El Procurador General del Estado, César Siles, ha emitido una respuesta contundente al Senado tras una conminatoria para que la Procuraduría asuma una posición respecto a la situación de los magistrados prorrogados en Bolivia. En su comunicado, Siles defendió la legalidad de la prórroga de los magistrados y cuestionó la competencia del Senado para presionar a la institución.

Siles expresó su sorpresa ante la resolución del Senado y destacó que la Cámara Alta no tiene la competencia para realizar conminatorias a la Procuraduría. Asimismo, señaló que cualquier requerimiento debería haberse realizado a través de los mecanismos adecuados de fiscalización, respetando el orden constitucional.

En el corazón del argumento del Procurador se encuentra la validez de la Resolución Constitucional 049, que respalda la permanencia de los magistrados en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales en el país. Según Siles, esta resolución constitucional sigue en vigencia y, mientras no sea modificada por una nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prórroga de los magistrados es completamente legal.

Además de abordar la cuestión de los magistrados prorrogados, el Procurador destacó la estrategia de defensa preventiva del Estado, que ha logrado reducir significativamente los costos relacionados con litigios. Siles enfatizó que la mejor defensa es evitar llegar al litigio, y señaló que actualmente se están negociando acuerdos en ocho de los doce casos en los que el Estado está involucrado.

Un ejemplo destacado es el caso de Copasa, una empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ha presentado un arbitraje para reclamar pagos. La Procuraduría está trabajando en encontrar soluciones negociadas para evitar llegar a un proceso legal, lo que podría resultar en un ahorro significativo para el Estado.

En resumen, la respuesta del Procurador a la conminatoria del Senado no solo respalda la legalidad de la prórroga de los magistrados, sino que también destaca la eficacia de la estrategia de defensa preventiva del Estado para evitar costosos litigios.