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Noticias de última hora, acontecimientos destacados y temas de interés general que estén ocurriendo en Bolivia.

Nacionales, Politica

TCP bajo fuego: Denuncian chantaje para blindar autoprórroga o habilitar a Evo Morales

Por un cronista con la justicia más tambaleante que un puente de liana
Sucre, 1 de mayo de 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta una crisis de legitimidad tras denuncias de supuestas negociaciones con el Legislativo para aprobar una ley que blinde la autoprórroga de sus magistrados hasta 2028, a cambio de no habilitar al expresidente Evo Morales como candidato para las elecciones del 17 de agosto de 2025. El magistrado René Espada, en Los Tiempos, rechazó las acusaciones, calificándolas de “especulaciones sin fundamento” que buscan politizar al TCP en pleno proceso electoral. Espada afirmó que los cinco magistrados —autoprorrogados desde diciembre de 2023— ejercen sus cargos bajo la Declaración Constitucional 0049/2023 y el Auto Constitucional 0113/2024-O, sin necesidad de una ley.

La denuncia, destapada por la diputada Luciana Campero (CC), generó una ola de reacciones. Campero, en X, acusó a los magistrados de “chantaje inaceptable” y dijo poseer un borrador del ‘proyecto de ley de prórroga excepcional’ que validaría los fallos del TCP durante su mandato extendido. El diputado Jairo Guiteras (Creemos) advirtió que, de habilitar a Morales, los magistrados enfrentarían presión social y podrían acabar en Chonchocoro. Cívicos como Agustín Zambrana, del Comité pro Santa Cruz, los tildaron de “gánsters”, mientras el vocero de Libre, Tomás Monasterio, los llamó “delincuentes de toga”. En contraste, evistas como el senador Leonardo Loza aseguraron que Morales “está habilitado por la Constitución” y no necesita acuerdos, según Erbol.

La controversia reaviva el debate sobre la inhabilitación de Morales, ratificada por la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto 0083/2024, que limitan la reelección a dos períodos, continuos o discontinuos. Pese a ello, los evistas ven una oportunidad tras la anulación de una orden de aprehensión contra Morales por trata y tráfico, ordenada por la jueza Lilian Moreno el 24 de abril. Con el MAS dividido y el Legislativo paralizado por la falta de dos tercios para convocar elecciones judiciales, el TCP se ha convertido en un actor político clave. Espada ratificó que las elecciones de agosto están garantizadas, en línea con el Tribunal Supremo Electoral, pero la desconfianza crece.

La autoprórroga del TCP, vigente desde 2023, ha sido criticada como inconstitucional por opositores y juristas, quienes acusan a los magistrados de violar la Constitución que juraron proteger. Con Bolivia polarizada y el litio como telón de fondo, el supuesto chantaje del TCP amenaza con profundizar la crisis judicial y política, mientras el país espera un proceso electoral transparente que no repita los fantasmas de 2019.

Nota: Las denuncias de chantaje y las afirmaciones sobre la habilitación de Morales no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como versiones personales, no como hechos confirmados.

Politica, Nacionales

Motín en penal de El Abra impide a senadores entrevistar a Zúñiga por caso 26J

Por un cronista con la wiphala enredada en motines y misterios
Cochabamba, 30 de abril de 2025

Un motín de unos 15 reclusos en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, frustró el 30 de abril la visita de una comisión legislativa que buscaba entrevistar al exgeneral Juan José Zúñiga, acusado de liderar un supuesto golpe de Estado el 26 de junio de 2024. La comitiva, conformada por senadores oficialistas y de oposición, acompañada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pretendía verificar las condiciones de detención de Zúñiga y recabar su testimonio sobre los hechos del 26J, en el marco de una investigación parlamentaria. El motín, que exigía prediarios y mejoras en las condiciones carcelarias, impidió el ingreso, desatando sospechas de manipulación. “Qué casualidad, ha aparecido un motín”, ironizó el senador Guillermo Seoane en radio Pío XII, según Erbol.

La comisión, con autorización judicial y una solicitud del propio Zúñiga, buscaba esclarecer si la movilización militar en Plaza Murillo fue un golpe de Estado, como sostiene el Gobierno, o un “autogolpe” ordenado por el presidente Luis Arce, como denuncia el exgeneral. El senador evista William Torrez calificó el motín como “armado”, comparándolo con el 26J, y advirtió que iniciarán acciones legales contra el Gobierno si persisten los obstáculos. El senador Henry Montero, de Creemos, sugirió que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, o Régimen Penitenciario podrían estar detrás, según Asuntos Centrales. El ministro Del Castillo, en Bolivia TV, replicó que Zúñiga confesó que el mayor Leonel Elio Sanjinés, ya condenado, le sugirió alegar un autogolpe para evadir responsabilidades.

La defensa de Zúñiga, liderada por la abogada Silvia Tapia, denunció en Red Uno que el exgeneral sufre “tortura” en el bloque C, con requisas constantes, privación de alimentos y amenazas de muerte por notas bajo su celda. La familia, en el programa Que no me pierda, expresó su temor: “No está seguro acá”, afirmó la esposa, exigiendo su traslado. Zúñiga, recluido desde junio de 2024, enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado, con el Gobierno buscando una condena de 30 años. Su versión, respaldada por entrevistas a medios argentinos y mexicanos, insiste en que Arce orquestó un montaje para victimizarse, un relato que el Ejecutivo califica de distracción.

El motín, reportado por medios como Los Tiempos y Opinión, aviva las tensiones en un contexto de polarización política, con las elecciones del 17 de agosto a la vista y el MAS dividido. La comisión, que incluye a Félix Ajpi y William Torrez, planea insistir en la entrevista, mientras la oposición y sectores evistas acusan al Gobierno de ocultar la verdad del 26J. En un país donde la desconfianza reina, el caso Zúñiga sigue siendo un rompecabezas que Bolivia, con su paciencia al límite, espera resolver.

Nacionales, Politica

Jueza anula orden de aprehensión contra Evo Morales y desata crisis política en Bolivia

Por un cronista con la justicia más enredada que una madeja de alpaca
Santa Cruz, 1 de mayo de 2025

La jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, anuló el 24 de abril la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata y tráfico de personas, congelando los actos procesales desde el 2 de octubre de 2024 y trasladando la investigación a Villa Tunari, Cochabamba, bastión del líder cocalero. La decisión, tomada tras una acción de libertad presentada por la defensa de Morales, desató una tormenta política a cuatro meses de las elecciones del 17 de agosto. Morales, acusado de una relación con una menor en 2016, celebró en X: “Llegó la justicia”, agradeciendo a sus seguidores en el Trópico. Su abogado, Jorge Pérez, afirmó que no existe imputación ni rebeldía vigente, permitiendo a Morales circular libremente, según EL DEBER.

El fallo, el segundo de Moreno a favor de Morales tras anular una orden similar en octubre de 2024, provocó la furia del Gobierno de Luis Arce. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la decisión de “payasada” y un delito de “desobediencia judicial”, prometiendo sanciones de hasta seis años de cárcel. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron investigaciones disciplinarias y penales contra Moreno, quien solicitó seis días de licencia tras la vigilancia policial en su despacho y domicilio, según EL DEBER. El presidente del Tribunal Supremo, Rómer Saucedo, cuestionó que se permita “burlarse de la justicia” en casos de pedofilia, mientras el Consejo de la Magistratura prometió revisar el fallo exhaustivamente.

La oposición y los evistas ven en Moreno una defensora de derechos, mientras el oficialismo, con figuras como el diputado Rolando Cuéllar, acusa una maniobra para habilitar a Morales como candidato, pese a su inhabilitación constitucional. La defensa de Morales, liderada por Nelson Cox, argumentó que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, y el juez Nelson Rocabado vulneraron derechos al emitir la orden de aprehensión, un caso que Cox calificó de “amañado” y cerrado en 2020. En X, usuarios acusan a los “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional de ser serviles al Gobierno, pero silenciosos ante este fallo.

Con las bases cocaleras planeando una marcha a La Paz el 16 de mayo para inscribir a Morales, la anulación reaviva la pugna por el MAS y pone en jaque la estrategia judicial del arcismo. La investigación, ahora en Cochabamba, podría archivarse, según el abogado William Herrera, quien señaló en EL DEBER que Morales goza de “protección jurídica”. En un país polarizado, con el litio como telón de fondo y la justicia bajo escrutinio, el caso Morales promete más tensión que soluciones.

Nacionales, Politica

Cocaleros proclaman a Evo Morales en feudo de Andrónico Rodríguez, quien no asiste al acto

Por un cronista con el voto partido como hoja de coca seca
Cochabamba, 19 de abril de 2025

El expresidente Evo Morales fue proclamado candidato a la presidencia para las elecciones del 17 de agosto por la federación Mamoré de Bulo Bulo, en el Trópico de Cochabamba, durante un acto el 19 de abril en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. La proclamación, liderada por la Confederación de las Seis Federaciones del Trópico, ocurrió en el bastión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien no asistió al evento pese a ser el principal dirigente de la federación. “Nuestro hermano Evo Morales es nuestro único candidato. No necesitamos experimentar, necesitamos experiencia”, declaró Wilma Colque, secretaria general de las Seis Federaciones, en Radio Kawsachun Coca.

Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional para postularse nuevamente, aseguró que su participación está garantizada con una sigla que no reveló para evitar “persecución y sabotaje”. “Si mañana fuesen las elecciones, ganamos con el 60% de los votos”, afirmó, según reportes de prensa. El evento, bajo la lluvia, contó con la presencia de dirigentes cocaleros, el senador Leonardo Loza, autoridades municipales y miembros de “Evo Pueblo”. Sin embargo, la ausencia de Rodríguez, a quien Loza había señalado como “dueño de casa” el jueves previo, desató especulaciones. Videos en redes sociales muestran pancartas de seguidores de Rodríguez apoyándolo como candidato presidencial, evidenciando tensiones internas.

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, alineado con el presidente Luis Arce, calificó a Rodríguez de potencial “traidor” si opta por candidatear con otro partido. “Él es militante del MAS, nacido en los movimientos sociales. Cambiarse de partido es no tener seriedad”, afirmó García, según El Deber. Por su parte, Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema, señaló que Rodríguez cuenta con respaldo de organizaciones sociales y es “muy probable” que sea su candidato. Desde el evismo, Morales ha insistido en que no existe “plan B”, declarando: “El candidato único es Evo presidente.”

Rodríguez, proclamado en semanas recientes por sectores como juventudes urbanas en Potosí y barrios evistas, enfrenta presiones cruzadas. El sector intercultural suspendió una proclamación en Caranavi tras “amenazas” desde el Trópico, mientras el Pacto de Unidad propone un binomio Arce-Rodríguez para el 3 de mayo. La fractura del MAS entre arcistas y evistas, agravada por la inhabilitación de Morales y la crisis económica, debilita al oficialismo frente a una oposición fragmentada liderada por figuras como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Con el litio y la estabilidad como telón de fondo, las elecciones de 2025 se perfilan como un punto de inflexión para Bolivia, donde la lealtad y la renovación generacional chocan en un escenario de alta polarización.

Politica, Nacionales

Zúñiga denuncia desde prisión un supuesto plan de Arce para fraudear elecciones

Por un cronista con la wiphala enredada en fusiles y hackers
Cochabamba, 18 de abril de 2025

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, preso en el penal de El Abra por los eventos del 26 de junio de 2024, desató una nueva tormenta política al enviar una carta al medio mexicano Fuerza Informativa Azteca el 17 de abril. En la misiva, Zúñiga acusa al presidente Luis Arce de orquestar un “autogolpe” que incluía la compra de 5,000 fusiles AK-47, la entrega de 1,000 rifles, el entrenamiento de grupos de choque y la contratación de hackers extranjeros para manipular el padrón electoral en las elecciones del 17 de agosto. “Se me ordenó generar disparos, golpes, aprehensiones y terror entre el pueblo”, escribió, señalando a Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez Ureña como los ideólogos del plan.

Zúñiga, quien enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado, asegura que frustró el supuesto autogolpe para evitar violencia, pero denuncia haber sido golpeado y aislado sin agua ni luz en El Abra tras sus revelaciones. “No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes”, afirmó, solicitando protección a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Según la carta, el plan incluía atacar a opositores como Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Evo Morales, además de vigilarlos con hackers para consolidar un fraude electoral que, según Zúñiga, Arce disfrazaría con “falso apoyo” de funcionarios públicos.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el 17 de abril sanciones contra Zúñiga por violar normas penitenciarias al usar un celular, imponiéndole 20 días sin visitas y aislamiento. “No están en una plaza, están en un centro de rehabilitación”, declaró Del Castillo, según reportes de prensa, descartando un traslado del exgeneral. El ministro también mencionó que un celular confiscado previamente a Zúñiga contenía mensajes relevantes para la investigación del 26J, aunque los detalles permanecen reservados por solicitud de los abogados.

Las acusaciones de Zúñiga, que coinciden con un contexto de alta polarización, intensifican la crisis política a un día del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas. El Movimiento Al Socialismo, dividido entre arcistas y evistas, enfrenta cuestionamientos mientras la oposición capitaliza el escándalo. Las denuncias de fraude electoral evocan las tensiones de 2019, y la mención del litio como móvil de corrupción agrava las sospechas sobre el manejo de recursos estratégicos. Sin pruebas públicas que respalden las afirmaciones de Zúñiga, el caso 26J sigue siendo un rompecabezas, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre ante un proceso electoral crucial.

Nota: Las acusaciones de Zúñiga sobre un plan de fraude electoral, compra de armas y contratación de hackers no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como su versión personal, no como hechos confirmados.

Nacionales, Politica

Destituyen a director de El Abra por permitir que Zúñiga usara celular en entrevista

Cochabamba, 17 de abril de 2025

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció el 17 de abril la destitución del director de Régimen Penitenciario de Cochabamba tras descubrirse que el excomandante Juan José Zúñiga, preso en el penal de El Abra, usó un celular para dar una entrevista al medio argentino Data Urgente el 16 de abril. En la entrevista, Zúñiga acusó al presidente Luis Arce de ordenar la movilización militar del 26 de junio de 2024, negando que fuera un golpe de Estado.

Del Castillo calificó el uso del teléfono, un artefacto prohibido en cárceles, como una infracción grave, imponiendo a Zúñiga una sanción de 20 días sin visitas y aislamiento. “No están en una plaza, están en un centro de rehabilitación”, afirmó, descartando un traslado del exgeneral. El ministro reveló que un celular confiscado previamente a Zúñiga contenía mensajes sobre el “golpe de Estado”, que serán usados como prueba judicial, aunque los detalles permanecen reservados por solicitud de abogados.

El caso, a un día del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas el 18 de abril, intensifica la crisis política. Las declaraciones de Zúñiga, junto a las de Sergio Castro sobre supuesta injerencia extranjera, desafían la narrativa oficial del 26J y erosionan la credibilidad del Movimiento Al Socialismo. En un contexto de elecciones inminentes y tensiones económicas, la rápida reacción del Gobierno genera dudas sobre si busca sancionar una falta o silenciar revelaciones incómodas.

Nota: Las afirmaciones de Zúñiga sobre el 26J y las acusaciones de Castro no han sido corroboradas públicamente y deben tratarse como versiones personales, no como hechos confirmados.

Politica, Nacionales

Excapitán de ‘Los Pachajchos’ denuncia injerencia extranjera en Inteligencia boliviana

La Paz, 17 de abril de 2025

Sergio Castro, excapitán del grupo de inteligencia “300” o “Los Pachajchos”, denunció desde el exilio en Estados Unidos la supuesta operación de agentes de Venezuela, Cuba e Irán en las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana. En una entrevista con Que No Me Pierda, Castro afirmó que estos agentes, bajo “fachadas diplomáticas” como la de PDVSA, manejan la Inteligencia nacional desde “casas de seguridad” en La Paz, en Sopocachi y Calacoto, propiedades ligadas al Ministerio de Defensa.

Castro, mencionado por Juan José Zúñiga en su relato sobre el 26J, negó haber desertado y dijo que se apartó por desacuerdos éticos con un supuesto “autogolpe” ordenado por el presidente Luis Arce. Señaló al teniente coronel venezolano Miguel Ángel Lozano Delgado, presunto jefe de PDVSA en Bolivia, y a Hugo Moldiz y Luis Fernando Rodríguez Ureña como líderes de una unidad de Inteligencia en el Ministerio de la Presidencia, acusándolos de orquestar “operaciones sucias” con apoyo cubano y venezolano. También mencionó una minuta del Senado para introducir fuerzas iraníes.

Con el plazo del Tribunal Supremo Electoral este 18 de abril y las elecciones del 17 de agosto acercándose, estas acusaciones, sin pruebas públicas, intensifican la polarización. El Movimiento Al Socialismo, dividido, y una oposición fragmentada enfrentan un contexto de crisis económica y sospechas sobre el litio, mientras las denuncias de Castro alimentan teorías de conspiración en un país donde la confianza en las instituciones está en mínimos. </xaiArtifact>

Nota: Las declaraciones de Sergio Castro sobre la injerencia extranjera y las operaciones de Inteligencia no han sido corroboradas con pruebas públicas y deben tratarse como su versión personal, no como hechos confirmados. ¿Qué te parece?

Politica, Nacionales

Nuevas revelaciones sobre el caso del 26 de junio en Bolivia

16 de abril de 2025

Introducción

El excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, protagonizó una polémica entrevista desde el penal de máxima seguridad en Bolivia, transmitida el 15 de abril de 2025 por el medio argentino Data Urgente. Conducida por el periodista Sebastián Salgado, la segunda parte de esta entrevista profundiza en los eventos del 26 de junio de 2024, cuando tanques y militares se desplegaron frente al Palacio de Gobierno en La Paz, un hecho que el gobierno de Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. Zúñiga, principal acusado, niega categóricamente esta versión y presenta una narrativa alternativa que involucra a figuras clave del gobierno y supuestas injerencias extranjeras. Este artículo analiza las declaraciones de Zúñiga, su contexto político y las reacciones oficiales, incluyendo la respuesta del ministro de Justicia, César Siles, quien desestimó la validez legal de estas afirmaciones.

Contexto de la entrevista

La entrevista, titulada “Zúñiga habla desde la cárcel en Bolivia – Segunda parte caso Handam”, fue publicada en el canal de YouTube de Data Urgente el enlace al video. En ella, Zúñiga aborda los eventos del 26 de junio, negando que se tratara de un golpe de Estado y alegando que el despliegue militar fue ordenado por el presidente Arce para “placar movilizaciones” y mejorar su popularidad. Además, menciona reuniones secretas con altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el presidente mismo, así como supuestos vínculos con figuras extranjeras, como Fernando Handam y Sonan Liberman, este último presuntamente ligado a la embajada de Estados Unidos y de ascendencia israelí.

Zúñiga también acusa al gobierno de planificar la entrega de armas a movimientos sociales para formar milicias, una estrategia que, según él, buscaba contrarrestar posibles levantamientos armados. Estas afirmaciones han generado revuelo en Bolivia, especialmente en un contexto electoral crucial para 2025, donde el control de los recursos naturales, como el litio, está en el centro del debate político.

Principales puntos de la entrevista

  1. Negación del golpe de Estado: Zúñiga insiste en que no hubo un intento de golpe el 26 de junio. Según él, los 14 tanques desplegados en la Plaza Murillo fueron movilizados por orden directa del presidente Arce para disuadir movilizaciones sociales y evitar enfrentamientos con la policía o movimientos afines al gobierno. Afirma que su acción fue “heroica” al replegar las unidades militares y evitar un “derramamiento de sangre”.
  2. Reuniones secretas con el gobierno: Zúñiga describe reuniones con una “cúpula íntima” del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el propio Arce. En una de estas, realizada a las 11 de la noche, se discutió la baja popularidad del presidente y se propusieron tres opciones: transferir el poder a los movimientos sociales, establecer una junta militar o realizar un “fujimorazo” (disolver la Asamblea Legislativa). Zúñiga asegura que estas ideas fueron rechazadas por riesgos políticos.
  3. Acusaciones de armamento para milicias: Zúñiga alega que, tres meses antes del 26 de junio, funcionarios como Moldiz y Rodríguez Ureña le pidieron proporcionar armas (fusiles Mauser) a grupos civiles para formar milicias leales al gobierno. Él se negó, argumentando que esto provocaría un “derramamiento de sangre”. También menciona un supuesto pedido de 5,000 fusiles AK-47 a un vendedor extranjero, gestionado por Rodríguez Ureña.
  4. Supuesta injerencia extranjera: Zúñiga señala a Fernando Handam, descrito por Infobae como un activista de derechos humanos, como una figura que lo contactó días antes del 26 de junio para ofrecerle apoyo de “israelitas poderosos”. Zúñiga dice que solo se reunió con Handam por 20 minutos y que no entendió su rol, aunque lo vincula a una ONG y a críticas previas en redes sociales. También menciona a Sonan Liberman, presunto funcionario de la embajada de Estados Unidos con ascendencia israelí, aunque afirma no conocerlo.
  5. Contexto político y recursos naturales: Zúñiga interpreta los eventos como parte de una lucha por el control del litio boliviano, donde potencias extranjeras (China, Rusia, Estados Unidos) y transnacionales buscan generar crisis políticas y sociales para saquear los recursos del país. Advierte que Bolivia podría enfrentar una guerra civil si no se protege su soberanía.

Reacciones oficiales

El ministro de Justicia, César Siles, desestimó las declaraciones de Zúñiga, afirmando que “no tienen ninguna validez legal” ya que no forman parte del proceso judicial en curso. Siles señaló que Zúñiga ya declaró tres veces ante las autoridades y tiene programada una cuarta declaración para el 22 de abril de 2025. Además, calificó las afirmaciones como un intento de defensa sin valor procesal.

Por su parte, Hugo Moldiz, exministro y uno de los señalados por Zúñiga, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de mentiras. Otros funcionarios mencionados, como el ministro de Defensa y la ministra de la Presidencia, no han emitido comentarios públicos hasta la fecha de este artículo.

Análisis crítico

Las declaraciones de Zúñiga plantean varias cuestiones que merecen un análisis cuidadoso:

  • Credibilidad de Zúñiga: Como acusado en un proceso por intento de golpe de Estado, Zúñiga tiene un interés claro en presentar una narrativa que lo exculpe. Su insistencia en que actuó bajo órdenes de Arce y su negación del golpe contrastan con la versión oficial y las imágenes del 26 de junio, que muestran tanques frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, la falta de acceso público a pruebas judiciales dificulta verificar sus afirmaciones.
  • Contexto político-electoral: Bolivia se encuentra en un año electoral crucial, y las acusaciones de Zúñiga podrían tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno de Arce. Sus menciones al litio y a la injerencia extranjera resuenan con preocupaciones nacionales sobre la soberanía, pero también podrían ser una estrategia para desviar la atención de su responsabilidad.
  • Supuesta injerencia extranjera: Las referencias a Handam y Liberman, junto con la mención de “israelitas poderosos”, alimentan teorías de conspiración sobre la influencia de Israel y Estados Unidos en Bolivia. Sin embargo, Zúñiga no proporciona pruebas concretas, y su breve encuentro con Handam sugiere un vínculo débil. La caracterización de Infobae como un medio al servicio de intereses israelíes, hecha por el entrevistador, refuerza un tono sensacionalista que podría polarizar aún más el debate.
  • Acusaciones contra el gobierno: Las afirmaciones sobre un plan para armar milicias y las reuniones secretas con Arce son graves, pero carecen de corroboración independiente. La mención de un “fujimorazo” y la manipulación del padrón electoral son acusaciones explosivas que, de ser ciertas, implicarían una crisis institucional profunda. Sin embargo, la falta de detalles específicos y la negación de figuras como Moldiz debilitan estas afirmaciones.

Implicaciones para Bolivia

La entrevista de Zúñiga, aunque desestimada legalmente, tiene un impacto político innegable. En un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, sus declaraciones podrían avivar tensiones entre el gobierno, las fuerzas armadas y la oposición. Además, el énfasis en el litio como móvil de una supuesta conspiración extranjera refleja preocupaciones reales sobre la explotación de recursos estratégicos, un tema que probablemente dominará la campaña electoral de 2025.

El caso también pone en cuestión la transparencia del proceso judicial contra Zúñiga. Su afirmación de estar “condenado en silencio” y la falta de acceso público a su versión completa generan dudas sobre la imparcialidad del sistema. Por otro lado, el gobierno enfrenta el desafío de contrarrestar estas narrativas sin alimentar teorías de conspiración que puedan desestabilizar aún más el país.

Conclusión

La entrevista de Juan José Zúñiga ofrece una perspectiva provocadora sobre los eventos del 26 de junio de 2024, pero está marcada por la falta de pruebas concretas y el contexto de su situación legal. Si bien sus acusaciones contra el gobierno y supuestas injerencias extranjeras generan titulares, no han sido respaldadas por evidencia verificable, y las autoridades las han desestimado. En un año electoral crucial, este caso subraya la fragilidad política de Bolivia y la necesidad de un diálogo transparente para abordar las tensiones sociales y económicas. Mientras el proceso judicial avanza, la verdad sobre el 26 de junio sigue siendo esquiva, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre.

Fuentes:

  • Entrevista en Data Urgente (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y9ZLwlSG-2Q)
  • Declaraciones del ministro César Siles, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
  • Respuesta de Hugo Moldiz, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
Politica, Nacionales

Siles desmiente a Zúñiga y defiende la narrativa oficial del 26J

La Paz, 16 de abril de 2025

El ministro de Justicia, César Siles, afirmó el 16 de abril que las declaraciones del excomandante Juan José Zúñiga, quien acusó al presidente Luis Arce de ordenar la movilización militar del 26 de junio de 2024, “no tienen validez legal”. En conferencia de prensa, Siles señaló que los temas judiciales se resuelven ante la Fiscalía, no en medios, y destacó que Zúñiga ya declaró tres veces, con una cuarta audiencia prevista para el 22 de abril. “Sus dichos a la prensa no son prueba”, aseguró.

Zúñiga, recluido en El Abra, afirmó en entrevistas con Data Urgente y Erbol que Arce le instruyó el 23 de junio, durante un partido de básquet, desplegar tanques para “levantar su popularidad” ante conflictos sociales, mencionando un supuesto “fujimorazo” con asesores como Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez. El exgeneral calificó el documental oficial sobre el 26J como un “montaje”. Las declaraciones desataron críticas de Evo Morales, quien acusó al Gobierno de mentir, y de Jorge “Tuto” Quiroga, quien exigió explicaciones a Arce.

Con el plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas el 18 de abril, el caso 26J profundiza la crisis política. El Movimiento Al Socialismo, dividido entre Arce y Morales, enfrenta un contexto de escasez de combustible y cuestionamientos a la narrativa oficial. Siles defendió el proceso judicial, asegurando que las acusaciones de Zúñiga serán evaluadas formalmente, pero la polarización y la desconfianza marcan un proceso electoral cada vez más incierto.

Politica, Nacionales

Huaytari busca paralizar elecciones con recurso al TCP, calificado como “aberración”

La Paz, 16 de abril de 2025

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, presentó el 14 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo paridad de género en las duplas presidenciales para las elecciones del 17 de agosto. El recurso, que solicita una medida cautelar para suspender el proceso electoral, fue calificado como una “aberración” por el constitucionalista Eusebio Vera, quien señaló que los artículos 166 y 167 de la Constitución Política del Estado no contemplan equidad en cargos unipersonales como la presidencia.

Huaytari, sin pasar por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumenta que la convocatoria electoral debe incluir binomios hombre-mujer, pese a que la Carta Magna solo exige paridad en cargos legislativos (artículo 147). Vera aclaró que el TCP debe admitir el recurso, pero tiene la potestad de rechazar la medida cautelar según el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, priorizando el “bien mayor”. El politólogo Marcelo Silva advirtió que la acción pone en riesgo el calendario electoral, que fija el 18 de abril como plazo para registrar alianzas y el 19 de mayo para inscribir candidatos.

Fuentes del TSE confirmaron que el recurso no pasó por su instancia y recordaron que la paridad en candidaturas ya fue debatida sin éxito en la Asamblea Legislativa. Los vocales electorales habían solicitado una ley para garantizar el principio de preclusión, pero el pedido no prosperó. En un contexto de división del MAS y fragmentación opositora, el movimiento de Huaytari genera incertidumbre sobre el proceso electoral y aviva temores de maniobras políticas.