El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para enfrentar su juicio por el caso Decretazo sigue sumido en un mar de incertidumbre. El director del penal, Marco Gonzales, ha comunicado que por razones de seguridad y para salvaguardar la integridad física tanto del gobernador como del personal policial designado como escolta, no se puede proporcionar información sobre la fecha, hora y medios de transporte para cumplir con la orden judicial.

El tribunal competente ha ordenado expresamente el traslado de Camacho a Santa Cruz, desestimando la posibilidad de llevar a cabo el juicio de manera virtual, a pesar de las sugerencias en contrario del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Este último teme que el traslado provoque manifestaciones similares a las ocurridas tras la aprehensión del gobernador el 28 de diciembre de 2022.

En un giro inesperado, se reveló que los internos de la penitenciaría cruceña de Chonchocoro han rechazado la llegada de Camacho. Sin embargo, el abogado del gobernador, Martín Camacho, ha expresado su confianza en que su cliente cumplirá con la orden judicial y se presentará en Santa Cruz para enfrentar las acusaciones relacionadas con el caso Decretazo.

Este caso gira en torno a la controvertida decisión de Camacho de delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, durante su viaje a Brasil en marzo de 2022, para asistir a un encuentro de gobernadores. Para ello, emitió el Decreto Departamental 373. Sin embargo, según el Estatuto Autonómico cruceño, en ausencia del gobernador debería haber asumido el vicegobernador, Mario Aguilera, quien alega no haber sido notificado del reemplazo y que el decreto fue publicado de manera irregular.

El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra Camacho por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, solicitando una sentencia de seis años de cárcel. Además, el gobernador se encuentra actualmente en detención preventiva en La Paz por su presunta participación en el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.