Tras intensos debates, la Cámara de Diputados ha aprobado en su totalidad el séptimo proyecto de ley de créditos externos, relacionado con el «Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II», por un valor de $us 52 millones. Sin embargo, este logro viene acompañado de una serie de observaciones y la solicitud de un informe detallado para su posterior tratamiento en detalle.

El presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari (MAS), anunció que el proyecto de ley será aplazado para permitir una revisión más exhaustiva por parte de la comisión correspondiente, así como de la antigua directiva del año pasado, con el objetivo de obtener una mejor comprensión de su contenido y repercusiones. Este movimiento surge en respuesta a observaciones que destacan la aprobación del documento durante la legislatura anterior, bajo la presidencia de Jerges Mercado, actual presidente de la bancada del MAS.

Con la aprobación de este séptimo crédito externo, se ha dado por concluido el debate sobre los siete créditos externos solicitados por el Gobierno. Sin embargo, este hito marca el inicio de un nuevo enfrentamiento político en la Cámara, ahora centrado en el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, relacionados con los plazos procesales y la prórroga de los magistrados.

La sesión legislativa, caracterizada por su duración y la tensión entre los legisladores, ha sido escenario de enfrentamientos e incluso altercados físicos. A pesar de estos incidentes, el presidente Huaytari reinstaló el debate el jueves pasado, demostrando la determinación de la Cámara para avanzar en su agenda legislativa.

Este viernes, también se logró la aprobación de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Sin embargo, su avance se vio detenido en el Senado, a la espera de un informe sobre posibles irregularidades en la votación.

Con el inicio del debate sobre la prórroga y otros proyectos de ley, se espera que la actividad legislativa continúe siendo protagonista en el panorama político, reflejando las tensiones y dinámicas propias del proceso democrático en el país.