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Nacionales, Politica

Destituyen a director de El Abra por permitir que Zúñiga usara celular en entrevista

Cochabamba, 17 de abril de 2025

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció el 17 de abril la destitución del director de Régimen Penitenciario de Cochabamba tras descubrirse que el excomandante Juan José Zúñiga, preso en el penal de El Abra, usó un celular para dar una entrevista al medio argentino Data Urgente el 16 de abril. En la entrevista, Zúñiga acusó al presidente Luis Arce de ordenar la movilización militar del 26 de junio de 2024, negando que fuera un golpe de Estado.

Del Castillo calificó el uso del teléfono, un artefacto prohibido en cárceles, como una infracción grave, imponiendo a Zúñiga una sanción de 20 días sin visitas y aislamiento. “No están en una plaza, están en un centro de rehabilitación”, afirmó, descartando un traslado del exgeneral. El ministro reveló que un celular confiscado previamente a Zúñiga contenía mensajes sobre el “golpe de Estado”, que serán usados como prueba judicial, aunque los detalles permanecen reservados por solicitud de abogados.

El caso, a un día del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas el 18 de abril, intensifica la crisis política. Las declaraciones de Zúñiga, junto a las de Sergio Castro sobre supuesta injerencia extranjera, desafían la narrativa oficial del 26J y erosionan la credibilidad del Movimiento Al Socialismo. En un contexto de elecciones inminentes y tensiones económicas, la rápida reacción del Gobierno genera dudas sobre si busca sancionar una falta o silenciar revelaciones incómodas.

Nota: Las afirmaciones de Zúñiga sobre el 26J y las acusaciones de Castro no han sido corroboradas públicamente y deben tratarse como versiones personales, no como hechos confirmados.

Politica, Nacionales

Excapitán de ‘Los Pachajchos’ denuncia injerencia extranjera en Inteligencia boliviana

La Paz, 17 de abril de 2025

Sergio Castro, excapitán del grupo de inteligencia “300” o “Los Pachajchos”, denunció desde el exilio en Estados Unidos la supuesta operación de agentes de Venezuela, Cuba e Irán en las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana. En una entrevista con Que No Me Pierda, Castro afirmó que estos agentes, bajo “fachadas diplomáticas” como la de PDVSA, manejan la Inteligencia nacional desde “casas de seguridad” en La Paz, en Sopocachi y Calacoto, propiedades ligadas al Ministerio de Defensa.

Castro, mencionado por Juan José Zúñiga en su relato sobre el 26J, negó haber desertado y dijo que se apartó por desacuerdos éticos con un supuesto “autogolpe” ordenado por el presidente Luis Arce. Señaló al teniente coronel venezolano Miguel Ángel Lozano Delgado, presunto jefe de PDVSA en Bolivia, y a Hugo Moldiz y Luis Fernando Rodríguez Ureña como líderes de una unidad de Inteligencia en el Ministerio de la Presidencia, acusándolos de orquestar “operaciones sucias” con apoyo cubano y venezolano. También mencionó una minuta del Senado para introducir fuerzas iraníes.

Con el plazo del Tribunal Supremo Electoral este 18 de abril y las elecciones del 17 de agosto acercándose, estas acusaciones, sin pruebas públicas, intensifican la polarización. El Movimiento Al Socialismo, dividido, y una oposición fragmentada enfrentan un contexto de crisis económica y sospechas sobre el litio, mientras las denuncias de Castro alimentan teorías de conspiración en un país donde la confianza en las instituciones está en mínimos. </xaiArtifact>

Nota: Las declaraciones de Sergio Castro sobre la injerencia extranjera y las operaciones de Inteligencia no han sido corroboradas con pruebas públicas y deben tratarse como su versión personal, no como hechos confirmados. ¿Qué te parece?

Politica, Nacionales

Nuevas revelaciones sobre el caso del 26 de junio en Bolivia

16 de abril de 2025

Introducción

El excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, protagonizó una polémica entrevista desde el penal de máxima seguridad en Bolivia, transmitida el 15 de abril de 2025 por el medio argentino Data Urgente. Conducida por el periodista Sebastián Salgado, la segunda parte de esta entrevista profundiza en los eventos del 26 de junio de 2024, cuando tanques y militares se desplegaron frente al Palacio de Gobierno en La Paz, un hecho que el gobierno de Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. Zúñiga, principal acusado, niega categóricamente esta versión y presenta una narrativa alternativa que involucra a figuras clave del gobierno y supuestas injerencias extranjeras. Este artículo analiza las declaraciones de Zúñiga, su contexto político y las reacciones oficiales, incluyendo la respuesta del ministro de Justicia, César Siles, quien desestimó la validez legal de estas afirmaciones.

Contexto de la entrevista

La entrevista, titulada “Zúñiga habla desde la cárcel en Bolivia – Segunda parte caso Handam”, fue publicada en el canal de YouTube de Data Urgente el enlace al video. En ella, Zúñiga aborda los eventos del 26 de junio, negando que se tratara de un golpe de Estado y alegando que el despliegue militar fue ordenado por el presidente Arce para “placar movilizaciones” y mejorar su popularidad. Además, menciona reuniones secretas con altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el presidente mismo, así como supuestos vínculos con figuras extranjeras, como Fernando Handam y Sonan Liberman, este último presuntamente ligado a la embajada de Estados Unidos y de ascendencia israelí.

Zúñiga también acusa al gobierno de planificar la entrega de armas a movimientos sociales para formar milicias, una estrategia que, según él, buscaba contrarrestar posibles levantamientos armados. Estas afirmaciones han generado revuelo en Bolivia, especialmente en un contexto electoral crucial para 2025, donde el control de los recursos naturales, como el litio, está en el centro del debate político.

Principales puntos de la entrevista

  1. Negación del golpe de Estado: Zúñiga insiste en que no hubo un intento de golpe el 26 de junio. Según él, los 14 tanques desplegados en la Plaza Murillo fueron movilizados por orden directa del presidente Arce para disuadir movilizaciones sociales y evitar enfrentamientos con la policía o movimientos afines al gobierno. Afirma que su acción fue “heroica” al replegar las unidades militares y evitar un “derramamiento de sangre”.
  2. Reuniones secretas con el gobierno: Zúñiga describe reuniones con una “cúpula íntima” del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el propio Arce. En una de estas, realizada a las 11 de la noche, se discutió la baja popularidad del presidente y se propusieron tres opciones: transferir el poder a los movimientos sociales, establecer una junta militar o realizar un “fujimorazo” (disolver la Asamblea Legislativa). Zúñiga asegura que estas ideas fueron rechazadas por riesgos políticos.
  3. Acusaciones de armamento para milicias: Zúñiga alega que, tres meses antes del 26 de junio, funcionarios como Moldiz y Rodríguez Ureña le pidieron proporcionar armas (fusiles Mauser) a grupos civiles para formar milicias leales al gobierno. Él se negó, argumentando que esto provocaría un “derramamiento de sangre”. También menciona un supuesto pedido de 5,000 fusiles AK-47 a un vendedor extranjero, gestionado por Rodríguez Ureña.
  4. Supuesta injerencia extranjera: Zúñiga señala a Fernando Handam, descrito por Infobae como un activista de derechos humanos, como una figura que lo contactó días antes del 26 de junio para ofrecerle apoyo de “israelitas poderosos”. Zúñiga dice que solo se reunió con Handam por 20 minutos y que no entendió su rol, aunque lo vincula a una ONG y a críticas previas en redes sociales. También menciona a Sonan Liberman, presunto funcionario de la embajada de Estados Unidos con ascendencia israelí, aunque afirma no conocerlo.
  5. Contexto político y recursos naturales: Zúñiga interpreta los eventos como parte de una lucha por el control del litio boliviano, donde potencias extranjeras (China, Rusia, Estados Unidos) y transnacionales buscan generar crisis políticas y sociales para saquear los recursos del país. Advierte que Bolivia podría enfrentar una guerra civil si no se protege su soberanía.

Reacciones oficiales

El ministro de Justicia, César Siles, desestimó las declaraciones de Zúñiga, afirmando que “no tienen ninguna validez legal” ya que no forman parte del proceso judicial en curso. Siles señaló que Zúñiga ya declaró tres veces ante las autoridades y tiene programada una cuarta declaración para el 22 de abril de 2025. Además, calificó las afirmaciones como un intento de defensa sin valor procesal.

Por su parte, Hugo Moldiz, exministro y uno de los señalados por Zúñiga, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de mentiras. Otros funcionarios mencionados, como el ministro de Defensa y la ministra de la Presidencia, no han emitido comentarios públicos hasta la fecha de este artículo.

Análisis crítico

Las declaraciones de Zúñiga plantean varias cuestiones que merecen un análisis cuidadoso:

  • Credibilidad de Zúñiga: Como acusado en un proceso por intento de golpe de Estado, Zúñiga tiene un interés claro en presentar una narrativa que lo exculpe. Su insistencia en que actuó bajo órdenes de Arce y su negación del golpe contrastan con la versión oficial y las imágenes del 26 de junio, que muestran tanques frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, la falta de acceso público a pruebas judiciales dificulta verificar sus afirmaciones.
  • Contexto político-electoral: Bolivia se encuentra en un año electoral crucial, y las acusaciones de Zúñiga podrían tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno de Arce. Sus menciones al litio y a la injerencia extranjera resuenan con preocupaciones nacionales sobre la soberanía, pero también podrían ser una estrategia para desviar la atención de su responsabilidad.
  • Supuesta injerencia extranjera: Las referencias a Handam y Liberman, junto con la mención de “israelitas poderosos”, alimentan teorías de conspiración sobre la influencia de Israel y Estados Unidos en Bolivia. Sin embargo, Zúñiga no proporciona pruebas concretas, y su breve encuentro con Handam sugiere un vínculo débil. La caracterización de Infobae como un medio al servicio de intereses israelíes, hecha por el entrevistador, refuerza un tono sensacionalista que podría polarizar aún más el debate.
  • Acusaciones contra el gobierno: Las afirmaciones sobre un plan para armar milicias y las reuniones secretas con Arce son graves, pero carecen de corroboración independiente. La mención de un “fujimorazo” y la manipulación del padrón electoral son acusaciones explosivas que, de ser ciertas, implicarían una crisis institucional profunda. Sin embargo, la falta de detalles específicos y la negación de figuras como Moldiz debilitan estas afirmaciones.

Implicaciones para Bolivia

La entrevista de Zúñiga, aunque desestimada legalmente, tiene un impacto político innegable. En un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, sus declaraciones podrían avivar tensiones entre el gobierno, las fuerzas armadas y la oposición. Además, el énfasis en el litio como móvil de una supuesta conspiración extranjera refleja preocupaciones reales sobre la explotación de recursos estratégicos, un tema que probablemente dominará la campaña electoral de 2025.

El caso también pone en cuestión la transparencia del proceso judicial contra Zúñiga. Su afirmación de estar “condenado en silencio” y la falta de acceso público a su versión completa generan dudas sobre la imparcialidad del sistema. Por otro lado, el gobierno enfrenta el desafío de contrarrestar estas narrativas sin alimentar teorías de conspiración que puedan desestabilizar aún más el país.

Conclusión

La entrevista de Juan José Zúñiga ofrece una perspectiva provocadora sobre los eventos del 26 de junio de 2024, pero está marcada por la falta de pruebas concretas y el contexto de su situación legal. Si bien sus acusaciones contra el gobierno y supuestas injerencias extranjeras generan titulares, no han sido respaldadas por evidencia verificable, y las autoridades las han desestimado. En un año electoral crucial, este caso subraya la fragilidad política de Bolivia y la necesidad de un diálogo transparente para abordar las tensiones sociales y económicas. Mientras el proceso judicial avanza, la verdad sobre el 26 de junio sigue siendo esquiva, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre.

Fuentes:

  • Entrevista en Data Urgente (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y9ZLwlSG-2Q)
  • Declaraciones del ministro César Siles, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
  • Respuesta de Hugo Moldiz, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
Politica, Nacionales

Siles desmiente a Zúñiga y defiende la narrativa oficial del 26J

La Paz, 16 de abril de 2025

El ministro de Justicia, César Siles, afirmó el 16 de abril que las declaraciones del excomandante Juan José Zúñiga, quien acusó al presidente Luis Arce de ordenar la movilización militar del 26 de junio de 2024, “no tienen validez legal”. En conferencia de prensa, Siles señaló que los temas judiciales se resuelven ante la Fiscalía, no en medios, y destacó que Zúñiga ya declaró tres veces, con una cuarta audiencia prevista para el 22 de abril. “Sus dichos a la prensa no son prueba”, aseguró.

Zúñiga, recluido en El Abra, afirmó en entrevistas con Data Urgente y Erbol que Arce le instruyó el 23 de junio, durante un partido de básquet, desplegar tanques para “levantar su popularidad” ante conflictos sociales, mencionando un supuesto “fujimorazo” con asesores como Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez. El exgeneral calificó el documental oficial sobre el 26J como un “montaje”. Las declaraciones desataron críticas de Evo Morales, quien acusó al Gobierno de mentir, y de Jorge “Tuto” Quiroga, quien exigió explicaciones a Arce.

Con el plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas el 18 de abril, el caso 26J profundiza la crisis política. El Movimiento Al Socialismo, dividido entre Arce y Morales, enfrenta un contexto de escasez de combustible y cuestionamientos a la narrativa oficial. Siles defendió el proceso judicial, asegurando que las acusaciones de Zúñiga serán evaluadas formalmente, pero la polarización y la desconfianza marcan un proceso electoral cada vez más incierto.

Politica, Nacionales

Huaytari busca paralizar elecciones con recurso al TCP, calificado como “aberración”

La Paz, 16 de abril de 2025

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, presentó el 14 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo paridad de género en las duplas presidenciales para las elecciones del 17 de agosto. El recurso, que solicita una medida cautelar para suspender el proceso electoral, fue calificado como una “aberración” por el constitucionalista Eusebio Vera, quien señaló que los artículos 166 y 167 de la Constitución Política del Estado no contemplan equidad en cargos unipersonales como la presidencia.

Huaytari, sin pasar por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumenta que la convocatoria electoral debe incluir binomios hombre-mujer, pese a que la Carta Magna solo exige paridad en cargos legislativos (artículo 147). Vera aclaró que el TCP debe admitir el recurso, pero tiene la potestad de rechazar la medida cautelar según el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, priorizando el “bien mayor”. El politólogo Marcelo Silva advirtió que la acción pone en riesgo el calendario electoral, que fija el 18 de abril como plazo para registrar alianzas y el 19 de mayo para inscribir candidatos.

Fuentes del TSE confirmaron que el recurso no pasó por su instancia y recordaron que la paridad en candidaturas ya fue debatida sin éxito en la Asamblea Legislativa. Los vocales electorales habían solicitado una ley para garantizar el principio de preclusión, pero el pedido no prosperó. En un contexto de división del MAS y fragmentación opositora, el movimiento de Huaytari genera incertidumbre sobre el proceso electoral y aviva temores de maniobras políticas.

Politica, Nacionales

Zúñiga asegura que el 26J no fue un golpe y acusa a Arce de ordenar la movilización

Por un cronista con el derecho hecho trizas
La Paz, 15 de abril de 2025

El exgeneral Juan José Zúñiga, principal acusado por el intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, rompió su silencio en una entrevista con el medio argentino Data Urgente desde la cárcel de El Abra. En la conversación, transmitida el 15 de abril, afirmó que el presidente Luis Arce le ordenó el 23 de junio, durante un encuentro en el colegio La Salle, movilizar tanques y armamento para “levantar su popularidad” ante una semana de conflictos sociales. “No fue golpe, cumplí una orden presidencial”, aseguró.

Zúñiga relató que organizó el traslado de blindados desde la frontera tras coordinar con altos mandos militares y que el 25 de junio se reunió encapuchado en la Casa Grande del Pueblo con Marianela Prada y el ministro de Defensa, quienes le informaron de su relevo. Según él, la acción del 26J buscaba generar enfrentamientos con la Policía y movimientos sociales, no derrocar al Gobierno. También acusó a Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez de operar una unidad de inteligencia paralela y calificó el documental oficial sobre el caso como un “montaje” que involucra a inocentes.

La declaración, a tres días del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas el 18 de abril, agudiza la polarización política. Con el Movimiento Al Socialismo fracturado y las elecciones del 17 de agosto acercándose, las afirmaciones de Zúñiga, aunque no respaldadas por pruebas públicas, reavivan las dudas sobre los hechos de plaza Murillo y complican la narrativa del oficialismo en un contexto de creciente desconfianza.

Nacionales, Politica

Alianza entre Evo Morales y el FPV al borde de la ruptura

Por un cronista con voto hecho trizas
Cochabamba, 9 de abril de 2025

La alianza electoral entre Evo Morales, líder de Evo Pueblo, y el Frente Para la Victoria (FPV) pende de un hilo tras las declaraciones del expresidente el 8 de abril en Lauca Ñ. “Hemos hecho un acuerdo, no alianza, con el FPV; si no cumplen, otros nos quieren”, afirmó Morales, desatando la furia de Eliseo Rodríguez, presidente del FPV. “Estamos cerca de romper”, respondió Rodríguez en el programa Medios & Miedos, anunciando una conferencia para este 9 de abril en La Paz o Cochabamba para aclarar la situación.

Sellada el 20 de febrero, la alianza buscaba ser la plataforma de Morales para las elecciones del 17 de agosto tras perder el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) por una sentencia constitucional. Sin embargo, tensiones como la propuesta de Morales de incluir a Eduardo Rodríguez Veltzé como candidato a vicepresidente, rechazada por el FPV por motivos estatutarios, y las críticas públicas al partido han fracturado la relación. Rodríguez lamentó la “carga tremenda” de aliarse con Morales, cuestionado por sectores mediáticos.

Con el plazo del Tribunal Supremo Electoral para inscribir alianzas el 18 de abril, una ruptura dejaría a Morales sin sigla electoral, complicando su retorno al poder. Mientras el MAS arcista y la oposición enfrentan sus propias crisis, el futuro político de Evo pende de un delicado equilibrio.

Politica

Oposición fracturada y Andrónico Rodríguez emerge como candidato en Bolivia

Por un cronista con el MAS hecho trizas
La Paz, 7 de abril de 2025

El Bloque de Unidad, alianza opositora destinada a enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 17 de agosto, se desmorona a días del plazo para inscribir alianzas el 18 de abril. Jorge “Tuto” Quiroga, precandidato y expresidente, se desmarcó de una encuesta iniciada el 4 de abril por Samuel Doria Medina, denunciándola como “ilegal” en una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No la financié ni participé”, afirmó, advirtiendo riesgos de inhabilitación tras la convocatoria electoral del 4 de abril. Doria Medina, por su parte, insistió en su legalidad bajo el Artículo 131 de la Ley Electoral, que exime de registro a sondeos privados.

Mientras, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, marcó distancia del evismo y fue proclamado candidato presidencial el 5 de abril en Potosí por organizaciones sociales. “Bolivia necesita valientes que miren a todos los rincones”, declaró, recibiendo un bastón de mando. En paralelo, Evo Morales organiza listas en el Chapare, y precandidatos como Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung avanzan con sus propias encuestas y campañas en redes, desafiando el calendario electoral.

La fractura opositora, sumada a la crisis interna del MAS entre Morales y Luis Arce, deja un panorama incierto. Con el TSE exigiendo claridad en plazos y métodos, el riesgo de una oposición fragmentada podría consolidar al oficialismo, pese a su desgaste tras cinco años de tensiones económicas y políticas.

Nacionales, Politica

Iván Arias y la gestión del desastre en Codavisa: ¿Incompetencia o falta de sentido común?

En medio de la emergencia por los deslizamientos de tierra en la urbanización Codavisa, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se convirtió en el centro de las críticas tras aparecer en un video “midiendo” los movimientos de tierra con una botella de agua de 3 litros. Mientras las familias afectadas clamaban por ayuda profesional y maquinaria para rescatar sus pertenencias, la autoridad edil optó por un “experimento” que dejó a muchos preguntándose si es este el liderazgo que necesita una ciudad en crisis.

Los vecinos de Codavisa, cuyas viviendas sufrieron rajaduras y hundimientos, exigieron apoyo inmediato para trasladar sus pertenencias. Sin embargo, la respuesta de Arias se limitó a anunciar resguardo policial y militar, sin ofrecer soluciones concretas. ¿Dónde están los geólogos, los ingenieros y los equipos de Defensa Civil que deberían estar liderando esta emergencia?

Mientras el alcalde habla de “analizar” su posible repostulación, los paceños se preguntan si no sería mejor que analice cómo salir del paso sin seguir haciendo el ridículo. La Paz necesita líderes que prioricen la seguridad y el bienestar de sus habitantes, no experimentos caseros con botellas de agua.

Nacionales, Economia, Politica

YPFB y la crisis del combustible: promesas vacías y obstáculos insalvables

Jorge Richter, exvocero presidencial, ha puesto en duda las promesas de YPFB sobre la compra directa de combustible a precios internacionales. Según Richter, la oferta es “irreal” debido al control que YPFB ejerce a través de su filial Botrading S.A., lo que imposibilita una verdadera liberalización del mercado. Además, advierte que Bolivia no aguantará más de 10 días sin abastecimiento de combustible, lo que podría generar una indignación colectiva capaz de derrumbar al gobierno de Luis Arce.

Richter también critica la falta de tiempo para implementar reformas constitucionales que permitan una liberalización plena del mercado de combustibles. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y Bolivia se acerca a una crisis energética sin precedentes.