El 17 de julio de 1980, Luis García Meza encabezó un golpe de Estado que sumió a Bolivia en uno de los capítulos más oscuros de su historia. Su dictadura, marcada por masacres, represión y nexos con el narcotráfico, dejó un saldo de 155 muertos, miles de exiliados y un país fracturado. Sin embargo, a diferencia de otros dictadores bolivianos, García Meza enfrentó un juicio de responsabilidades, el primero de su tipo en la historia nacional, que culminó con una condena de 30 años de prisión sin indulto. Este proceso, impulsado por el abogado Juan del Granado, es una rara victoria contra la impunidad, pero también un recordatorio de la fragilidad de la justicia frente al poder.
Un Juicio Histórico
Tras el colapso de su régimen en 1981, García Meza huyó a Brasil, pero fue extraditado en 1995 para enfrentar un proceso sin precedentes. Según Juan del Granado, exalcalde de La Paz y principal impulsor del juicio, se acusó al dictador de más de 50 delitos, agrupados en ocho categorías: desde alzamiento armado y violaciones constitucionales hasta masacres como las de Harrington y Senkata, pasando por corrupción y nexos con el narcotráfico. “No fue un juicio ordinario; la justicia común no tenía la fuerza para enfrentar a un exmandatario respaldado por militares”, explicó Del Granado a La Razón. Por ello, el caso se llevó a la Corte Suprema de Justicia, donde, tras años de lucha liderada por familias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, se dictó sentencia en 1993.
El Legado de la Dictadura
El régimen de García Meza, que duró apenas un año, dejó cicatrices profundas. Apoyado por paramilitares y vinculado al narcotráfico, su gobierno clausuró el Congreso, prohibió partidos políticos y persiguió a opositores. La masacre de la calle Harrington, donde murieron líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y los asesinatos en Senkata son solo una muestra de su brutalidad. Además, su administración saqueó recursos públicos, dejando a Bolivia en una crisis económica agravada por la deuda externa. Aunque la condena de García Meza, cumplida en la cárcel de Chonchocoro hasta su muerte en 2018, marcó un hito, no reparó el daño ni resolvió la mayoría de los casos de desapariciones.
La Impunidad como Norma
El juicio a García Meza es una excepción en un país donde los juicios de responsabilidades han sido históricamente manipulados o archivados. Según el analista Franco Gamboa Rocabado, de los 35 juicios de este tipo iniciados desde 1828, solo cinco han concluido con sentencias definitivas. Procesos como el impulsado por Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer en 1979, que acusaba al exdictador de 96 delitos, se estancaron por falta de apoyo político tras el asesinato de Quiroga. En Bolivia, los acuerdos políticos, la burocracia y la falta de instituciones sólidas han permitido que el poder opere con impunidad, dejando a la justicia como un instrumento de venganza o negociación política más que de rendición de cuentas.
Un Llamado a la Reflexión
El caso de García Meza demuestra que la justicia es posible, pero también revela cuán frágil es frente a los poderosos. La distorsión cognitiva del sesgo de status quo nos lleva a aceptar que los líderes escapan al castigo, pero este juicio histórico desafía esa narrativa. En un contexto donde la democracia boliviana aún lucha por consolidar un Estado de derecho, el proceso contra García Meza nos invita a preguntarnos: ¿cómo construir instituciones que garanticen justicia sin caer en la trampa de la venganza o la politización? Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, la impunidad seguirá siendo la sombra que acecha a Bolivia.
