Santa Cruz, 18 de diciembre de 2024
En un giro inesperado, una sala constitucional de Santa Cruz admitió un amparo constitucional solicitado por Margarita Medrano, postulante al Consejo de la Magistratura, a pesar de haberse realizado las elecciones judiciales parciales el pasado domingo 15 de diciembre.

La audiencia para este caso está programada para el jueves 19 de diciembre a las 08:00, en la Sala Constitucional 3 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Medrano exige que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea obligado a devolver las listas del Consejo de la Magistratura a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa para incluir su candidatura, argumentando que las decisiones previas de exclusión no son responsabilidad de su persona.

Una Resolución Controvertida

El director de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, Israel Quino, calificó el hecho de “insólito” a través de su cuenta de X.

“A pesar de que el pueblo boliviano participó en las elecciones judiciales parciales este 15/12/24, una Sala Constitucional en SCZ admite un Amparo Constitucional de una postulante al Consejo de la Magistratura que pide se ordene al TSE sea habilitada e incluida en listas”.

Este amparo se produce en un contexto electoral complejo. Según la Sentencia Constitucional 077/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las elecciones judiciales parciales estaban blindadas y establecidas para el 15 de diciembre, incluyendo las votaciones en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, y Santa Cruz.

Adicionalmente, el Auto 0084/2024 de la Sala Cuarta del TCP ratificó la validez del proceso electoral y advirtió con sanciones legales a cualquier juez o sala constitucional que tramite acciones que contradigan estas disposiciones.

Elecciones Judiciales y el Futuro del Amparo

El domingo 15, más de 7,3 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Sin embargo, este amparo podría abrir una brecha en el proceso electoral.

Medrano alega que su exclusión vulnera derechos fundamentales y que su inclusión en las listas es un acto pendiente. Por otro lado, el TCP ya había advertido que cualquier interrupción al proceso podría derivar en responsabilidades penales.

El desenlace de esta audiencia podría sentar un precedente jurídico crucial sobre la compatibilidad entre decisiones constitucionales y derechos individuales en procesos electorales.