En Bolivia, el fenómeno de jueces que continúan en sus cargos mucho después de que sus mandatos hayan vencido no es ficción, sino una realidad palpable. Recientemente, el Senado aprobó un proyecto de ley que buscaba cesar a estos magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La iniciativa pretendía devolverle la institucionalidad al sistema judicial. Sin embargo, el gobierno, a través del ministro de Justicia, César Siles, salió en defensa de los magistrados, calificando la medida como inconstitucional.

Un Intento por Recuperar el Orden

El proyecto legislativo buscaba algo aparentemente simple: si un magistrado había cumplido su mandato, debía dejar el cargo. “Gracias por el servicio, pero es momento de irse”, parecía decir el mensaje. Sin embargo, para algunos, como el ministro Siles, la ley contravenía la Constitución. Según él, la única forma legítima de cesar a los jueces es mediante elecciones.

Las Elecciones que Nunca Llegan

En teoría, el mecanismo suena demócrata. Pero en la práctica, esas elecciones judiciales parecen tan lejanas como un oasis en el desierto. Las convocatorias siempre enfrentan obstáculos, retrasos y bloqueos, dejando a los jueces prorrogados cómodamente en sus puestos, tomando decisiones fundamentales para el país.

¿Democracia o Control Político?

El discurso oficial sostiene que “no se puede cambiar la jurisprudencia mediante una ley”, en palabras del propio Siles. Pero esta defensa de la jurisprudencia parece más una excusa para mantener el control sobre un poder judicial que, bajo estas circunstancias, resulta conveniente para el gobierno. La situación genera cuestionamientos sobre la verdadera intención detrás de la perpetuación de estos magistrados en sus cargos.

El Problema de la Prórroga Eterna

Los jueces autoprorrogados han tomado decisiones que afectan la vida de millones de bolivianos, muchas veces con fallos que favorecen al gobierno de turno. Esta situación mina la confianza en la independencia judicial y refuerza la percepción de que el sistema judicial está al servicio de intereses políticos.

¿Quién Pierde con una Justicia Independiente?

Históricamente, ningún gobierno boliviano ha demostrado verdadero interés en un sistema judicial independiente, ya que esto representaría una amenaza para quienes desean operar sin controles efectivos. La ley rechazada por Siles era un paso necesario para intentar restaurar la institucionalidad, pero también significaba ceder el control del poder judicial, algo que ningún gobierno está dispuesto a permitir.

Una Democracia en Pausa

En Bolivia, la justicia parece adaptarse a las necesidades del momento. Los jueces prorrogados permanecen en sus cargos no por mandato popular, sino por la falta de voluntad política para realizar elecciones judiciales oportunas. Esto crea un sistema donde el cambio no es bienvenido y donde las prórrogas se convierten en la norma.

Conclusión: Justicia a la Medida

El ministro Siles argumenta que defender la Constitución implica mantener a los jueces en sus cargos hasta que se realicen elecciones. Pero también debería recordar que respetar la Constitución implica garantizar que los cargos públicos sean ejercidos de manera legítima y no bajo prórrogas indefinidas.