La exministra Teresa Morales ha encendido las alarmas sobre los contratos para la construcción de plantas de carbonato de litio en el salar de Uyuni, calificándolos de inconstitucionales y señalando un sobreprecio millonario, además de la falta de consenso social y estudios ambientales.

📌 INCONSTITUCIONALIDAD Y SOBREPRECIO

En una conferencia de prensa, Morales denunció que los contratos enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su aprobación violan la Ley 928, que regula la actividad de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). La exministra hizo hincapié en el contrato con Uranium One Group, donde identificó un sobreprecio injustificado:

“El contrato inicial estipulaba un costo de 450 millones de dólares. Ahora, la cifra asciende a 966 millones de dólares, un incremento de 526 millones que no tiene justificación.”

Morales exigió que esta diferencia sea aclarada antes de proceder con la aprobación en la Asamblea.

🌍 FALTA DE CONSENSO Y DAÑO AMBIENTAL

Otra preocupación destacada por Morales fue la ausencia de consultas a las comunidades aledañas a los salares, tal como lo exige la normativa. Según la exministra, la tecnología de extracción directa de litio (EDL) utilizada por Uranium One podría tener impactos negativos significativos:

• Consumo hídrico: La EDL requiere grandes volúmenes de agua, lo que podría afectar el acceso al recurso de las comunidades.
• Daño ambiental: No se han presentado estudios que demuestren la sostenibilidad de estas operaciones.

“No hay garantías de que no se afectará al medio ambiente ni al consumo de agua en la región.”

Por su parte, el Gobierno ha argumentado que la tecnología de Uranium One incluye prácticas amigables con el ambiente, como el reciclado de agua, pero estas afirmaciones no han convencido a los críticos.

⚡ PRESIONES POLÍTICAS Y RESPALDO OFICIAL

El presidente Luis Arce ha urgido a los legisladores a aprobar los contratos, argumentando que Bolivia debe acelerar la producción de carbonato de litio grado batería para posicionarse como un actor clave en el mercado internacional. Sin embargo, Morales advierte que este enfoque ignora los riesgos legales y sociales:

“No se puede aprobar un proyecto que no respeta la ley ni los derechos de las comunidades.”

📢 CONTROVERSIA Y DEBATE PÚBLICO

La denuncia de Morales ha generado un intenso debate. Por un lado, sectores gubernamentales insisten en que estos proyectos son esenciales para la economía del país. Por otro, críticos señalan que las irregularidades en los contratos podrían tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medio ambiente.

Mientras tanto, la población y los legisladores enfrentan una difícil encrucijada: avanzar hacia la industrialización del litio o detenerse para resolver los cuestionamientos legales, sociales y ambientales que hoy dividen al país.