El Gobierno de Ecuador ha tomado medidas drásticas en respuesta a la crisis energética que enfrenta el país, con el presidente Daniel Noboa declarando el estado de excepción en todo el territorio nacional por un período de 60 días. La decisión, comunicada a través del decreto 229, responde a la grave conmoción interna y calamidad pública desencadenada por una serie de cortes de energía eléctrica que han afectado a la población.

El decreto, que entró en vigor de inmediato, otorga poderes especiales al gobierno para abordar la situación de emergencia. Una de las disposiciones más destacadas es la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura energética y prevenir posibles sabotajes o ataques terroristas que puedan afectar su funcionamiento.

El régimen de excepción también facilita la intervención urgente de las instituciones estatales para garantizar el suministro de electricidad, sin imponer toques de queda a la ciudadanía. En cambio, se enfoca en la estabilización del déficit energético y la garantía de un suministro eléctrico constante en el corto plazo.

El presidente Noboa ha asignado al Ministerio de Economía y Finanzas la tarea de destinar los recursos necesarios para abordar la emergencia, con la instrucción expresa de no afectar los fondos destinados a los sectores de salud y educación.

Sin embargo, la medida ha generado críticas por parte de figuras políticas prominentes, como el expresidente Rafael Correa, quien señaló la aparente contradicción entre la declaración del estado de excepción y la realización de un referendo y consulta popular programados para el próximo domingo. Correa destacó que Ecuador estaría llevando a cabo elecciones bajo un estado de excepción, una situación inusual que plantea interrogantes sobre la legitimidad y la efectividad de los procesos democráticos en el país.

La crisis energética en Ecuador se ha intensificado en los últimos días, con cortes de electricidad prolongados que han afectado a la población en general. Ante esta situación, el gobierno ha suspendido la jornada laboral a nivel nacional durante varios días para permitir el mantenimiento de las plantas eléctricas y abordar los racionamientos de energía.

En medio de esta situación crítica, el país busca soluciones urgentes para garantizar un suministro eléctrico estable y mitigar el impacto negativo en la vida de los ecuatorianos. La declaración del estado de excepción es un paso significativo en este proceso, aunque plantea desafíos y controversias que el gobierno deberá abordar con prontitud.