16 de abril de 2025

Introducción

El excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, protagonizó una polémica entrevista desde el penal de máxima seguridad en Bolivia, transmitida el 15 de abril de 2025 por el medio argentino Data Urgente. Conducida por el periodista Sebastián Salgado, la segunda parte de esta entrevista profundiza en los eventos del 26 de junio de 2024, cuando tanques y militares se desplegaron frente al Palacio de Gobierno en La Paz, un hecho que el gobierno de Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. Zúñiga, principal acusado, niega categóricamente esta versión y presenta una narrativa alternativa que involucra a figuras clave del gobierno y supuestas injerencias extranjeras. Este artículo analiza las declaraciones de Zúñiga, su contexto político y las reacciones oficiales, incluyendo la respuesta del ministro de Justicia, César Siles, quien desestimó la validez legal de estas afirmaciones.

Contexto de la entrevista

La entrevista, titulada “Zúñiga habla desde la cárcel en Bolivia – Segunda parte caso Handam”, fue publicada en el canal de YouTube de Data Urgente el enlace al video. En ella, Zúñiga aborda los eventos del 26 de junio, negando que se tratara de un golpe de Estado y alegando que el despliegue militar fue ordenado por el presidente Arce para “placar movilizaciones” y mejorar su popularidad. Además, menciona reuniones secretas con altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el presidente mismo, así como supuestos vínculos con figuras extranjeras, como Fernando Handam y Sonan Liberman, este último presuntamente ligado a la embajada de Estados Unidos y de ascendencia israelí.

Zúñiga también acusa al gobierno de planificar la entrega de armas a movimientos sociales para formar milicias, una estrategia que, según él, buscaba contrarrestar posibles levantamientos armados. Estas afirmaciones han generado revuelo en Bolivia, especialmente en un contexto electoral crucial para 2025, donde el control de los recursos naturales, como el litio, está en el centro del debate político.

Principales puntos de la entrevista

1. Negación del golpe de Estado: Zúñiga insiste en que no hubo un intento de golpe el 26 de junio. Según él, los 14 tanques desplegados en la Plaza Murillo fueron movilizados por orden directa del presidente Arce para disuadir movilizaciones sociales y evitar enfrentamientos con la policía o movimientos afines al gobierno. Afirma que su acción fue “heroica” al replegar las unidades militares y evitar un “derramamiento de sangre”.
2. Reuniones secretas con el gobierno: Zúñiga describe reuniones con una “cúpula íntima” del gobierno, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez Ureña y el propio Arce. En una de estas, realizada a las 11 de la noche, se discutió la baja popularidad del presidente y se propusieron tres opciones: transferir el poder a los movimientos sociales, establecer una junta militar o realizar un “fujimorazo” (disolver la Asamblea Legislativa). Zúñiga asegura que estas ideas fueron rechazadas por riesgos políticos.
3. Acusaciones de armamento para milicias: Zúñiga alega que, tres meses antes del 26 de junio, funcionarios como Moldiz y Rodríguez Ureña le pidieron proporcionar armas (fusiles Mauser) a grupos civiles para formar milicias leales al gobierno. Él se negó, argumentando que esto provocaría un “derramamiento de sangre”. También menciona un supuesto pedido de 5,000 fusiles AK-47 a un vendedor extranjero, gestionado por Rodríguez Ureña.
4. Supuesta injerencia extranjera: Zúñiga señala a Fernando Handam, descrito por Infobae como un activista de derechos humanos, como una figura que lo contactó días antes del 26 de junio para ofrecerle apoyo de “israelitas poderosos”. Zúñiga dice que solo se reunió con Handam por 20 minutos y que no entendió su rol, aunque lo vincula a una ONG y a críticas previas en redes sociales. También menciona a Sonan Liberman, presunto funcionario de la embajada de Estados Unidos con ascendencia israelí, aunque afirma no conocerlo.
5. Contexto político y recursos naturales: Zúñiga interpreta los eventos como parte de una lucha por el control del litio boliviano, donde potencias extranjeras (China, Rusia, Estados Unidos) y transnacionales buscan generar crisis políticas y sociales para saquear los recursos del país. Advierte que Bolivia podría enfrentar una guerra civil si no se protege su soberanía.

Reacciones oficiales

El ministro de Justicia, César Siles, desestimó las declaraciones de Zúñiga, afirmando que “no tienen ninguna validez legal” ya que no forman parte del proceso judicial en curso. Siles señaló que Zúñiga ya declaró tres veces ante las autoridades y tiene programada una cuarta declaración para el 22 de abril de 2025. Además, calificó las afirmaciones como un intento de defensa sin valor procesal.

Por su parte, Hugo Moldiz, exministro y uno de los señalados por Zúñiga, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de mentiras. Otros funcionarios mencionados, como el ministro de Defensa y la ministra de la Presidencia, no han emitido comentarios públicos hasta la fecha de este artículo.

Análisis crítico

Las declaraciones de Zúñiga plantean varias cuestiones que merecen un análisis cuidadoso:

• Credibilidad de Zúñiga: Como acusado en un proceso por intento de golpe de Estado, Zúñiga tiene un interés claro en presentar una narrativa que lo exculpe. Su insistencia en que actuó bajo órdenes de Arce y su negación del golpe contrastan con la versión oficial y las imágenes del 26 de junio, que muestran tanques frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, la falta de acceso público a pruebas judiciales dificulta verificar sus afirmaciones.
• Contexto político-electoral: Bolivia se encuentra en un año electoral crucial, y las acusaciones de Zúñiga podrían tener un impacto significativo en la percepción pública del gobierno de Arce. Sus menciones al litio y a la injerencia extranjera resuenan con preocupaciones nacionales sobre la soberanía, pero también podrían ser una estrategia para desviar la atención de su responsabilidad.
• Supuesta injerencia extranjera: Las referencias a Handam y Liberman, junto con la mención de “israelitas poderosos”, alimentan teorías de conspiración sobre la influencia de Israel y Estados Unidos en Bolivia. Sin embargo, Zúñiga no proporciona pruebas concretas, y su breve encuentro con Handam sugiere un vínculo débil. La caracterización de Infobae como un medio al servicio de intereses israelíes, hecha por el entrevistador, refuerza un tono sensacionalista que podría polarizar aún más el debate.
• Acusaciones contra el gobierno: Las afirmaciones sobre un plan para armar milicias y las reuniones secretas con Arce son graves, pero carecen de corroboración independiente. La mención de un “fujimorazo” y la manipulación del padrón electoral son acusaciones explosivas que, de ser ciertas, implicarían una crisis institucional profunda. Sin embargo, la falta de detalles específicos y la negación de figuras como Moldiz debilitan estas afirmaciones.

Implicaciones para Bolivia

La entrevista de Zúñiga, aunque desestimada legalmente, tiene un impacto político innegable. En un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, sus declaraciones podrían avivar tensiones entre el gobierno, las fuerzas armadas y la oposición. Además, el énfasis en el litio como móvil de una supuesta conspiración extranjera refleja preocupaciones reales sobre la explotación de recursos estratégicos, un tema que probablemente dominará la campaña electoral de 2025.

El caso también pone en cuestión la transparencia del proceso judicial contra Zúñiga. Su afirmación de estar “condenado en silencio” y la falta de acceso público a su versión completa generan dudas sobre la imparcialidad del sistema. Por otro lado, el gobierno enfrenta el desafío de contrarrestar estas narrativas sin alimentar teorías de conspiración que puedan desestabilizar aún más el país.

Conclusión

La entrevista de Juan José Zúñiga ofrece una perspectiva provocadora sobre los eventos del 26 de junio de 2024, pero está marcada por la falta de pruebas concretas y el contexto de su situación legal. Si bien sus acusaciones contra el gobierno y supuestas injerencias extranjeras generan titulares, no han sido respaldadas por evidencia verificable, y las autoridades las han desestimado. En un año electoral crucial, este caso subraya la fragilidad política de Bolivia y la necesidad de un diálogo transparente para abordar las tensiones sociales y económicas. Mientras el proceso judicial avanza, la verdad sobre el 26 de junio sigue siendo esquiva, dejando a Bolivia en un estado de incertidumbre.

Fuentes:

• Entrevista en Data Urgente (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Y9ZLwlSG-2Q)
• Declaraciones del ministro César Siles, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.
• Respuesta de Hugo Moldiz, Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2025.