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Noticias relacionadas con el ámbito político de Bolivia, incluyendo elecciones, decisiones gubernamentales y eventos políticos relevantes.

Desisten del Pedido de Revocatorio para el Alcalde Jhonny Fernández por Burocracia y Falta de Recursos

A pesar de haber superado holgadamente la cantidad de firmas requeridas por el Tribunal Electoral, la plataforma ciudadana que impulsó el proceso de revocatorio para el alcalde Jhonny Fernández ha decidido desistir de la medida. La razón principal detrás de esta decisión radica en la burocracia excesiva y la falta de recursos económicos para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades electorales.

La exigencia del Tribunal Electoral para llevar a cabo el revocatorio al alcalde Fernández era de 325.763 firmas, una cifra que fue superada por la plataforma ciudadana. “Hemos conseguido más de 326.000 firmas. Son todas esas personas que no están satisfechas con la gestión municipal actual y que demandan obras y mejores condiciones de salud y educación”, afirmó Lilibeth Coímbra, una de las activistas involucradas en el proceso.

Sin embargo, a pesar del éxito en la recolección de firmas, la plataforma se vio enfrentada a numerosos procedimientos burocráticos que implicaban costos económicos significativos y obstáculos adicionales que hicieron imposible completar los requisitos establecidos por el Tribunal Electoral. Según Coímbra, la digitalización y el cierre de los libros requerían una suma considerable de dinero que la plataforma no pudo costear.

Se estima que para notariar los 3.604 libros llenados con firmas se necesitarían más de Bs 122.000. “Este monto es adicional a lo ya gastado para abrir los libros, y ahora nos piden más”, agregó la activista, destacando las dificultades financieras que enfrentaron.

Coímbra subrayó que, si bien se lograron reunir las firmas necesarias, no se pudieron completar los requisitos debido principalmente a la falta de recursos y a las trabas impuestas por los organismos estatales.

Ante esta situación, la activista anunció que los libros con las firmas recolectadas serán destruidos en los próximos días para evitar cualquier uso indebido por parte de terceros.

La apertura de los libros se llevó a cabo en el último mes del 2023, y desde entonces se habilitaron varios puntos de recolección en el centro y las plazas de la ciudad para recabar las firmas necesarias. Sin embargo, las dificultades financieras y burocráticas han impedido que el proceso llegue a su fin, dejando insatisfechos a muchos ciudadanos que buscaban ejercer su derecho democrático a través del revocatorio.

ESTADOS UNIDOS acusa a China de influir en las elecciones de 2024 con su APP TIKTOK

El informe entregado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha desatado un nuevo debate sobre la influencia de China en las elecciones estadounidenses a través de la popular plataforma de redes sociales TikTok. Según el informe, el Gobierno chino habría utilizado cuentas en TikTok para influir en las elecciones de medio mandato de 2022, con el objetivo de perjudicar a candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano.

Las elecciones de 2022 fueron un punto de inflexión en el escenario político estadounidense, con los demócratas conservando el Senado y perdiendo la Cámara Baja por estrecho margen. Ahora, la inteligencia estadounidense advierte que China podría intentar interferir nuevamente en las elecciones de 2024, buscando perjudicar a quienes critican al país asiático y ampliar las divisiones en la sociedad estadounidense.

Esta preocupación se suma a la creciente capacidad de los actores gubernamentales chinos para llevar a cabo acciones encubiertas y difundir desinformación. Como respuesta, la Cámara Baja de Estados Unidos está considerando un proyecto de ley que obligaría a TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, a desprenderse de sus lazos con China para evitar su prohibición en el país.

La posibilidad de prohibir TikTok ha generado un intenso debate político, con argumentos a favor y en contra. El expresidente Donald Trump ha expresado su apoyo a la prohibición de TikTok, considerándola una amenaza nacional. Sin embargo, también ha señalado que una prohibición beneficiaría a plataformas como Facebook.

Mientras tanto, TikTok sigue siendo una de las redes sociales más populares del mundo, con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Su creciente influencia entre los jóvenes y su potencial para la difusión de información la convierten en un tema de preocupación para las autoridades estadounidenses, que buscan proteger la integridad de sus procesos electorales ante posibles interferencias extranjeras.

“Vino a hablar mal de mí”: López Obrador responde a críticas de diputada española

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no es ajeno a las críticas que recibe de diversos sectores políticos, tanto dentro como fuera del país. Recientemente, el mandatario mexicano respondió a las críticas de la diputada española ultraconservadora Cayetana Álvarez de Toledo, quien condenó la estrategia de López Obrador contra el narcotráfico.

En una conferencia de prensa, López Obrador comentó sobre la presencia de Álvarez de Toledo en México: “Acaban de traer una señora de una asociación que hay en México, una diputada española. Sí, le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí, la verdad”. El presidente agregó que consideraba un orgullo que una representante de la ultraderecha cuestionara su gobierno.

López Obrador no dudó en relacionar las críticas de Álvarez de Toledo con las campañas políticas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. De manera irónica, el presidente señaló: “Esto va a continuar, tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio de los que quieren regresar por sus fueros. Yo también quiero que regresen pero lo que se robaron”.

Álvarez de Toledo había criticado la estrategia del presidente mexicano para enfrentar al narcotráfico, la cual se basa en políticas de pacificación y en poner fin a la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por gobiernos anteriores. Durante su participación en la Feria de las Ideas en Puebla, México, la diputada española expresó su preocupación por la situación en México, afirmando que el país está siendo tomado por el crimen organizado debido a la complacencia de quienes deberían defenderlo.

La crítica de Álvarez de Toledo se centró especialmente en el lema presidencial de López Obrador: “abrazos, no balazos”, el cual considera que, si bien es un eslogan bonito, ha tenido resultados catastróficos para la democracia y para los jóvenes mexicanos, muchos de los cuales están siendo víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico.

Las palabras de la diputada española generaron reacciones tanto en México como en España, destacando la polarización política y las diferencias ideológicas que persisten en ambos países. La respuesta de López Obrador refleja su postura firme ante las críticas, mostrando su disposición a enfrentarlas en el marco de un proceso democrático y electoral.

Caso “decretazo”: se suspende el inicio del juicio oral ante la ausencia del gobernador Camacho

La espera por el inicio del juicio oral del caso “decretazo” se prolongará hasta el 11 de abril, luego de que el Juzgado Octavo de Sentencia de la capital cruceña suspendiera la audiencia debido a la ausencia del gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca.

Originalmente programada para este lunes, 11 de marzo, a las 13:30 en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de presencia física del gobernador Camacho, quien se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz. El traslado planeado desde esa ciudad hasta la capital cruceña no se realizó, siguiendo argumentos presentados por la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Transparencia.

El caso “decretazo” gira en torno a la emisión del Decreto 373 el 9 de marzo, mediante el cual Camacho delegó sus funciones a un secretario, evadiendo así la asignación temporal de responsabilidades al vicegobernador Mario Aguilera, según lo estipulado por el artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz.

La suspensión de la audiencia representa un nuevo capítulo en este proceso judicial que ha captado la atención nacional. Se espera que el 11 de abril, la presencia de Camacho en el tribunal permita el inicio del juicio oral y el esclarecimiento de los hechos relacionados con el “decretazo”.

La familia del Gobernador de Santa Cruz se presenta en audiencia judicial

En un momento crucial para el proceso judicial que enfrenta el Gobernador de Santa Cruz, su familia ha decidido acompañarlo en el salón de audiencias del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del Palacio de Justicia.

La presencia de la familia del Gobernador en la audiencia ha generado atención y expectativas sobre posibles declaraciones o comentarios sobre el caso en cuestión. Sin embargo, hasta el momento, han optado por no emitir declaraciones públicas, prefiriendo reservar sus opiniones y comentarios para después de la conclusión de la audiencia en curso.

Se espera que una vez concluida la audiencia, la familia del Gobernador pueda ofrecer comentarios sobre el desarrollo de los acontecimientos y expresar su posición en relación con el caso en discusión.

Mientras tanto, el ambiente en el salón de audiencia permanece tenso y expectante, con la mirada puesta en el desarrollo de los acontecimientos y en la esperanza de que se haga justicia en el caso del Gobernador de Santa Cruz preso ahora en Chonchocoro.

Abogado de Camacho advierte que su traslado debió ser el domingo y anuncia acciones legales

El equipo legal que representa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra bajo detención en Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, ha emitido una advertencia contundente. Martín Camacho, abogado del gobernador, señaló que el traslado de su defendido a la capital cruceña para la audiencia del juicio oral por el caso Decretazo debió haberse realizado el domingo.

“La orden judicial del 31 de enero del año indicaba que el gobernador debía ser trasladado el día de ayer, domingo 10 de marzo, para así evitar cualquier demora o dilación en el inicio del juicio, que está programado para este lunes a las 13.30”, declaró el abogado a Unitel.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz había ordenado el traslado de Camacho a la cárcel de Palmasola para permitir su asistencia presencial en el juicio del caso Decretazo. Sin embargo, la orden no se cumplió, lo que llevó al abogado a apuntar al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, Marco Gonzales, donde actualmente cumple su detención.

“Ya pasó el día de traslado y la orden se ha incumplido. Vamos a notificar para así el Tribunal pida los informes correspondientes y después nosotros sigamos las acciones que corresponden; sea por la vía administrativa o la penal”, advirtió el abogado.

A pesar del contratiempo, se espera que el traslado se lleve a cabo este lunes, horas antes del inicio del juicio. Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, señaló que Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justicia no resuelva el incidente presentado el viernes. Según Siles, la institución no fue notificada para ser parte del inicio del juicio oral contra el gobernador.

En el caso por el cual se le juzga, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a la aprobación de un decreto departamental antes de su viaje a Brasil en marzo del año pasado. Este decreto, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debía ser firmado por el vicegobernador, Mario Aguilera, quien no fue notificado para el reemplazo y alegó que el decreto fue “bajado” después de la Gaceta Departamental.

El caso ha generado controversia y tensiones políticas en la región, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) considerando ilegal el procedimiento y la Gobernación de Santa Cruz admitiendo un error en el retiro del decreto y anunciando una investigación al respecto. Mientras tanto, Luis Fernando Camacho permanece bajo detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrentando acusaciones en dos casos judiciales de gran relevancia para el país.

Procurador respalda legalidad de magistrados prorrogados en respuesta al Senado

El Procurador General del Estado, César Siles, ha emitido una respuesta contundente al Senado tras una conminatoria para que la Procuraduría asuma una posición respecto a la situación de los magistrados prorrogados en Bolivia. En su comunicado, Siles defendió la legalidad de la prórroga de los magistrados y cuestionó la competencia del Senado para presionar a la institución.

Siles expresó su sorpresa ante la resolución del Senado y destacó que la Cámara Alta no tiene la competencia para realizar conminatorias a la Procuraduría. Asimismo, señaló que cualquier requerimiento debería haberse realizado a través de los mecanismos adecuados de fiscalización, respetando el orden constitucional.

En el corazón del argumento del Procurador se encuentra la validez de la Resolución Constitucional 049, que respalda la permanencia de los magistrados en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales en el país. Según Siles, esta resolución constitucional sigue en vigencia y, mientras no sea modificada por una nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prórroga de los magistrados es completamente legal.

Además de abordar la cuestión de los magistrados prorrogados, el Procurador destacó la estrategia de defensa preventiva del Estado, que ha logrado reducir significativamente los costos relacionados con litigios. Siles enfatizó que la mejor defensa es evitar llegar al litigio, y señaló que actualmente se están negociando acuerdos en ocho de los doce casos en los que el Estado está involucrado.

Un ejemplo destacado es el caso de Copasa, una empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ha presentado un arbitraje para reclamar pagos. La Procuraduría está trabajando en encontrar soluciones negociadas para evitar llegar a un proceso legal, lo que podría resultar en un ahorro significativo para el Estado.

En resumen, la respuesta del Procurador a la conminatoria del Senado no solo respalda la legalidad de la prórroga de los magistrados, sino que también destaca la eficacia de la estrategia de defensa preventiva del Estado para evitar costosos litigios.

Evo Morales anuncia la celebración del 31 aniversario del MAS en Yapacaní el 30 de marzo y denuncia crímenes de odio

El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció la celebración del 31 aniversario de su partido político en el estadio de Yapacaní el próximo 30 de marzo. Sin embargo, este anuncio llega en medio de un clima de tensión marcado por los ataques y calumnias en su contra, que él mismo ha denunciado como crímenes de odio.

Durante una declaración, Morales destacó que los ataques dirigidos hacia su persona van más allá de simples desacuerdos políticos, calificándolos como manifestaciones de odio, racismo y discriminación. “Yo estoy viendo que los ataques son crímenes de odio, racismo, discriminación, crímenes de odio”, expresó el líder político.

Morales citó ejemplos de las injurias y descalificaciones que ha enfrentado, desde comparaciones con animales hasta declaraciones despectivas por parte de figuras públicas. Estos ataques, según Morales, reflejan una forma de “recolonización” impulsada por el actual gobierno nacional.

Ante esta situación, el exmandatario anunció su intención de emprender acciones legales contra aquellos responsables de difamarlo y atacarlo con base en prejuicios y odio. Morales manifestó su deseo de contar con la asesoría de un abogado para presentar una demanda por lo que considera crímenes de odio.

La celebración del aniversario del MAS en Yapacaní se presenta como un evento importante para el partido político, pero también como una oportunidad para Morales y sus seguidores de reafirmar su compromiso con la lucha contra la discriminación y el racismo, así como para rechazar cualquier forma de odio que busque socavar su movimiento político.

Traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz: Un proceso lleno de incertidumbre

El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para enfrentar su juicio por el caso Decretazo sigue sumido en un mar de incertidumbre. El director del penal, Marco Gonzales, ha comunicado que por razones de seguridad y para salvaguardar la integridad física tanto del gobernador como del personal policial designado como escolta, no se puede proporcionar información sobre la fecha, hora y medios de transporte para cumplir con la orden judicial.

El tribunal competente ha ordenado expresamente el traslado de Camacho a Santa Cruz, desestimando la posibilidad de llevar a cabo el juicio de manera virtual, a pesar de las sugerencias en contrario del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Este último teme que el traslado provoque manifestaciones similares a las ocurridas tras la aprehensión del gobernador el 28 de diciembre de 2022.

En un giro inesperado, se reveló que los internos de la penitenciaría cruceña de Chonchocoro han rechazado la llegada de Camacho. Sin embargo, el abogado del gobernador, Martín Camacho, ha expresado su confianza en que su cliente cumplirá con la orden judicial y se presentará en Santa Cruz para enfrentar las acusaciones relacionadas con el caso Decretazo.

Este caso gira en torno a la controvertida decisión de Camacho de delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, durante su viaje a Brasil en marzo de 2022, para asistir a un encuentro de gobernadores. Para ello, emitió el Decreto Departamental 373. Sin embargo, según el Estatuto Autonómico cruceño, en ausencia del gobernador debería haber asumido el vicegobernador, Mario Aguilera, quien alega no haber sido notificado del reemplazo y que el decreto fue publicado de manera irregular.

El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra Camacho por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, solicitando una sentencia de seis años de cárcel. Además, el gobernador se encuentra actualmente en detención preventiva en La Paz por su presunta participación en el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Tres Magistrados Buscan Continuar en Altos Tribunales: Presentan Postulación

A tan solo dos días del cierre de inscripciones para las elecciones judiciales del 2024, tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han optado por postularse para ocupar cargos en otros tribunales. Entre ellos se encuentran Ricardo Torres, quien anteriormente ocupó la presidencia del TSJ, y Olvis Égüez, ambos aspirando a formar parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que Juan Carlos Berrios busca un puesto en el Consejo de la Magistratura.

Torres, en su función como presidente del TSJ, ha presentado una consulta ante el TCP sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de Elecciones Judiciales 2023, el cual extendió el mandato de los actuales magistrados hasta que se elijan a sus sucesores por voto popular.

Égüez, por otro lado, preside la Sala Penal y el Tribunal de Juicio del caso Petrocontratos, cuyo proceso ha sido suspendido a la espera de una consulta al TCP.

Berrios, quien preside la Sala Civil, junto a su colega Marco Ernesto Jaimes, ahora presidente del TSJ, lograron mantener al día las causas del tribunal mediante sorteos públicos durante su gestión de seis años.

La lista de postulantes incluye también a vocales ordinarios y constitucionales. Destacan Marco Antonio Justiniano Mejía y Jesús Martín Subirana Martínez, vocales constitucionales del Beni, quienes inicialmente paralizaron las elecciones judiciales al admitir una acción de amparo de un postulante a magistrado. También figura Charles Mejía Cardozo, vocal de Beni, quien cuestionó a Gonzalo Hurtado por ejercer dos periodos de seis años, primero en el TSJ y luego en el TCP, acusándolo de formar parte de una presunta “estructura de megacorrupción”.

Entre los aspirantes se encuentra Zenón Bacarreza, ex magistrado y expresidente del TCP, conocido por su fallo en el caso de la habilitación de Evo Morales a la reelección indefinida en 2017, quien busca regresar al Consejo de la Magistratura.