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Samuel Doria Medina: ¿Defensor de Derechos o Calculador Electoral?

Por Robby Geekost
10 de agosto de 2025

A una semana de las elecciones del 17 de agosto, Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Unidad, enfrenta críticas por contradicciones en su postura sobre los derechos de parejas de m1sm0 s3x0. En febrero, apoyó reformar la Constitución para reconocer estos derechos; ahora, descarta cualquier cambio y acusa de “gu3rr@ sucia” a quienes citan sus palabras, generando dudas sobre su coherencia.

Un Voltereta Electoral

En febrero, Doria Medina abogó por derechos sociales para parejas de m1sm0 s3x0, admitiendo que la Constitución, que define el matrimonio como unión entre hombre y mujer, era un obstáculo. “Sí, estoy a favor”, dijo. Sin embargo, en agosto, afirmó: “No tengo interés en cambiar la Constitución, no está en mis planes”. Contradiciéndose en la misma intervención, primero mencionó la necesidad de reformar la Carta Magna y luego lo negó, acusando a sus críticos de “gu3rr@ sucia”. Este cambio coincide con una carrera electoral reñida contra Tuto Quiroga, sugiriendo un cálculo para atraer votos conservadores.

Un Contexto Sensible

En un país con una inflación del 24% y reservas en 153 millones de dólares, la coherencia de los candidatos es crucial. La comunidad de m1sm0 s3x0, que enfrenta discriminación y lucha por derechos básicos, ve en estas contradicciones una traición. Las redes sociales han estallado, criticando a Doria Medina por usar los derechos como herramienta electoral y luego abandonarlos.

Credibilidad en Juego

Doria Medina, que busca proyectar estabilidad, ha puesto su credibilidad en riesgo. Sus acusaciones de “gu3rr@ sucia” no borran sus palabras de febrero. En un momento en que Bolivia necesita líderes claros, este volantazo genera escepticismo sobre su capacidad de cumplir promesas.

Un Llamado a la Honestidad

Los bolivianos merecen claridad. ¿Apoya Doria Medina los derechos de las parejas de m1sm0 s3x0, o su postura de febrero fue un guiño oportunista? En una democracia fracturada, la coherencia no es opcional. La ciudadanía espera hechos, no excusas.

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Audio atribuido a Marcelo Claure desata polémica y acusaciones de guerra sucia en Bolivia

Por un cronista con la política más enredada que un tinku sin árbitro La Paz, 5 de agosto de 2025

Un audio divulgado por el medio español EDATV, atribuido al empresario Marcelo Claure, ha generado controversia al sugerir que es “fácil comprar medios” en Bolivia para influir en la elección presidencial (elmundo.com.bo). Claure, aliado de Samuel Doria Medina (Unidad), negó intenciones de comprar medios, calificando el audio de “manipulado” y a EDATV de “poco creíble” (lostiempos.com).

El MAS, a través de Eduardo del Castillo, vinculó el audio a encuestas favorables a Doria (edatv.news). Víctor Hugo Núñez del Prado (ADN) y Alberto Astorga (Comunidad Ciudadana) acusaron a Claure de buscar controlar el litio (noticiasfides.com). Luis Fernando Camacho y el Comité pro Santa Cruz rechazaron el contenido y exigieron rectificaciones (opinion.com.bo).

Con una inflación del 23,9% y reservas de 200 millones de dólares (Infobae), la campaña electoral se tensa a días de los comicios. El TSE insiste en un proceso transparente (eju.tv).

Nota: Las acusaciones sobre el audio y los intereses en el litio son versiones no verificadas al 100% y deben tratarse como opiniones, no hechos confirmados.

Politica, Nacionales

Bolivia: TSE Habilita 10 Binomios y Confirma Elecciones para Agosto de 2025

LA PAZ, Bolivia — En un paso crucial hacia las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aprobó el 6 de junio de 2025 la lista oficial de candidatos habilitados, confirmando la participación de 10 binomios presidenciales y 1,180 candidatos en total. La decisión, tomada en una sesión de la Sala Plena en Santa Cruz, se produce en medio de tensiones políticas marcadas por protestas de sectores que exigen la habilitación del expresidente Evo Morales, cuya candidatura fue descartada tras la cancelación de la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL). Con esta resolución, el TSE reafirma su compromiso de cumplir el calendario electoral, pese a las amenazas de desestabilización, y abre la puerta a un proceso que definirá el futuro político de un país sumido en una profunda crisis económica y social.

Contexto: Un Escenario Electoral Tenso

La sesión del TSE en Santa Cruz se desarrolló bajo un clima de alta polarización. La exclusión de Morales, confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 5 de junio de 2025, ha desatado protestas de sus seguidores, quienes han amenazado con bloqueos y han acusado al TSE de actuar bajo presión del gobierno de Luis Arce. Bolivia enfrenta una crisis económica severa, con una inflación del 10% en 2024, una caída de las reservas internacionales a 5,100 millones de dólares y un crecimiento proyectado del PIB de solo 1.4% para 2025, según el Banco Mundial. En este contexto, la habilitación de los candidatos marca un hito hacia un proceso electoral que el TSE busca garantizar como transparente y legítimo.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, defendió la decisión en una conferencia de prensa: “Las elecciones están garantizadas, aunque hay algunas personas que lo quieren impedir”. Su declaración refleja el desafío de mantener la institucionalidad en un país dividido entre facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y otras fuerzas políticas emergentes.

Detalles de la Habilitación

El TSE revisó 3,200 postulaciones presentadas por 10 organizaciones políticas, habilitando 1,180 candidatos, lo que representa el 35.8% del total. Los 10 binomios presidenciales aprobados incluyen figuras destacadas como Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, de la Alianza Popular, quienes emergen como favoritos en un escenario sin Morales. La lista de candidatos habilitados por fuerza política es la siguiente:

  • Alianza Unidad: 230 candidatos
  • Alianza Libre: 215 candidatos
  • APB – Súmate: 191 candidatos
  • Nueva Generación Patriótica (NGP): 119 candidatos
  • Movimiento Al Socialismo (MAS): 118 candidatos
  • Alianza Popular: 87 candidatos
  • Alianza La Fuerza del Pueblo: 80 candidatos
  • Alianza Libertad y Progreso ADN: 80 candidatos
  • Partido Demócrata Cristiano (PDC): 50 candidatos
  • Movimiento de Renovación Nacional (Morena): 7 candidatos

Hassenteufel destacó que la publicación de la lista oficial activa el periodo de impugnaciones y sustituciones, conforme al calendario electoral. “Estamos cumpliendo el calendario y le queremos decir a la ciudadanía que el 17 de agosto podrán elegir a su presidente”, afirmó, subrayando el compromiso del TSE con un proceso transparente.

Pros de la Decisión del TSE

  1. Fortalecimiento de la democracia: La habilitación de 10 binomios asegura un proceso electoral plural, con diversas opciones políticas que representan tanto a sectores tradicionales como emergentes.
  2. Cumplimiento del calendario electoral: La confirmación de las elecciones para el 17 de agosto refuerza la institucionalidad del TSE, enviando una señal de estabilidad en un contexto de polarización.
  3. Oportunidad para nuevas figuras: La exclusión de Morales abre espacio para líderes como Andrónico Rodríguez, quien busca consolidar una “nueva izquierda” respaldada por sectores sociales y figuras como David Choquehuanca.
  4. Transparencia inicial: La revisión exhaustiva de 3,200 postulaciones y la habilitación de 1,180 candidatos demuestran un esfuerzo por cumplir con los requisitos legales, lo que podría aumentar la confianza en el proceso.
  5. Respuesta a la crisis política: Un proceso electoral ordenado podría canalizar el descontento social a través de las urnas, reduciendo el riesgo de protestas violentas, como las de 2024 que causaron pérdidas de 3 millones de dólares.

Contras y Desafíos

  1. Riesgo de conflictividad: Las protestas de los seguidores de Morales, quienes denuncian un “complot” del gobierno de Arce y el TSE, podrían escalar a bloqueos o enfrentamientos, como los ocurridos en mayo de 2025 en Cochabamba.
  2. Desconfianza en el TSE: Las acusaciones de politización, alimentadas por la exclusión de Morales y el fallo del TCP, podrían erosionar la legitimidad del proceso electoral, recordando las denuncias de fraude de 2019.
  3. Polarización persistente: La división entre “arcistas” y “evistas” dentro del MAS, junto con la emergencia de nuevas alianzas, dificulta la construcción de un consenso político para abordar la crisis económica.
  4. Presión sobre el TSE: Las amenazas de sectores “evistas” y las críticas de figuras como Carlos Mesa, quien ha señalado intimidaciones a vocales del TSE, podrían complicar la organización de elecciones transparentes.
  5. Crisis económica subyacente: La habilitación de candidatos no aborda directamente problemas como la escasez de dólares y combustibles, que podrían influir en el descontento social durante la campaña.

Implicaciones para Bolivia

La decisión del TSE de habilitar 10 binomios y confirmar las elecciones de agosto marca un punto de inflexión en un país fracturado por la polarización y la crisis económica. La exclusión de Morales, respaldada por el TCP, refuerza los límites constitucionales a la reelección, pero arriesga exacerbar las tensiones con sus bases, especialmente en el Trópico de Cochabamba. La presencia de Andrónico Rodríguez y otros líderes emergentes ofrece una oportunidad para renovar el panorama político, pero el éxito del proceso dependerá de la capacidad del TSE para garantizar transparencia y resistir presiones políticas. Con Bolivia enfrentando una inflación del 10% y un crecimiento económico estancado, las elecciones de 2025 serán una prueba crítica para la democracia y la estabilidad del país.

Conclusión

La habilitación de 10 binomios por el TSE allana el camino para unas elecciones que podrían redefinir el futuro de Bolivia. En un contexto de protestas, polarización y una economía al borde del colapso, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir un nuevo liderazgo el 17 de agosto de 2025. Sin embargo, los desafíos de legitimidad y conflictividad social plantean interrogantes sobre la capacidad del país para superar sus divisiones. ¿Podrán las elecciones canalizar el descontento y ofrecer soluciones a la crisis? ¿Qué rol jugará el TSE en garantizar un proceso justo? Bolivia está en una encrucijada, y los próximos meses serán decisivos.

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TCP bajo fuego: Denuncian chantaje para blindar autoprórroga o habilitar a Evo Morales

Por un cronista con la justicia más tambaleante que un puente de liana
Sucre, 1 de mayo de 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta una crisis de legitimidad tras denuncias de supuestas negociaciones con el Legislativo para aprobar una ley que blinde la autoprórroga de sus magistrados hasta 2028, a cambio de no habilitar al expresidente Evo Morales como candidato para las elecciones del 17 de agosto de 2025. El magistrado René Espada, en Los Tiempos, rechazó las acusaciones, calificándolas de “especulaciones sin fundamento” que buscan politizar al TCP en pleno proceso electoral. Espada afirmó que los cinco magistrados —autoprorrogados desde diciembre de 2023— ejercen sus cargos bajo la Declaración Constitucional 0049/2023 y el Auto Constitucional 0113/2024-O, sin necesidad de una ley.

La denuncia, destapada por la diputada Luciana Campero (CC), generó una ola de reacciones. Campero, en X, acusó a los magistrados de “chantaje inaceptable” y dijo poseer un borrador del ‘proyecto de ley de prórroga excepcional’ que validaría los fallos del TCP durante su mandato extendido. El diputado Jairo Guiteras (Creemos) advirtió que, de habilitar a Morales, los magistrados enfrentarían presión social y podrían acabar en Chonchocoro. Cívicos como Agustín Zambrana, del Comité pro Santa Cruz, los tildaron de “gánsters”, mientras el vocero de Libre, Tomás Monasterio, los llamó “delincuentes de toga”. En contraste, evistas como el senador Leonardo Loza aseguraron que Morales “está habilitado por la Constitución” y no necesita acuerdos, según Erbol.

La controversia reaviva el debate sobre la inhabilitación de Morales, ratificada por la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto 0083/2024, que limitan la reelección a dos períodos, continuos o discontinuos. Pese a ello, los evistas ven una oportunidad tras la anulación de una orden de aprehensión contra Morales por trata y tráfico, ordenada por la jueza Lilian Moreno el 24 de abril. Con el MAS dividido y el Legislativo paralizado por la falta de dos tercios para convocar elecciones judiciales, el TCP se ha convertido en un actor político clave. Espada ratificó que las elecciones de agosto están garantizadas, en línea con el Tribunal Supremo Electoral, pero la desconfianza crece.

La autoprórroga del TCP, vigente desde 2023, ha sido criticada como inconstitucional por opositores y juristas, quienes acusan a los magistrados de violar la Constitución que juraron proteger. Con Bolivia polarizada y el litio como telón de fondo, el supuesto chantaje del TCP amenaza con profundizar la crisis judicial y política, mientras el país espera un proceso electoral transparente que no repita los fantasmas de 2019.

Nota: Las denuncias de chantaje y las afirmaciones sobre la habilitación de Morales no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como versiones personales, no como hechos confirmados.

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Cocaleros proclaman a Evo Morales en feudo de Andrónico Rodríguez, quien no asiste al acto

Por un cronista con el voto partido como hoja de coca seca
Cochabamba, 19 de abril de 2025

El expresidente Evo Morales fue proclamado candidato a la presidencia para las elecciones del 17 de agosto por la federación Mamoré de Bulo Bulo, en el Trópico de Cochabamba, durante un acto el 19 de abril en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. La proclamación, liderada por la Confederación de las Seis Federaciones del Trópico, ocurrió en el bastión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien no asistió al evento pese a ser el principal dirigente de la federación. “Nuestro hermano Evo Morales es nuestro único candidato. No necesitamos experimentar, necesitamos experiencia”, declaró Wilma Colque, secretaria general de las Seis Federaciones, en Radio Kawsachun Coca.

Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional para postularse nuevamente, aseguró que su participación está garantizada con una sigla que no reveló para evitar “persecución y sabotaje”. “Si mañana fuesen las elecciones, ganamos con el 60% de los votos”, afirmó, según reportes de prensa. El evento, bajo la lluvia, contó con la presencia de dirigentes cocaleros, el senador Leonardo Loza, autoridades municipales y miembros de “Evo Pueblo”. Sin embargo, la ausencia de Rodríguez, a quien Loza había señalado como “dueño de casa” el jueves previo, desató especulaciones. Videos en redes sociales muestran pancartas de seguidores de Rodríguez apoyándolo como candidato presidencial, evidenciando tensiones internas.

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, alineado con el presidente Luis Arce, calificó a Rodríguez de potencial “traidor” si opta por candidatear con otro partido. “Él es militante del MAS, nacido en los movimientos sociales. Cambiarse de partido es no tener seriedad”, afirmó García, según El Deber. Por su parte, Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema, señaló que Rodríguez cuenta con respaldo de organizaciones sociales y es “muy probable” que sea su candidato. Desde el evismo, Morales ha insistido en que no existe “plan B”, declarando: “El candidato único es Evo presidente.”

Rodríguez, proclamado en semanas recientes por sectores como juventudes urbanas en Potosí y barrios evistas, enfrenta presiones cruzadas. El sector intercultural suspendió una proclamación en Caranavi tras “amenazas” desde el Trópico, mientras el Pacto de Unidad propone un binomio Arce-Rodríguez para el 3 de mayo. La fractura del MAS entre arcistas y evistas, agravada por la inhabilitación de Morales y la crisis económica, debilita al oficialismo frente a una oposición fragmentada liderada por figuras como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Con el litio y la estabilidad como telón de fondo, las elecciones de 2025 se perfilan como un punto de inflexión para Bolivia, donde la lealtad y la renovación generacional chocan en un escenario de alta polarización.

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Zúñiga denuncia desde prisión un supuesto plan de Arce para fraudear elecciones

Por un cronista con la wiphala enredada en fusiles y hackers
Cochabamba, 18 de abril de 2025

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, preso en el penal de El Abra por los eventos del 26 de junio de 2024, desató una nueva tormenta política al enviar una carta al medio mexicano Fuerza Informativa Azteca el 17 de abril. En la misiva, Zúñiga acusa al presidente Luis Arce de orquestar un “autogolpe” que incluía la compra de 5,000 fusiles AK-47, la entrega de 1,000 rifles, el entrenamiento de grupos de choque y la contratación de hackers extranjeros para manipular el padrón electoral en las elecciones del 17 de agosto. “Se me ordenó generar disparos, golpes, aprehensiones y terror entre el pueblo”, escribió, señalando a Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez Ureña como los ideólogos del plan.

Zúñiga, quien enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado, asegura que frustró el supuesto autogolpe para evitar violencia, pero denuncia haber sido golpeado y aislado sin agua ni luz en El Abra tras sus revelaciones. “No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes”, afirmó, solicitando protección a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Según la carta, el plan incluía atacar a opositores como Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Evo Morales, además de vigilarlos con hackers para consolidar un fraude electoral que, según Zúñiga, Arce disfrazaría con “falso apoyo” de funcionarios públicos.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el 17 de abril sanciones contra Zúñiga por violar normas penitenciarias al usar un celular, imponiéndole 20 días sin visitas y aislamiento. “No están en una plaza, están en un centro de rehabilitación”, declaró Del Castillo, según reportes de prensa, descartando un traslado del exgeneral. El ministro también mencionó que un celular confiscado previamente a Zúñiga contenía mensajes relevantes para la investigación del 26J, aunque los detalles permanecen reservados por solicitud de los abogados.

Las acusaciones de Zúñiga, que coinciden con un contexto de alta polarización, intensifican la crisis política a un día del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas. El Movimiento Al Socialismo, dividido entre arcistas y evistas, enfrenta cuestionamientos mientras la oposición capitaliza el escándalo. Las denuncias de fraude electoral evocan las tensiones de 2019, y la mención del litio como móvil de corrupción agrava las sospechas sobre el manejo de recursos estratégicos. Sin pruebas públicas que respalden las afirmaciones de Zúñiga, el caso 26J sigue siendo un rompecabezas, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre ante un proceso electoral crucial.

Nota: Las acusaciones de Zúñiga sobre un plan de fraude electoral, compra de armas y contratación de hackers no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como su versión personal, no como hechos confirmados.

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Elecciones presidenciales fijadas para el 17 de agosto de 2025: TSE asegura cumplimiento del cronograma

La fecha está definida e inmodificable

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las elecciones presidenciales en Bolivia se realizarán el 17 de agosto de 2025. La decisión fue anunciada por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en una conferencia de prensa en Santa Cruz. Según explicó, esta fecha ha sido determinada tras realizar “estudios técnicos y jurídicos” y no será sujeta a modificaciones.

“La fecha de la elección es el 17 de agosto del año 2025”, enfatizó Hassenteufel, dejando claro que el proceso electoral se desarrollará dentro de los plazos establecidos por las leyes bolivianas. Además, la convocatoria oficial para los comicios será emitida entre la primera y la segunda semana de abril de 2025.

Blindaje electoral y encuentro político multisectorial

Ante las crecientes críticas de algunos sectores que cuestionan la transparencia del TSE y temen una posible prórroga del gobierno de Luis Arce, Hassenteufel aseguró que se tomarán medidas para garantizar la legitimidad del proceso electoral.

En este contexto, el titular del TSE confirmó un encuentro político multisectorial y partidario para el próximo 17 de febrero, cuyo objetivo será coordinar acciones que permitan blindar el proceso electoral.

“Lo que nos interesa es lograr un blindaje de ese proceso electoral para que se inicie, se desarrolle y concluya dentro del plazo establecido por las normas legales y sin ninguna interferencia”, aseguró.

Expectativas y desconfianza hacia el proceso electoral

El anuncio llega en un momento de alta tensión política, donde diversos sectores han manifestado su desconfianza hacia instituciones clave como el TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Algunos actores políticos han señalado un supuesto interés por prorrogar el mandato de Arce, lo que ha generado críticas y debates en el ámbito político.

Con el cronograma electoral definido, todas las miradas estarán puestas en los próximos pasos del TSE y en las garantías que ofrezca para asegurar que las elecciones se desarrollen de manera justa y transparente.

Conclusión: Un desafío para la democracia boliviana

La definición de la fecha de las elecciones presidenciales marca un momento crucial en la política boliviana. Con la confianza pública en juego y la necesidad de un proceso electoral blindado, el TSE enfrenta el reto de asegurar la transparencia y legitimidad de los comicios.

La cita del 17 de agosto de 2025 promete ser histórica, no solo por la elección de nuevas autoridades, sino también por el impacto que tendrá en la estabilidad política y social del país.

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Obstáculos para el Congreso del MAS: TSE observa incumplimientos en requisitos

El Congreso Nacional Ordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrenta obstáculos significativos luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observara tres requisitos incumplidos en su solicitud de supervisión. Esta solicitud es crucial ya que el congreso está programado para llevarse a cabo del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, La Paz.

Según la información proporcionada por el TSE, uno de los principales puntos de observación es que la solicitud de supervisión fue suscrita por personas que no figuran como dirigentes nacionales del MAS, ni como delegados políticos nacionales registrados en el TSE. Además, la solicitud no adjunta la lista de representantes que dirigirán el congreso, ni cumple con el requisito de publicación de la convocatoria en medios de comunicación.

Otra observación crucial está relacionada con el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS, que exige que la convocatoria sea emitida por la Dirección Nacional del partido, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. Sin embargo, no se ha cumplido este requisito, lo que genera incertidumbre sobre la validez de la convocatoria.

Este Congreso Nacional Ordinario es especialmente relevante, ya que fue programado por el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce, con el objetivo de definir importantes aspectos internos del partido. Sin embargo, la falta de cumplimiento de los requisitos observados por el TSE pone en riesgo la legitimidad y legalidad del evento.

Por otro lado, desde la Dirección Nacional del MAS se han expresado dudas sobre la legalidad de la convocatoria, alegando que los dirigentes arcistas habrían utilizado de manera indebida el membrete y el sello del partido para realizar trámites ante instancias judiciales y electorales.

Mientras tanto, la celebración del 29 aniversario del MAS por parte de la directiva paralela arcista evidencia la crisis interna que atraviesa el partido, marcada por tensiones entre los liderazgos representados por el expresidente y jefe del partido Evo Morales, y el actual presidente Luis Arce.

Ante esta situación, queda por verse cómo se resolverán las observaciones del TSE y si el Congreso Nacional Ordinario del MAS podrá llevarse a cabo según lo programado, o si se requerirán ajustes y correcciones para garantizar su legalidad y legitimidad.