El equipo legal que representa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra bajo detención en Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, ha emitido una advertencia contundente. Martín Camacho, abogado del gobernador, señaló que el traslado de su defendido a la capital cruceña para la audiencia del juicio oral por el caso Decretazo debió haberse realizado el domingo.

«La orden judicial del 31 de enero del año indicaba que el gobernador debía ser trasladado el día de ayer, domingo 10 de marzo, para así evitar cualquier demora o dilación en el inicio del juicio, que está programado para este lunes a las 13.30», declaró el abogado a Unitel.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz había ordenado el traslado de Camacho a la cárcel de Palmasola para permitir su asistencia presencial en el juicio del caso Decretazo. Sin embargo, la orden no se cumplió, lo que llevó al abogado a apuntar al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, Marco Gonzales, donde actualmente cumple su detención.

«Ya pasó el día de traslado y la orden se ha incumplido. Vamos a notificar para así el Tribunal pida los informes correspondientes y después nosotros sigamos las acciones que corresponden; sea por la vía administrativa o la penal», advirtió el abogado.

A pesar del contratiempo, se espera que el traslado se lleve a cabo este lunes, horas antes del inicio del juicio. Por su parte, el procurador general del Estado, César Siles, señaló que Camacho no puede ser trasladado a Santa Cruz mientras la Justicia no resuelva el incidente presentado el viernes. Según Siles, la institución no fue notificada para ser parte del inicio del juicio oral contra el gobernador.

En el caso por el cual se le juzga, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a la aprobación de un decreto departamental antes de su viaje a Brasil en marzo del año pasado. Este decreto, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debía ser firmado por el vicegobernador, Mario Aguilera, quien no fue notificado para el reemplazo y alegó que el decreto fue «bajado» después de la Gaceta Departamental.

El caso ha generado controversia y tensiones políticas en la región, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) considerando ilegal el procedimiento y la Gobernación de Santa Cruz admitiendo un error en el retiro del decreto y anunciando una investigación al respecto. Mientras tanto, Luis Fernando Camacho permanece bajo detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrentando acusaciones en dos casos judiciales de gran relevancia para el país.