Por un cronista con la justicia más tambaleante que un puente de liana
Sucre, 1 de mayo de 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta una crisis de legitimidad tras denuncias de supuestas negociaciones con el Legislativo para aprobar una ley que blinde la autoprórroga de sus magistrados hasta 2028, a cambio de no habilitar al expresidente Evo Morales como candidato para las elecciones del 17 de agosto de 2025. El magistrado René Espada, en Los Tiempos, rechazó las acusaciones, calificándolas de “especulaciones sin fundamento” que buscan politizar al TCP en pleno proceso electoral. Espada afirmó que los cinco magistrados —autoprorrogados desde diciembre de 2023— ejercen sus cargos bajo la Declaración Constitucional 0049/2023 y el Auto Constitucional 0113/2024-O, sin necesidad de una ley.

La denuncia, destapada por la diputada Luciana Campero (CC), generó una ola de reacciones. Campero, en X, acusó a los magistrados de “chantaje inaceptable” y dijo poseer un borrador del ‘proyecto de ley de prórroga excepcional’ que validaría los fallos del TCP durante su mandato extendido. El diputado Jairo Guiteras (Creemos) advirtió que, de habilitar a Morales, los magistrados enfrentarían presión social y podrían acabar en Chonchocoro. Cívicos como Agustín Zambrana, del Comité pro Santa Cruz, los tildaron de “gánsters”, mientras el vocero de Libre, Tomás Monasterio, los llamó “delincuentes de toga”. En contraste, evistas como el senador Leonardo Loza aseguraron que Morales “está habilitado por la Constitución” y no necesita acuerdos, según Erbol.

La controversia reaviva el debate sobre la inhabilitación de Morales, ratificada por la Sentencia Constitucional 1010/2023 y el Auto 0083/2024, que limitan la reelección a dos períodos, continuos o discontinuos. Pese a ello, los evistas ven una oportunidad tras la anulación de una orden de aprehensión contra Morales por trata y tráfico, ordenada por la jueza Lilian Moreno el 24 de abril. Con el MAS dividido y el Legislativo paralizado por la falta de dos tercios para convocar elecciones judiciales, el TCP se ha convertido en un actor político clave. Espada ratificó que las elecciones de agosto están garantizadas, en línea con el Tribunal Supremo Electoral, pero la desconfianza crece.

La autoprórroga del TCP, vigente desde 2023, ha sido criticada como inconstitucional por opositores y juristas, quienes acusan a los magistrados de violar la Constitución que juraron proteger. Con Bolivia polarizada y el litio como telón de fondo, el supuesto chantaje del TCP amenaza con profundizar la crisis judicial y política, mientras el país espera un proceso electoral transparente que no repita los fantasmas de 2019.

Nota: Las denuncias de chantaje y las afirmaciones sobre la habilitación de Morales no han sido verificadas con pruebas públicas y deben tratarse como versiones personales, no como hechos confirmados.