Por un cronista con la wiphala enredada en motines y misterios
Cochabamba, 30 de abril de 2025

Un motín de unos 15 reclusos en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, frustró el 30 de abril la visita de una comisión legislativa que buscaba entrevistar al exgeneral Juan José Zúñiga, acusado de liderar un supuesto golpe de Estado el 26 de junio de 2024. La comitiva, conformada por senadores oficialistas y de oposición, acompañada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pretendía verificar las condiciones de detención de Zúñiga y recabar su testimonio sobre los hechos del 26J, en el marco de una investigación parlamentaria. El motín, que exigía prediarios y mejoras en las condiciones carcelarias, impidió el ingreso, desatando sospechas de manipulación. “Qué casualidad, ha aparecido un motín”, ironizó el senador Guillermo Seoane en radio Pío XII, según Erbol.

La comisión, con autorización judicial y una solicitud del propio Zúñiga, buscaba esclarecer si la movilización militar en Plaza Murillo fue un golpe de Estado, como sostiene el Gobierno, o un “autogolpe” ordenado por el presidente Luis Arce, como denuncia el exgeneral. El senador evista William Torrez calificó el motín como “armado”, comparándolo con el 26J, y advirtió que iniciarán acciones legales contra el Gobierno si persisten los obstáculos. El senador Henry Montero, de Creemos, sugirió que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, o Régimen Penitenciario podrían estar detrás, según Asuntos Centrales. El ministro Del Castillo, en Bolivia TV, replicó que Zúñiga confesó que el mayor Leonel Elio Sanjinés, ya condenado, le sugirió alegar un autogolpe para evadir responsabilidades.

La defensa de Zúñiga, liderada por la abogada Silvia Tapia, denunció en Red Uno que el exgeneral sufre “tortura” en el bloque C, con requisas constantes, privación de alimentos y amenazas de muerte por notas bajo su celda. La familia, en el programa Que no me pierda, expresó su temor: “No está seguro acá”, afirmó la esposa, exigiendo su traslado. Zúñiga, recluido desde junio de 2024, enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado, con el Gobierno buscando una condena de 30 años. Su versión, respaldada por entrevistas a medios argentinos y mexicanos, insiste en que Arce orquestó un montaje para victimizarse, un relato que el Ejecutivo califica de distracción.

El motín, reportado por medios como Los Tiempos y Opinión, aviva las tensiones en un contexto de polarización política, con las elecciones del 17 de agosto a la vista y el MAS dividido. La comisión, que incluye a Félix Ajpi y William Torrez, planea insistir en la entrevista, mientras la oposición y sectores evistas acusan al Gobierno de ocultar la verdad del 26J. En un país donde la desconfianza reina, el caso Zúñiga sigue siendo un rompecabezas que Bolivia, con su paciencia al límite, espera resolver.