Por un cronista con la justicia más enredada que una madeja de alpaca
Santa Cruz, 1 de mayo de 2025

La jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, anuló el 24 de abril la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata y tráfico de personas, congelando los actos procesales desde el 2 de octubre de 2024 y trasladando la investigación a Villa Tunari, Cochabamba, bastión del líder cocalero. La decisión, tomada tras una acción de libertad presentada por la defensa de Morales, desató una tormenta política a cuatro meses de las elecciones del 17 de agosto. Morales, acusado de una relación con una menor en 2016, celebró en X: “Llegó la justicia”, agradeciendo a sus seguidores en el Trópico. Su abogado, Jorge Pérez, afirmó que no existe imputación ni rebeldía vigente, permitiendo a Morales circular libremente, según EL DEBER.

El fallo, el segundo de Moreno a favor de Morales tras anular una orden similar en octubre de 2024, provocó la furia del Gobierno de Luis Arce. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la decisión de “payasada” y un delito de “desobediencia judicial”, prometiendo sanciones de hasta seis años de cárcel. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron investigaciones disciplinarias y penales contra Moreno, quien solicitó seis días de licencia tras la vigilancia policial en su despacho y domicilio, según EL DEBER. El presidente del Tribunal Supremo, Rómer Saucedo, cuestionó que se permita “burlarse de la justicia” en casos de pedofilia, mientras el Consejo de la Magistratura prometió revisar el fallo exhaustivamente.

La oposición y los evistas ven en Moreno una defensora de derechos, mientras el oficialismo, con figuras como el diputado Rolando Cuéllar, acusa una maniobra para habilitar a Morales como candidato, pese a su inhabilitación constitucional. La defensa de Morales, liderada por Nelson Cox, argumentó que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, y el juez Nelson Rocabado vulneraron derechos al emitir la orden de aprehensión, un caso que Cox calificó de “amañado” y cerrado en 2020. En X, usuarios acusan a los “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional de ser serviles al Gobierno, pero silenciosos ante este fallo.

Con las bases cocaleras planeando una marcha a La Paz el 16 de mayo para inscribir a Morales, la anulación reaviva la pugna por el MAS y pone en jaque la estrategia judicial del arcismo. La investigación, ahora en Cochabamba, podría archivarse, según el abogado William Herrera, quien señaló en EL DEBER que Morales goza de “protección jurídica”. En un país polarizado, con el litio como telón de fondo y la justicia bajo escrutinio, el caso Morales promete más tensión que soluciones.