El parlamento entra en receso nuevamente sin tratar el Presupuesto General del Estado, dejando al país en incertidumbre económica.

El receso legislativo de fin de año, que inicia el 18 de diciembre de 2024 y se extiende hasta el 1 de enero de 2025, ha sido decretado por el oficialismo mediante comunicado oficial, pese a que no se conformó la comisión de receso ni se trató el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta decisión ha desatado críticas por la falta de planificación y urgencia en temas clave para la economía nacional.

Sesión fugaz y receso por decreto

La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del 17 de diciembre fue breve y concluyó con la declaración del vicepresidente y presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, quien señaló:

“No existe la lista completa para conformar la comisión de Asamblea, se cuenta únicamente con la lista de la bancada del MAS-IPSP, faltando las listas de Comunidad Ciudadana y Creemos, así como la lista completa de senadores”.

A pesar de la ausencia de consenso, Choquehuanca concluyó abruptamente la sesión. Poco después, la Vicepresidencia emitió un comunicado formalizando el receso legislativo, una práctica similar a la del año anterior, cuando también se dejó pendiente la aprobación del presupuesto y este fue aplicado de manera automática a partir del 1 de enero.

El PGE 2025, una prioridad ignorada

El Presupuesto General del Estado 2025, que prevé un crecimiento del 3,51%, un déficit fiscal del 9,2% y una inversión pública de $us 4.024 millones, sigue sin ser debatido ni aprobado. Este retraso genera incertidumbre en sectores clave que dependen de la planificación estatal para ejecutar proyectos e inversiones en la próxima gestión.

La Comisión de Planificación aprobó en grande el proyecto, pero su tratamiento en detalle y la posterior votación en la Cámara de Diputados quedaron truncados por la falta de convocatoria.

Críticas y consecuencias

Analistas y opositores han señalado que esta decisión refleja la desorganización del legislativo y la falta de compromiso con temas esenciales para el país. Además, la ausencia de una comisión de receso deja a la ALP sin un mecanismo claro para atender asuntos urgentes durante las próximas dos semanas.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, calificó el hecho como una “irresponsabilidad”, afirmando:

“Bolivia necesita certezas económicas, no improvisaciones políticas. El PGE 2025 debería ser prioridad, no una cuestión secundaria que dejamos al azar”.

Un patrón repetido

La falta de aprobación del PGE antes del receso ya es una tendencia preocupante. En 2023, el presupuesto también fue aplicado sin discusión parlamentaria, una práctica que pone en entredicho la capacidad del legislativo para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.

El reto para 2025

A su regreso en enero, la Asamblea deberá enfrentar el desafío de aprobar el presupuesto y retomar los temas pendientes en medio de un clima político tenso. La falta de planificación y consenso amenaza con retrasar aún más los proyectos de inversión pública, afectando a las regiones y sectores que dependen de estos recursos.

Bolivia queda a la espera de soluciones concretas y un liderazgo político capaz de priorizar el bienestar económico del país frente a las disputas partidarias.

Conclusión:

El receso legislativo, decretado sin atender el PGE 2025, refleja la falta de coordinación y urgencia en el tratamiento de temas fundamentales para el país. Este patrón de postergaciones genera incertidumbre económica y pone en riesgo la estabilidad financiera de Bolivia. A su retorno, la ALP tiene la responsabilidad de priorizar la aprobación del presupuesto y recuperar la confianza de los ciudadanos en su capacidad de gobernar.

Comparte tu opinión sobre esta noticia en los comentarios y sigue nuestras plataformas para más actualizaciones.