La reciente decisión de Venezuela de prohibir que los aviones registrados en Argentina atraviesen su espacio aéreo ha desencadenado tensiones diplomáticas entre las dos naciones, llevando a Argentina a tomar medidas rápidas contra Caracas.
Manuel Adorni, el vocero presidencial, condenó la acción de Venezuela, afirmando que perjudica a Argentina. El gobierno argentino asegura que Venezuela emitió una orden que prohíbe que los aviones con matrícula argentina entren a su espacio aéreo.
En respuesta, Buenos Aires ha iniciado acciones diplomáticas contra el gobierno venezolano. Adorni lo anunció este martes, aunque no se especificaron las medidas concretas tomadas.
Adorni enfatizó que la decisión de Caracas afecta no solo a Aerolíneas Argentinas sino a todas las aeronaves con registro argentino, contrariamente a lo que se había especulado anteriormente.
“La prohibición no se aplica solo a Aerolíneas Argentinas, sino a todas las aeronaves con registro argentino; varios vuelos privados ya han enfrentado este problema”, confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino a El Cronista.
Informes sugieren que la decisión de Caracas obligó a los vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Punta Cana (República Dominicana) y Nueva York (EE. UU.) a desviarse y cruzar por Guyana.
Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino envió dos notas de protesta a Caracas. Además, Argentina planea presentar una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de las Naciones Unidas que facilita la cooperación entre países y el uso compartido del espacio aéreo para beneficio mutuo.
¿Medida Recíproca?
Aunque Caracas no ha comentado sobre el asunto, Adorni alega que la prohibición “forma parte de una medida de represalia tomada por el gobierno venezolano” con respecto a un incidente que involucra a una aeronave venezolana perteneciente a la Empresa de Transporte Aéreo del Sur (Emtrasur S.A.), una subsidiaria de la empresa estatal venezolana Conviasa.
La aeronave en cuestión, un Boeing 747-300 con matrícula YV 3531, fue confiscada en Argentina y enviada a Estados Unidos el 12 de febrero, con la autorización explícita del gobierno de Javier Milei.
Según Adorni, el gobierno argentino simplemente cumplió con la orden de secuestro del avión emitida por el tribunal estadounidense. Agregó que la aeronave supuestamente está vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán: “Argentina no se dejará extorsionar por patrocinadores del terrorismo”, enfatizó.
Sin embargo, en ese momento, Caracas denunció el secuestro de la aeronave como un “robo descarado”, acusando a Argentina y a Estados Unidos de “violar descaradamente todas las regulaciones que rigen la aviación civil”, así como los derechos comerciales, civiles y políticos de Emtrasur, poniendo en peligro la seguridad aérea en la región.
A fines de febrero, se reveló que la aeronave había sido desmantelada en Estados Unidos. En esa ocasión, Venezuela rechazó de manera categórica lo que consideró “acciones de vandalismo” por parte de Washington.
La disputa en curso subraya las tensas relaciones entre Argentina y Venezuela, planteando preocupaciones sobre la posible escalada de tensiones en la región.
