El Ministerio Público formalizó cargos contra el legislador oficialista por desobedecer un fallo constitucional a favor del exfiscal Roger Mariaca.
Introducción:
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, enfrenta una imputación formal por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. La denuncia fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en respuesta a la desobediencia de Cuéllar a una acción de protección de privacidad emitida a favor del exfiscal departamental Roger Mariaca.
Detalles del caso:
La fiscal de Anticorrupción Yolanda Aguilera lidera la imputación formal contra Cuéllar, señalando que este incumplió la orden de una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
El origen del caso se remonta a una acción de privacidad que Roger Mariaca ganó para proteger información personal que, según denuncias, Cuéllar habría divulgado o utilizado de manera indebida. Tras incumplir el fallo judicial, la Fiscalía inició el proceso en su contra.
El documento de imputación solicita al juez competente que se fije una fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares contra el legislador, en la que el Ministerio Público pedirá medidas sustitutivas a la detención preventiva.
¿Qué son las medidas sustitutivas?
La solicitud de medidas sustitutivas implica que Cuéllar podría evitar la detención preventiva, pero estaría obligado a cumplir ciertas restricciones impuestas por el juez, como arraigo, presentación periódica ante el Ministerio Público, o prohibición de contacto con la parte denunciante.
Contexto político y legal:
Este caso resalta las tensiones dentro del MAS, un partido que en los últimos meses ha visto a varios de sus miembros envueltos en conflictos internos y procesos legales. Cuéllar, conocido por sus posturas polémicas y enfrentamientos con sectores de su propio partido, ahora enfrenta un proceso judicial que podría afectar su continuidad en el Parlamento.
Por su parte, Roger Mariaca, el exfiscal favorecido por la acción de privacidad, ha mantenido un perfil bajo desde su salida del cargo, pero su victoria legal marca un precedente importante en la defensa de la privacidad frente a actores políticos.
Conclusión:
El proceso judicial contra Cuéllar avanza con una imputación formal que podría derivar en restricciones legales para el diputado del MAS. Mientras tanto, el caso pone nuevamente en el foco público las pugnas internas en el oficialismo y la importancia de respetar las resoluciones judiciales como parte del estado de derecho.
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