El proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 presentado por el Ejecutivo ha generado críticas debido al aumento en los gastos asignados a las actividades del presidente Luis Arce, mientras se excluye a más de 13 mil adultos mayores del pago de la Renta Dignidad.

De acuerdo con el proyecto, el gobierno destinará 56 millones de bolivianos a partidas relacionadas con la gestión presidencial, lo que supone un incremento de casi 300 mil bolivianos en comparación con 2024. Esta cifra incluye gastos para el avión presidencial y actividades protocolarias.

Por otro lado, el mismo presupuesto contempla una “racionalización” en la Renta Dignidad, excluyendo a quienes perciban ingresos adicionales o beneficios sociales. Este recorte, que afecta a más de 13,000 beneficiarios, ha sido calificado como discriminatorio por miembros de la oposición.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la medida, argumentando que prioriza a quienes más lo necesitan. Sin embargo, las críticas persisten, con cuestionamientos sobre si estas decisiones son compatibles con las prioridades sociales del país.

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