentas?
Aunque la propuesta de Rodríguez suena a un intento de fortalecer la institucionalidad, no deja de generar suspicacias. Bolivia ha tenido un largo historial de injerencia política en la justicia, y estas medidas podrían ser vistas como una maniobra para desplazar a jueces incómodos o afines a la oposición.
Por otro lado, Rosmery Ruiz, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), advirtió que no pueden desconocer automáticamente a los magistrados prorrogados, ya que existe un fallo constitucional (Auto Constitucional 113/2024) que respalda sus funciones.
“Si los desconocemos, entraríamos en desobediencia a una resolución constitucional”, señaló Ruiz.
¿Qué significa esto para el sistema judicial?
El anuncio de esta ley llega en un momento crítico para la justicia boliviana. Las elecciones judiciales recientes estuvieron marcadas por un alto índice de votos nulos, reflejando la desconfianza de la ciudadanía hacia un sistema percibido como corrupto y politizado.
Con la posible salida de los magistrados autoprorrogados, Bolivia podría enfrentarse a un nuevo remezón institucional. Sin embargo, surge una pregunta clave:
¿Se trata de una reforma real para mejorar la justicia o solo de un ajuste de poder dentro del aparato estatal?
Conclusión
El debate sobre la reforma judicial sigue abierto. Mientras el oficialismo busca dar señales de transparencia y renovación, persisten dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas medidas.
Lo cierto es que la justicia boliviana sigue siendo uno de los grandes desafíos del país: una institución que debería ser independiente y garante de derechos, pero que, hasta ahora, ha sido un campo de batalla más en la política nacional.
