Por un cronista con la justicia más enredada que un mate de coca recalentado
La Paz, 2 de mayo de 2025

El equipo jurídico del expresidente Evo Morales rechazó el 2 de mayo la resolución del juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que suspendió el fallo de la jueza cruceña Lilian Moreno, quien el 24 de abril anuló la orden de aprehensión contra Morales por presunta trata de personas. El abogado Jorge Pérez, en Éxito Noticias, calificó la medida de Zabaleta de “ilegal e inconstitucional”, argumentando que el auto constitucional de Moreno tiene preminencia sobre cualquier decreto, según el Código Procesal Constitucional. “El fallo de la doctora está firme”, afirmó, asegurando su vigencia.

El abogado Nelson Cox fue más allá, acusando a Zabaleta de prevaricato y violación de la independencia judicial, insistiendo en que solo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede revisar tales resoluciones. Cox anunció que la defensa de Morales tomará medidas legales para denunciar esta “violación constitucional”. En X, Morales atacó a Zabaleta, señalándolo como corrupto, con antecedentes de consorcio en 2017, procesos disciplinarios y fallos favorables al arcismo. “El pueblo sabrá juzgarlos”, escribió, cuestionando la calidad de los administradores de justicia.

La resolución de Zabaleta, que responde a una acción de libertad presentada por la presunta víctima, ordena a Moreno y al juez tarijeño Nelson Rocabado informar en tres días sobre la queja y reactiva la orden de aprehensión contra Morales. Moreno, investigada por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo, permanece en paradero desconocido tras denunciar amenazas oficialistas, según Red Uno. Su licencia fue revocada por Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero no se ha reincorporado, y la Policía sospecha que pudo salir del país, según EL DEBER.

La controversia, a tres meses de las elecciones del 17 de agosto, intensifica la pugna entre evistas y arcistas por el MAS. Los evistas, que planean una marcha a La Paz el 16 de mayo para inscribir a Morales, ven el fallo de Zabaleta como persecución política para frenar su candidatura, inhabilitada por el TCP. El arcismo celebra la reactivación del proceso, mientras la independencia judicial queda en entredicho en un país polarizado donde el litio y la crisis económica alimentan la desconfianza.