LA PAZ, Bolivia — En medio de una crisis política y económica que sacude a Bolivia, una nueva preocupación ha surgido: la liberación anticipada de Arturo Murillo, exministro de Gobierno del gobierno interino de Jeanine Áñez, de una prisión en Estados Unidos. El 5 de junio de 2025, el activista y abogado Tomás Becker advirtió al gobierno boliviano que debe vigilar de cerca el proceso, ya que la salida de Murillo, programada ahora para el 21 de junio de 2025, podría derivar en una fuga, especialmente ante reportes de que la administración de Donald Trump ha deportado a procesados a terceros países. Con múltiples cargos penales pendientes en Bolivia, incluidos los relacionados con las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, la advertencia de Becker resalta la urgencia de garantizar la extradición de Murillo para que enfrente la justicia boliviana.

Contexto: La Condena de Murillo y la Búsqueda de Justicia

Arturo Murillo, figura clave del gobierno interino de Áñez (2019-2020), fue detenido en mayo de 2021 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En enero de 2023, fue sentenciado a 70 meses de prisión (cinco años y diez meses) tras admitir su participación en un esquema de corrupción que involucró sobornos y lavado de dinero relacionados con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio para Bolivia. El tiempo que pasó detenido antes de la sentencia se descontó de su condena, lo que explica la reducción de su tiempo en prisión. Inicialmente, la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. proyectó su liberación para abril de 2027, ajustada luego al 21 de julio de 2025. Sin embargo, según Becker, esta fecha se adelantó al 21 de junio de 2025, casi un mes antes de lo anunciado.

En Bolivia, Murillo enfrenta graves acusaciones, incluyendo su presunta responsabilidad en las masacres de Senkata y Sacaba, donde al menos 20 personas murieron durante protestas reprimidas por fuerzas de seguridad en noviembre de 2019. Además, está vinculado a otros casos de corrupción y abuso de poder. El gobierno de Luis Arce ha iniciado trámites para su extradición, pero Becker advierte que el proceso podría complicarse.

La Advertencia de Tomás Becker

En una entrevista con el programa Noches sin Tregua de Cadena A, Becker instó al gobierno boliviano a seguir de cerca el caso de Murillo, destacando el riesgo de que el exministro sea trasladado a un centro de detención de migrantes tras su liberación, donde podría solicitar asilo político, un trámite confidencial en EE.UU. Según Becker, durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), algunos procesados fueron enviados a países como El Salvador en lugar de sus naciones de origen, lo que plantea un precedente preocupante. “Si una persona comete un delito de alto nivel, como soborno o lavado de dinero, como sucede con Murillo, [EE.UU.] expulsa o deporta a esta persona, pero con Trump han mandado a otros países. El gobierno de Bolivia tiene que seguir”, enfatizó Becker.

El activista también señaló que Murillo, quien visitó EE.UU. durante el primer gobierno de Trump, podría intentar aprovechar esta coyuntura para evadir la extradición. “Lo más probable es que va a ir a un centro de detención de migrantes, donde se puede decidir lo que va a pasar. Esto puede demorar semanas o meses, dependiendo de si ha presentado una solicitud de asilo”, añadió.

Pros de la Advertencia de Becker

1. Presión al gobierno boliviano: La alerta de Becker impulsa al gobierno de Arce a agilizar los trámites de extradición, evitando que Murillo escape a un tercer país o solicite asilo en EE.UU.
2. Visibilización de la justicia pendiente: Resalta la importancia de que Murillo enfrente cargos en Bolivia por las masacres de 2019, un reclamo de víctimas y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que han exigido justicia.
3. Prevención de la impunidad: Al advertir sobre posibles maniobras de Murillo, Becker refuerza la necesidad de cooperación internacional para garantizar que figuras de alto perfil rindan cuentas.
4. Fortalecimiento del escrutinio público: La denuncia pública de Becker fomenta el monitoreo ciudadano y mediático, presionando a las autoridades bolivianas y estadounidenses para actuar con transparencia.

Contras y Desafíos

1. Riesgo de politización: La advertencia de Becker podría alimentar la narrativa de persecución política, especialmente entre los sectores que apoyan a Áñez, quienes argumentan que los casos contra Murillo son motivados por venganzas del MAS.
2. Incertidumbre sobre la extradición: La confidencialidad de los trámites de asilo en EE.UU. y la posible intervención de la administración Trump podrían retrasar o frustrar los esfuerzos bolivianos, dejando el caso en un limbo jurídico.
3. Tensión diplomática: La insistencia de Bolivia en la extradición podría generar fricciones con EE.UU., especialmente si Murillo solicita asilo, complicando las relaciones bilaterales en un contexto de crisis económica boliviana (inflación del 10% en 2024 y reservas de 5,100 millones de dólares).
4. Limitaciones del gobierno boliviano: La capacidad administrativa y diplomática del gobierno de Arce para coordinar una extradición efectiva está bajo presión, dado el contexto de polarización política y protestas internas.

Implicaciones para Bolivia

La posible liberación de Murillo llega en un momento crítico para Bolivia, con una economía al borde del colapso, según proyecciones del Banco Mundial que estiman un crecimiento del PIB de solo 1.4% para 2025. Las acusaciones contra Murillo, vinculadas a la violenta represión de 2019, son un recordatorio de las heridas aún abiertas de la crisis política de ese año, que dejó 37 muertos y cientos de heridos. Si Murillo evade la justicia boliviana, podría avivar el descontento social, especialmente entre las víctimas de Senkata y Sacaba, que exigen rendición de cuentas. Por otro lado, una extradición exitosa reforzaría la credibilidad del gobierno de Arce, aunque a riesgo de intensificar la polarización con los sectores que ven a Murillo como víctima de una cacería política.

Conclusión

La advertencia de Tomás Becker sobre la liberación anticipada de Arturo Murillo pone en evidencia los desafíos de Bolivia para garantizar justicia en un caso de alto perfil. Con la fecha de salida de Murillo acercándose, el gobierno boliviano enfrenta una carrera contra el tiempo para asegurar su extradición y evitar que el exministro eluda los cargos por corrupción y violaciones a los derechos humanos. En un país dividido y en crisis, la resolución de este caso será una prueba crucial para la credibilidad de las instituciones bolivianas y su capacidad de cooperar internacionalmente. ¿Logrará Bolivia traer a Murillo ante la justicia, o se repetirá la historia de impunidad? La respuesta podría moldear el futuro político del país.