Por un cronista con la wiphala enredada en fusiles y hackers
Cochabamba, 18 de abril de 2025

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, preso en el penal de El Abra por los eventos del 26 de junio de 2024, desató una nueva tormenta política al enviar una carta al medio mexicano Fuerza Informativa Azteca el 17 de abril. En la misiva, Zúñiga acusa al presidente Luis Arce de orquestar un “autogolpe” que incluía la compra de 5,000 fusiles AK-47, la entrega de 1,000 rifles, el entrenamiento de grupos de choque y la contratación de hackers extranjeros para manipular el padrón electoral en las elecciones del 17 de agosto. “Se me ordenó generar disparos, golpes, aprehensiones y terror entre el pueblo”, escribió, señalando a Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez Ureña como los ideólogos del plan.

Zúñiga, quien enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado, asegura que frustró el supuesto autogolpe para evitar violencia, pero denuncia haber sido golpeado y aislado sin agua ni luz en El Abra tras sus revelaciones. “No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes”, afirmó, solicitando protección a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Según la carta, el plan incluía atacar a opositores como Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Evo Morales, además de vigilarlos con hackers para consolidar un fraude electoral que, según Zúñiga, Arce disfrazaría con “falso apoyo” de funcionarios públicos.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el 17 de abril sanciones contra Zúñiga por violar normas penitenciarias al usar un celular, imponiéndole 20 días sin visitas y aislamiento. “No están en una plaza, están en un centro de rehabilitación”, declaró Del Castillo, según reportes de prensa, descartando un traslado del exgeneral. El ministro también mencionó que un celular confiscado previamente a Zúñiga contenía mensajes relevantes para la investigación del 26J, aunque los detalles permanecen reservados por solicitud de los abogados.

Las acusaciones de Zúñiga, que coinciden con un contexto de alta polarización, intensifican la crisis política a un día del plazo del Tribunal Supremo Electoral para registrar alianzas. El Movimiento Al Socialismo, dividido entre arcistas y evistas, enfrenta cuestionamientos mientras la oposición capitaliza el escándalo. Las denuncias de fraude electoral evocan las tensiones de 2019, y la mención del litio como móvil de corrupción agrava las sospechas sobre el manejo de recursos estratégicos. Sin pruebas públicas que respalden las afirmaciones de Zúñiga, el caso 26J sigue siendo un rompecabezas, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre ante un proceso electoral crucial.

Nota: Las acusaciones de Zúñiga sobre un plan de fraude electoral, compra de armas y contratación de hackers no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como su versión personal, no como hechos confirmados.